Cargos de descongestión, ¿alternativa ideal para una justicia pronta?

Pedro Antonio Molina

Editor Ámbito Jurídico

 

Congestión. Desde hace varios lustros, ese ha sido uno de los sustantivos más utilizados cuando se trata de definir la situación que viven muchos despachos judiciales en el país. Una demanda de justicia cada vez mayor, la sanción de leyes sin el suficiente respaldo presupuestal, el poco crecimiento de la oferta del servicio y acciones como la tutela son algunos ingredientes que han atiborrado los juzgados de expedientes.

 

Para reducir el inventario de procesos sin resolver, el artículo 63 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L. 270/96) creó el Plan Nacional de Descongestión. En el 2009, este programa se expandió en diversas disciplinas jurídicas, lo que dio origen a múltiples cargos y despachos.

 

Recientemente, el país se estuvo ad portas de un nuevo paro nacional judicial, en respuesta a la inminente eliminación de un número importante de cargos de descongestión, por falta de presupuesto. A última hora, se garantizaron recursos hasta finales de noviembre.

 

Aunque el incendio se apagó temporalmente, salieron a flote un sinnúmero de críticas al programa gubernamental, que bien podrían reavivar los ánimos, más aún cuando no es claro de dónde saldrán los recursos para mantener esta iniciativa en el largo plazo.

 

¿Qué ha pasado con los despachos de descongestión? ¿Han cumplido con los objetivos planteados? ¿Qué impacto han tenido en la disminución de los inventarios? ÁMBITO JURÍDICO conversó con varios expertos para absolver estos interrogantes.

 

Cifras

De acuerdo con Pedro Munar Cadena, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, lo primero que se debe analizar es el comportamiento que ha tenido el volumen de expedientes entre 1993 y el 2013. Así, los ingresos anuales crecieron el 303 %, mientras que el número de despachos permanentes subió el 22 % en el mismo periodo. Ante dicho desequilibrio, la oferta se mejoró con los despachos de descongestión en un 53 %.

 

No obstante, la insuficiencia de recursos presupuestales durante el 2014 ha puesto en aprietos la continuidad del plan y ha reducido el número de cargos transitorios, asegura Munar. Según datos de este magistrado, se pasó de 9.296 cargos, a finales del 2013, a 8.766 cargos, a junio de este año. “Sin embargo, cabe resaltar que, como resultado del apoyo que han prestado las medidas de descongestión, entre diciembre del 2010 y diciembre del 2013, se registró una disminución en los inventarios finales totales del 27 %, al pasar de 2.655.892 procesos a 1.931.958”, puntualiza.

 

Si bien Fredy Machado López, presidente nacional de Asonal Judicial, cree que este programa ha sido un instrumento efectivo para aliviar la excesiva carga laboral, tiene sus reparos al respecto. “Lo ideal era ampliar la planta de personal en procura de mejorar la capacidad de respuesta a la demanda de justicia. Por eso, exigimos la permanencia y cuestionamos que sigamos con los mismos juzgados de los años ochenta”, señala.

 

En su opinión, “la creación de juzgados con carácter permanente, por un lado, racionaliza la carga de trabajo, que tanto afecta la salud mental de los empleados y funcionarios, y, por el otro, libera a la justicia del clientelismo, pues como no se fijan criterios de excelencia, la descongestión termina convertida en una bolsa de empleo. Desde luego, existen excepciones, pero insistimos en que se necesita promocionar a los mejores funcionarios”.

 

Hermens Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, considera que la eficiencia de las medidas de descongestión es evidente, pues, de lo contrario, “el colapso general de la administración de justicia sería catastrófico para el país, y para la democracia sobre la que se asientan las instituciones”.

 

“En realidad”, afirma Lara, “con la misma estructura de jueces, juzgados, empleados, medios tecnológicos y logísticos, se echan a andar nuevos procedimientos, y se pretende que así se solucione ese problema”.

 

Para Hernando Torres, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, “estas medidas han obtenido logros significativos que se deben continuar, para lo cual es necesario evaluar dos escenarios posibles: (i) mantenerlas hasta lograr un equilibrio entre la demanda de justicia y la oferta estatal y (ii) reestructurar los aparatos estatales de justicia, atendiendo lo consignado en los nuevos códigos de procedimiento: penal, niños y adolescentes, laboral y seguridad social, contencioso administrativo y general del proceso”. 

 

Permanencia

Frente a la posibilidad de convertir estos cargos en permanentes, Munar sostiene que lo más conveniente es atender estas situaciones con jueces de carrera, “pero el fortalecimiento de la planta permanente de la Rama Judicial implica unas mayores necesidades presupuestales a nivel de funcionamiento y de inversión”.

 

Lara no cree que la discusión se pueda reducir a definir si tales cargos se convierten en permanentes o no, pues de nada sirve esa inclusión, si no se planifican bien los cambios legislativos y no se organiza correctamente el servicio de justicia desde el nivel estructural, económico y financiero, entre otros temas.

 

De acuerdo con Torres, las reformas a la administración de justicia deben ir acompañadas de los respectivos recursos en tecnologías, en salas de audiencias, en formación de jueces y empleados judiciales, entre otros temas. “Tales procesos necesariamente llaman a unos ajustes no solo en las plantas de personal, en la configuración de los despachos, en la asignación de cargos, sino en los perfiles de los jueces y de los servidores, fiscales, defensores y de todos aquellos que auxilian permanentemente la justicia, a más de las necesarias reformas a los pensum universitarios”.

 

Datos entregados por el Consejo Superior de la Judicatura indican que entre enero y diciembre del 2013, los ingresos efectivos en los despachos transitorios fueron de 237.853 procesos y los egresos de 417.452, lo que significa un índice de productividad del 175,5 %.

 

Medición del trabajo

La continuidad o la supresión de un cargo de descongestión es otro de los temas que ha suscitado discusiones entre los especialistas. Munar sostiene que la prolongación o eliminación de las medidas de descongestión “depende del cumplimiento de las metas que se les asigne a los jueces por jurisdicción y por especialidad, del cumplimiento en el reporte mensual que tienen que hacer los jueces al Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial y, por supuesto, de la veracidad de dicha información”.

 

Por su parte, Machado asegura que el manejo de la descongestión es muy caprichoso: “Se eliminan los cargos no porque desaparezcan las razones que motivaron el nombramiento del funcionario, sino porque la persona encargada con la tarea de descongestión no cumple con su misión. En esos casos, lo lógico sería que se cambie a los funcionarios y se continúe con el programa”.

 

Por último, Machado confiesa que el respaldo que Asonal le ha dado a dicho programa se encamina más hacia la defensa de los recursos para la Rama Judicial: “Si finaliza o se liquida la descongestión, esos dineros tomarían otro rumbo”, afirma.

 

A los despachos y tribunales de descongestión, asegura Torres, se les asignan unas metas para obtener unos resultados, los cuales han de servir como termómetro para calificar su eficiencia: “Obvio que las metas deben ser razonables, parametrizadas con el ejercicio permanente que de la jurisdicción hacen los servidores públicos judiciales que están en carrera”, asegura.

 

Lara es muy crítico del rasero con el que se mide la eficiencia de estos cargos, pues, a su juicio, con esa clase de instrumentos, “se está volviendo a las formas más infames del trabajo a través de la historia: jornadas de más de 10 horas al día, trabajo los fines de semana, sin derecho al descanso, imposibilidad de ver por la salud personal e incremento de enfermedades físicas y sicológicas”, concluye.

 

Si bien las medidas temporales han servido para mitigar el fenómeno de la congestión judicial, los expertos consultados coinciden en la necesidad de establecer soluciones menos cortoplacistas, con el fin de que el término “congestión” se borre del imaginario colectivo cada vez que se le quiere encontrar un sinónimo a la administración de justicia y para que se alcance el objetivo final de una justicia pronta y cumplida.