Ética profesional e inteligencia artificial: ¿dos conceptos excluyentes?

Paula Robledo Silva

Docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia

Miembro de ICON-S Capítulo Colombia

La ética profesional y la inteligencia artificial (IA) plantean desafíos importantes. Del Informe sobre el ejercicio profesional del Derecho en Colombia de la Corporación Excelencia en la Justicia surgen varias preguntas sobre nuestra profesión. Dicha investigación revela que, en Colombia, hay muchos abogados per cápita: uno por cada 137 habitantes. Sin embargo, la tasa en otros países también es alta. Por ejemplo, en EE UU es de uno por cada 248 habitantes; en Italia es de uno por cada 260 y, en Europa, se calcula que es de uno por cada 581.

Esto contrasta con otros estudios, como los del World Justice Project, que muestra que, en América Latina, cerca del 40 % de la población manifiesta haber tenido alguna necesidad jurídica, y solo una quinta parte ha obtenido ayuda legal. O como los del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que muestran una relación importante entre el acceso a los servicios jurídicos y factores como el costo de los honorarios y la ética en ejercicio de la abogacía. Esto nos recuerda la poca importancia que hemos dado a la cuestión en nuestra profesión. 

A nivel regional, no todos los países cuentan con un código deontológico obligatorio para los abogados. Según una investigación de María José del Solar y Gonzalo Filba, la regulación en este tema recae, principalmente, en los colegios de abogados, lo que no implica que sea obligatorio para los estudiantes de Derecho. Solo en Costa Rica se requiere la formación en deontología jurídica para obtener la habilitación profesional.

Esto nos lleva a preguntar: ¿la formación deontológica debería hacerse en las universidades y, en ese sentido, preparar al estudiantado para los desafíos éticos del ejercicio profesional?

Las facultades diseñan el perfil de formación según lo que demanda el mercado (Acosta Alvarado, et al, 2019). Algunas escuelas buscan una formación integral en diversas áreas del Derecho, otras se especializan desde los primeros semestres. Ambos modelos, que además datan de hace décadas (Moliterno, 1991, o Bennett, 2010), carecen de un componente pedagógico que enseñe a tomar decisiones éticas en la vida profesional. En el sector legal, suele haber escaso conocimiento sobre la existencia de códigos de ética profesional para los abogados(as).

La aparición de nuevas tecnologías revitaliza la discusión sobre la necesidad de formación en ética profesional. Aunque la IA tiene grandes virtudes, como mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a la justicia, su implementación plantea dilemas. Se han reportado casos en distintos países en los que se utilizan chatbots para generar demandas, conceptos y hasta providencias judiciales. Esto plantea el interrogante sobre cómo deben ser utilizadas estas herramientas y sus posibles riesgos éticos.

Dos casos recientes, uno en Nueva York y otro en Colombia, ilustran algunos de estos desafíos. En Nueva York, un abogado utilizó ChatGPT como herramienta para elaborar una demanda contra una aerolínea por una lesión sufrida debido a un carrito de comida. En el proceso se descubrió que gran parte del case law de la demanda era inexistente, ya que ChatGPT había inventado dichas referencias. En Colombia, un juez de Cartagena utilizó esa misma herramienta para fallar una tutela, con el objetivo de actuar con mayor celeridad.

En este contexto, es necesario reflexionar sobre el uso ético de estas tecnologías y su reglamentación. ¿En qué medida se debe permitir la intervención de la IA en procesos legales? ¿Cuáles son los límites éticos de quienes utilizan estas herramientas?

Para abordar los dilemas éticos relacionados con la IA en el Derecho, se han propuesto varios principios fundamentales. Estos incluyen la protección de datos, la prohibición de sesgos sociales, la transparencia y comprensibilidad de los algoritmos, y el análisis de los dilemas morales derivados de su implementación. 

Sin embargo, resulta esencial que las universidades formen en ética profesional y analicen los desafíos técnicos y éticos de la IA. Promover el debate, la investigación y la colaboración entre academia, juristas, agremiaciones y expertos en datos es esencial. Así se podrán establecer estándares éticos sólidos y asegurar un ejercicio profesional responsable.

De otro lado, surgen interrogantes adicionales, como, por ejemplo, ¿la tecnología, eventualmente, reemplazará a quienes administran justicia, ejercemos la profesión o enseñamos Derecho? En lugar de preocuparnos por nuestra “extinción”, mi invitación es al estudio de estas herramientas y la responsabilidad de quienes las utilizan, ante imprecisiones, falsedades y plagios que generan, porque, aunque su utilidad no se cuestione, cosa que comparto, la ética profesional sigue siendo irremplazable.