Informe
El perfil del abogado
13 de Junio de 2013
Nicolás Pájaro Moreno
Director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia
La profesión jurídica es una pieza fundamental para la construcción y articulación de las relaciones entre los ciudadanos. De tiempo atrás, algunos teóricos han afirmado que el Derecho es algo consustancial a la vida en sociedad: Ubi societas ibi ius. El abogado, como agente de esta disciplina, representa una pieza fundamental de este rompecabezas, bien sea para resolver los conflictos, bien sea para evitarlos. En muchos casos, el abogado es el engranaje necesario para que la ciudadanía haga efectivos sus derechos, se restablezcan los que han sido vulnerados y se vele por una sociedad justa y equitativa.
El abogado cumple, en efecto, una importantísima función social. En palabras de nuestra Corte Constitucional, la profesión del Derecho se encuentra “íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica”, pues “el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia”[1]. Dicha función se concreta en la colaboración “con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”[2], para “la consecución de un orden justo y la consecución de una convivencia pacífica, pues [el ejercicio de la profesión de abogado] resulta ser el medio para la resolución adecuada de los conflictos por medio del Derecho”[3].
En este contexto, mantiene plena vigencia el debate acerca del perfil que queremos ver en el abogado, la preocupación por que sus actuaciones se ajusten a unas pautas éticas y la manera en que la política pública puede contribuir a ello, a través de reglas sobre la formación y el desempeño de quienes ejercen la profesión del Derecho.
En desarrollo de lo anterior, quisiera aprovechar este espacio para plantear tres ideas sobre el perfil que debe cumplir el abogado en nuestro actual contexto, y sobre los cuales vale la pena reconstruir algunos paradigmas que tenemos de la profesión jurídica.
Es mejor prevenir que litigar
La primera reflexión parafrasea el adagio popular, para resaltar la importante tarea que cumple el abogado en la construcción (antes que en la reconstrucción) del tejido social.
El abogado tiene un manejo importante del Derecho, como norma que orienta la vida en sociedad. Dicho conocimiento debe ser empleado para construir y preservar la paz social y para generar dinámicas que eviten el litigio, antes que acentuarlo o valerse de él.
La sociedad, según algunos, surgió de un “contrato social”, de un acuerdo para mantener el estado de paz por encima del conflicto o de la incertidumbre que representa un “estado de naturaleza”. De la misma manera, el abogado debe ofrecer, por la vía del contrato y del negocio jurídico, soluciones a necesidades concretas, que se valgan de la colaboración y faciliten la vida en sociedad y la obtención de bienes y servicios.
Es mejor un mal arreglo que un buen pleito
Tradicionalmente, nuestra sociedad ha rendido pleitesía al litigio. El abogado, en no pocos casos, ha sido artífice de esta situación, y en muchas ocasiones se han popularizado prácticas indeseables de una manera recurrente. La excesiva judicialización de las controversias, la dilación ad rede del proceso, el uso innecesario de los recursos y nulidades, entre otros hábitos que rayan en el abuso del Derecho, se han convertido en el pan de cada día de nuestra justicia.
El abogado debe ser un facilitador, antes que un escollo; una ayuda, antes que una barrera infranqueable. Antes que señalar con el dedo o buscar responsables, el abogado debe optar por el acercamiento y la solución pacífica y negociada del conflicto. El abogado, en este aspecto, debe tender a la reconstrucción del tejido social, y en dicha labor debe buscar la mejor forma para ello, y la menos traumática para las partes involucradas.
La función social del abogado demanda que este asuma un rol activo y participativo del lado de los métodos alternativos de solución de conflictos y se aleje, en la medida de lo posible, del rigor que impone la estricta legalidad. Su postura debe ubicarse del lado de la justicia, más allá de las pretensiones individuales o de las retribuciones que pueda obtener por sus servicios.
Entre abogados te veré
Teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, los abogados deben “dar ejemplo de idoneidad, eficiencia y moralidad en el desempeño de sus actividades y estar comprometidos en los ideales y el valor de la justicia”[4], y ser un modelo por seguir para el resto de la sociedad.
La función de la abogacía en este ámbito implica importantes desafíos académicos, porque el profesional del Derecho que demanda la moral a la que aspiramos no puede continuar siendo tan solo un depositario de un conjunto de leyes.
Las facultades de Derecho deben formar, y no limitarse a informar a los abogados. Los escenarios de práctica jurídica, como los consultorios, las pasantías y las clínicas, deben ser una tarea que genere una auténtica vocación de servicio, y no puede ser tratada de forma superficial, ni ser considerada como una “costura”. El estudiante debe poder aplicar los conocimientos adquiridos para dar soluciones prácticas a problemas concretos, y no para demostrar erudición ni para darse aires de superioridad.
Las universidades deben dotar a sus estudiantes de las cualidades necesarias para representar los intereses de su cliente, pero también para ponerse en los zapatos de su contraparte. Un abogado, en efecto, debe identificar la raíz del conflicto y ayudar a resolverlo de tajo, y no puede ser ciego ni sordo ante los hechos, ni puede limitarse a dar la razón a su cliente. El profesional del Derecho debe ser un abanderado de la buena fe y debe perseguir la justicia por encima de sus propias “victorias”.
Debemos dejar de ver nuestros abogados como un personaje al que queremos evitar y, por el contrario, fortalecerlos como un factor clave en la articulación social. A esto contribuyen los controles disciplinarios y de acceso a la profesión, pero también el empoderamiento del profesional, que debe ser, por encima de todo, un motor de confianza y cohesión.
Una profesión que evite el conflicto, que brinde soluciones y que genere cohesión social es el reto que debemos asumir como abogados, para las futuras generaciones, pero también para nosotros mismos. Solo entonces lograremos contribuir efectivamente a la consolidación de un país con justicia, equidad social y en paz.
[1] Sentencia C-398 del 2000
[2] Sentencia T-952 del 2006
[3] Sentencia T-969 del 2009
[4] Sentencia T-952 de 2006
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