UE incluirá como delitos de trata el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la explotación de vientres de alquiler

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron este martes un acuerdo provisional para incluir el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la explotación de la gestación subrogada dentro de la ley contra la trata de personas, con el fin de proteger los derechos de las víctimas y penalizar a los victimarios con tiempo prisión de 5 o 10 años si el delito es agravado.

“Como Parlamento teníamos una posición ambiciosa y el Consejo se ha mostrado abierto al diálogo. Todos tuvimos que ceder, pero el resultado es bueno. Hemos introducido, entre otras cosas, la explotación de la gestación subrogada, mejorado la prevención, fortalecido la investigación y los procesamientos, así como la coordinación y el seguimiento, e incluido medidas para proteger, asistir y apoyar mejor a todas las víctimas”, comentó Eugenia Rodríguez, eurodiputada principal de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Este acuerdo introducirá sanciones a las empresas condenadas por trata, entre las que se encuentran su exclusión de los procesos de licitación y el rembolso de ayudas o subvenciones públicas.

En el caso de la gestación subrogada, la penalización se centrará en la explotación de mujeres para esta práctica, con miras a sancionar a quienes coaccionen o engañen a las decidan actuar como vientres de alquiler. Esta figura además ofrece protección y asistencia adecuada a las víctimas.

Por otro lado, los niños internados en instituciones y que sean reclutados por grupos criminales para cometer actividades delictivas serán considerados como grupos vulnerables.

Adicionalmente, el acuerdo buscará que los fiscales puedan optar por no procesar a las víctimas por actos delictivos en los que sean coaccionados y recibirían apoyo, independientemente de si cooperan o no en las investigaciones.

Y se permitirá a los jueces considerar la difusión no consentida de imágenes o vídeos sexuales como una circunstancia agravante a la hora de dictar sentencia.

“La trata de personas es un acto criminal que tiene un alto costo humano. Esta muy necesaria actualización de la directiva equipará mejor a los Estados miembros para luchar contra este terrible crimen en todas sus formas” , mencionó Paul Van Tigchelt, jefe de Migración y Asuntos Externos.

Ahora, el Parlamento y el Consejo  Europeo tendrán que aprobar formalmente el acuerdo. Las nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y los Estados miembros tendrán dos años para implementar las disposiciones.

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