Aportes voluntarios de congresistas para financiar proyecto vial no violan régimen de incompatibilidades

Las causales de pérdida de investidura incluyen violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, uso indebido del cargo para obtener beneficios personales o para terceros y actuar en conflicto de intereses. La Ley 1881 del 2018, que desarrolla este proceso, establece que para que un congresista pierda su investidura su acción debe ser no solo reprochable legalmente, sino también dolosa o gravemente culposa.

Por lo tanto, precisó el Consejo de Estado, debe haber una intención clara o una negligencia grave detrás de la acción del funcionario para que se considere sancionable, de manera que el análisis no se limita a verificar si la conducta se ajusta a una descripción legal, sino que es crucial determinar si se actuó con dolo o culpa grave.

El alto tribunal analizó el caso que involucra a varios congresistas acusados de celebrar un contrato de donación con el departamento de Antioquia, como parte de una iniciativa para financiar la terminación de un proyecto vial.

Normas de incompatibilidad

Aunque inicialmente podría parecer una violación de las normas de incompatibilidad, la Sala determinó que no hubo intención de obtener un beneficio personal o para terceros específicos, sino de contribuir voluntariamente a un objetivo de interés público. Por tanto, concluyó que no se cumplían los requisitos para declarar pérdida de investidura.

Y es que, indica el fallo, los beneficiarios son los usuarios de las carreteras que se construyan y, en ese sentido, la comunidad en general. Dichas obras, agrega, contribuirán con el desarrollo de Antioquia y departamentos limítrofes y además traerán un impacto positivo a la economía e infraestructura del país.

La decisión refuerza la necesidad de preservar la integridad en el ejercicio de cargos públicos, al tiempo que protege el derecho de los ciudadanos a ser representados por aquellos a quienes han elegido, siempre y cuando actúen dentro de los límites éticos y legales. Adicionalmente, subraya la complejidad del análisis jurídico en casos de pérdida de investidura, donde no basta con demostrar la violación normativa, sino que es necesario probar la intención detrás de la acción (C. P. César Palomino Cortés).

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