La raíz de los problemas

Édgar Hernán Fuentes-Contreras
Investigador posdoctoral de la Facultad de Derecho y del Observatorio Constitucional (Polis) de la Universidad de los Andes (Chile)

Ciertamente, después de cuatro años, un estallido social, una pandemia, cinco elecciones populares, 229 redactores constituyentes, dos propuestas rechazadas y un costo total estimado de más de 150 millones de dólares, Chile mantiene su Constitución.

Por supuesto, el análisis de este proceso no es sencillo; aunque la causa del primer fracaso parece evidente: la intención refundacional. Si bien ese dictamen cuenta con matices, sí pensamos que se votó globalmente un texto amplio y con muchos elementos sin que hubiese forma de identificar individualmente lo que se rechazaba, el sentimiento popular se encaminó a respetar una identidad, es decir, que no se debió redactar un proyecto constitucional a partir de una “hoja en blanco”.

En muchos sentidos, ese sentimiento popular dirigió no solo el rechazo del 2022, sino las elecciones para conformar al Consejo Constitucional (como segundo órgano que redactaría la propuesta 2.0, con la Comisión de Expertos). Precisamente, dichas elecciones fueron ganadas, en número, por un partido que ni siquiera se adhirió al acuerdo político que formuló las 12 bases para el proceso constitucional del 2023 y se posicionaba en contra de iniciar un segundo proceso constitucional después del 4 de septiembre del 2022. En consecuencia, no era extraño que ese segundo intento tenía que cargar con el cuestionamiento de su pertinencia y, además, con el agotamiento y hastío a lo previo y a la cantidad de elecciones recientes. Esto se expresó en las encuestas, cuando la redacción de la segunda propuesta contaba con un 80 % de rechazo. No obstante, el resultado del “en contra” en las votaciones del segundo proyecto fue del 55 %, quedando sujeto a distintos factores.

En efecto, separar la paja del trigo, en lo que se refiere al segundo rechazo, no resulta sencillo. Aunque llegó a decirse que fue un triunfo de la izquierda, la campaña del “en contra” se vio caracterizada por encontrar adeptos de la izquierda, pero también de movimientos de centro y de derecha: incluso la adhesión de líderes políticos que dividieron internamente a los partidos.

Además, si se observa el último texto rechazado, en este se introdujeron aspectos como el Estado social de derecho, la ampliación del catálogo de derechos, elementos medioambientales, mecanismos de protección y participación ciudadana, entre otros. Luego, algunos de los partidos que estaban “en contra” percibieron que dichas prescripciones no eran suficientes (aspirando a lo rechazado, primeramente) y otra fracción sostenía que aquellos elementos “nuevos” no debían estar y no eran necesarios.

Así, identificar por qué se rechazó en la segunda votación no es trivial: da impresión, más bien, que fue una sanción política de base a la ausencia de consenso y a la incapacidad de los sectores políticos de generar mayorías y, ante todo, una democracia cansada.

En el fondo, el proceso mostró que las promesas y aspiraciones constitucionales no resuelven los dilemas diarios de gobernabilidad que se reflejan en la economía, la seguridad, la salud, las pensiones, entre otros. Al final, una frase constitucional no puede desvanecer ni dar por terminado automáticamente los problemas que sufre la población y las personas lo supieron.

De esa forma, el fallido proceso constitucional invita a la clase política a abandonar la lectura de que “la raíz de todos los problemas es la Constitución” y que era vital atender el día a día. En esencia, es normal que la ciudadanía tenga esperanza, pero, al tiempo, reconoce y se aflige más por sus necesidades actuales.

Así las cosas, y pese a las manifestaciones de Michelle Bachelet, el texto constitucional que rige a Chile es quizás el único en el mundo que pueda presumir que superó con éxito dos procesos democráticos para derogarlo. Y aunque era común desprestigiar su origen, después de más de 40 años, un total de 70 leyes reformatorias (7 en el 2023) y a las reformas informales de las interpretaciones o mutaciones constitucionales, la Constitución vigente en Chile cuenta con plena legitimidad y más consenso de lo que se creía.

Ahora, ello no implica necesariamente que se dé cierre al proceso constitucional. En los años siguientes se presentarán y discutirán diferentes reformas, pero cómo se encaminen dependerá de la capacidad que tengan los sectores políticos de leer los resultados y asumir la realidad de la población, las cuales, desde el comienzo, fueron obviadas: la propuesta de una nueva Constitución como solución al “estallido social” no solo fue una lectura sometida a la efervescencia, sino que olvidó, como enseñó Häberle, que una Constitución “por sí misma no puede convertir ‘los malos tiempos’ en ‘buenos tiempos’”, por más que así lo deseemos.