La importancia de la educación en argumentación jurídica

Danny Marrero, Ph. D.

Profesor titular del Programa de Derecho y Maestría en Argumentación, Retórica y Razonamiento de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

danny.marreroa@utadeo.edu.co

Pensar en el Derecho es pensar en dos topos o lugares en común (MacCormick, 2011, pp. 12-14). Por una parte, el Derecho evoca el imperio de la ley y la seguridad, valores que les permiten a los ciudadanos tener expectativas justificadas sobre los comportamientos de las autoridades y los demás individuos. Por la otra, el Derecho se asocia con el litigio, la aplicación de la ley, la reconstrucción probatoria y la evaluación de argumentos. ¿Cómo debería responder la educación jurídica a este carácter argumentativo del Derecho? Adoptar la perspectiva del operador jurídico podría servir para responder esta pregunta.

Cuando alguien trata de resolver un problema jurídico, adoptar la postura que se cree más adecuada jurídicamente no es suficiente. Adicionalmente, es necesario hacer explícitos los argumentos que justificarían dicha posición y las debilidades que ella tendría. En ese sentido, resulta de gran utilidad pensar en respuestas alternativas que podrían ser defendidas por contrapartes, reales o hipotéticas, así como los argumentos paralelos que apoyan sus posturas y sus posibles debilidades. Esto quiere decir que la fortaleza del criterio jurídico propio depende en parte de la evaluación de los argumentos de la contraparte. De una manera más general, lo que se requiere saber es si se aceptan o se rechazan las respuestas que otra persona, o uno mismo, propone para solucionar un problema jurídico.

Desde luego, tener un amplio conocimiento de la dogmática del Derecho es importante en la construcción y la evaluación de los argumentos jurídicos. Pero la información jurídica no es suficiente. También deben conocerse los fundamentos que pueden ofrecerse para aceptar o rechazar respuestas a problemas jurídicos y las razones por las que deberían aceptarse dichos fundamentos. Es aquí donde la formación en argumentación jurídica en posgrados de Derecho (especializaciones, maestrías o doctorados) cobra especial relevancia.

Si bien es cierto que todo hablante de una lengua nativa como el español, el inglés o el francés sabe argumentar (pues defender puntos de vista con razones es una de las habilidades comunicativas básicas), ello no quiere decir que todos los hablantes de una lengua nativa sean buenos argumentadores. Esto también aplica a los operadores jurídicos.

Marco teórico

Dada la naturaleza argumentativa del Derecho, los abogados están especialmente entrenados para defender puntos de vista, presentar objeciones, analizar argumentos contrarios, etc., pero esto no quiere decir que no se encuentren argumentos jurídicos débiles, falaces o irrelevantes.

Argumentar bien es algo que se aprende con la práctica y con un marco teórico que le permita a los argumentadores saber qué es lo que diferencia un buen argumento de uno malo. Permítaseme aclarar: la expresión “argumentación” puede ser entendida como una actividad y como un producto. En relación con la primera, la argumentación se refiere a las acciones encaminadas a defender un punto de vista con razones. Y como un producto, se refiere al argumento mismo. Solo se puede garantizar que el producto de la actividad de argumentar, es decir, el argumento, será bueno, si el argumentador realiza correctamente las actividades encaminadas a tal fin.

Los programas de posgrados en Derecho o en argumentación deberían ofrecerles a los estudiantes un marco crítico con el que ellos puedan entender en qué consiste una buena argumentación y cuáles son las actividades que conducen a ella. Idealmente, este marco crítico debería complementarse con un acompañamiento que verifique el progreso de los estudiantes.

Referencias:

MacCormick, N. (2005). Rhetoric and the rule of law. Oxford: Oxford University Press.