La ética en la enseñanza y el ejercicio del Derecho

Kenneth Burbano Villamarín

Director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre

En una sociedad desestructurada como la colombiana, la ética se constituye en el bastión que permite hacer frente al deterioro del Estado de derecho, a la crisis de las instituciones y al desprestigio de las profesiones. La ética, no solo como estudio de la moral sino de la acción humana, es la respuesta a las actuaciones cabales de los miembros de una sociedad, a ese comportamiento guiado por lo moralmente bueno, concordante con lo que se considera justo. En nuestro país, donde la violencia campea y la trasgresión de la ley hace parte de la cotidianidad, es necesario revisar los antecedentes del Derecho como creación humana, cuyo desarrollo histórico y disciplinar ha permitido consolidar todo un andamiaje de bienes esenciales en cabeza de las personas e instituciones sujetas a mandatos legales, para que el respeto por el otro y la vida en sociedad sea posible. El derecho está compuesto por formas objetivadas de vida humana; esto es, la conducta colectiva desde lo normativo. Se trata de ideas, representaciones ideológicas, construcciones histórico-culturales plasmadas en la legislación, cuya obligatoriedad está supeditada por valores éticos y jurídicos. Se suele hacer distinciones tajantes entre la moral y el Derecho, inclusive negando que exista relación, cuando el comportamiento humano, los derechos, la dignidad, las libertades, están vinculados con lo ético y lo jurídico, hay un contenido ético del Derecho, lo ético apunta a la justa aplicación del ordenamiento jurídico en el Estado.

Ahora bien, dentro de las ramas de la ética está la de las profesiones, siendo la ética de la abogacía la que se abordará enseguida. En la interacción ética-derecho-justicia, la conducta, las actuaciones, inclusive el comportamiento público y privado de los profesionales del Derecho juegan un papel trascendental en la sociedad. Actualmente hay dos situaciones difíciles, para algunos de crisis, que deben abordarse de manera urgente teniendo a la ética como puntal; la primera se refiere a la formación de los profesionales del Derecho y la segunda, a la corrupción en la justicia. La confianza de los ciudadanos en sus órganos de administración de justicia está minada, todo aquello que la integra o la rodea, como la profesión de abogado y el desempeño de jueces y fiscales, se equipara con corrupción, delincuencia o empresas criminales; la comparecencia ante estas autoridades no implica necesariamente la obtención de una inmunidad, sino la existencia de un riesgo que se extiende en el tiempo.

La ética y la universidad: una relación inherente

Para algunas personas, escoger esta profesión se considera un medio para ganar dinero, pues se advierte como un oficio lucrativo, sin tener en cuenta los deberes, las obligaciones y las responsabilidades que implica el ejercicio profesional y el desempeño de los cargos públicos. En la formación del Derecho prevalece la enseñanza instrumental y adjetiva apoyada consciente o inconscientemente por los docentes. Se escucha con frecuencia en los pasillos universitarios que hay materias importantes como aquellas dispuestas en los códigos de procedimiento y otras que son “costuras”, como las humanidades. La asignatura de ética profesional fue eliminada de los planes de estudio o aparece como una electiva que nadie quiere tomar ni dictar. No corresponde a una disciplina lograr que los presupuestos éticos se arraiguen en el pensamiento, en la vida de los estudiantes y en los futuros abogados; solo se puede edificar con el ejemplo y la articulación, como componente transversal durante toda la carrera. En la enseñanza del Derecho y en general en la educación, el profesor es un paradigma por seguir; en esa construcción permanente de saberes y actitudes cuenta mucho la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se enseña y su aplicación en la realidad, para que no se presente esa fractura dañina de que “una cosa es lo que se aprende en la universidad y otra cosa muy distinta es la vida profesional”.

La universidad es una casa de estudios donde se aprende de sus miembros y de los principios institucionales. Por eso hay que volver a la original comunidad educativa que cumple una función social y no meramente una empresa, pues aunque su finalidad no es el lucro, está preocupada por la competencia. Si la ética está referida a la acción humana, a las libertades, al comportamiento humano en el colectivo, resulta imprescindible acudir al rescate de las humanidades. Bienvenida la educación donde se estimule y facilite el pensamiento crítico y plural. No más universidades que degraden la profesión con programas de baja calidad, de escasa duración; tampoco es admisible que los docentes de Derecho tengan una preparación precaria y que sus antecedentes penales y disciplinarios carezcan de relevancia, esto no puede entenderse como autonomía universitaria. Ocurre con frecuencia que los estudiantes egresan sin saber en qué consiste la abogacía, cuál es la importancia, por ejemplo, de la lealtad que se debe al cliente, a la contraparte y al juez; el valor del secreto profesional; la manera de resolver las tensiones entre Derecho y justicia; por qué la abogacía está al servicio de la justicia; cuáles son los estatutos disciplinaros y los códigos de ética del abogado. Por eso hay que seguir insistiendo en la honestidad como forma de vida, en el respeto por las personas y sus derechos, en la denuncia como valioso instrumento para contrarrestar los fraudes en las aulas, el delito y la indiferencia, en el cumplimiento de los deberes que impone la profesión. La búsqueda de estrategias que lleguen a cada alumno y lo convenzan debe ser permanente; la mediación pedagógica dotada de creatividad permite dejar en el pasado los discursos que no logran cautivar. Es necesario unir esfuerzos para que la abogacía, tan desprestigiada y calumniada, ocupe el lugar que le corresponde como una noble profesión, contrarrestando la creencia de que los abogados son poco confiables.

Ahora bien, la justicia atañe a ese principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, como lo define el Diccionario de la lengua española. La justicia así se concibe como una virtud, asociada a acciones conscientes, a vivir honestamente; sugiere un principio de armonía e igualdad; es un anhelo de la humanidad. Ahí está toda una visión omnicomprensiva, a lo que se suma la justicia edificada como el sustento sobre el cual debe inspirarse el Derecho y es uno de sus fines.

Dar cuenta de la justicia entre los colombianos es chocante; ese valor y Derecho resulta esquivo y hasta inalcanzable, y no sin razón, porque se asocia con la corrupción, lo que involucra la destrucción de los principios éticos, la desestabilización del Estado y del Derecho. Aunque la responsabilidad penal y disciplinaria es individual, que la corrupción haya llegado a las cortes significa un alto grado de descomposición de la sociedad e implica un proceso de revisión, que va desde la educación que reciben los abogados en las universidades hasta los requisitos que se exigen para ocupar los cargos, los concursos de méritos y los procedimientos de elección de quienes ocupan las dignidades de mayor jerarquía en la justicia. Dentro de los pasos por seguir está mejorar y agilizar los procedimientos e instrumentos para investigar y sancionar, con prontitud y rigor, a quienes delinquen o cometen faltas disciplinarias. Hay que incluir más elementos de méritos y cualificación específica en la realización de las pruebas y en la adopción de procesos de selección, y en ello pueden contribuir positivamente las universidades que gozan de reconocimiento y prestigio.

Si los presupuestos éticos se enraízan en las facultades de Derecho, en el ejercicio de la abogacía y en la función judicial, la justicia como valor, aspiración y fin último buscado por la comunidad y el ordenamiento constitucional se materializará. Contar con abogados cuya solvencia moral sea el común denominador garantiza que el acceso a la administración de justicia, como principio de la democracia y civilizador de las relaciones entre lo sujetos, cobre vigencia. Si los asociados vuelven a creer en sus jueces, confían en los apoderados y acuden a las instituciones sin prevenciones y bajo los postulados de la buena fe, se evita la violencia y se proscribe la justicia por mano propia, lo que implica la puesta en marcha de una ética ciudadana depositada en las autoridades.

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