Litigio de alto impacto, un ejercicio alternativo del Derecho

 

El cambio de aspectos del ordenamiento jurídico no siempre se consigue por la labor del Poder Legislativo, debido, entre otros factores, a la falta de consenso o voluntad política de los representantes o a la resistencia a la evolución propia de la sociedad. Por esa razón, en los últimos años, ha hecho carrera, dentro de las distintas formas de ejercer el Derecho, el  litigio de alto impacto (LAI). 

 

La edición 29 de la Revista de Derecho de la Universidad del Norte (2008) define el LAI como la estrategia de seleccionar y promover ante la justicia ciertos casos que permitan lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil de un Estado o región.  

 

ÁMBITO JURÍDICO consultó a diversos expertos sobre esta novedosa forma de ejercer la profesión, para conocer cómo han asumido su práctica y los cambios más significativos conseguidos a través de su implementación.

 

LAI y litigio tradicional

El abogado y académico Lucas Correa Montoya es una de las personas que más aportes ha realizado al análisis de esta disciplina. 

 

Según Correa, conforme con la definición de la estrategia de LAI, este comprende un proceso de intervención comunitaria orientado a causas sociales, cuya diferencia con el litigio tradicional radica en que, por lo general, este último se enfoca en la satisfacción de intereses individuales.

 

En su concepto, esta tipo de litigio empezó “unos años después de la expedición formal de la Constitución de 1991, cuando las organizaciones sociales y las universidades comenzaron a movilizarse en distintos temas”.

 

Su origen se encuentra en el sistema de clínicas jurídicas de EE UU, que busca responder a la necesidad del ejercicio práctico del Derecho. En Colombia, este sistema no era tan novedoso, por la existencia de los consultorios jurídicos universitarios, razón por la cual las clínicas entraron a funcionar en colaboración con estos.

 

Comunicación y uso del Derecho

En cuanto al componente comunicativo, Correa manifiesta que, para hablar de LAI, no siempre se necesita que un caso ocupe la atención de la prensa. “El componente comunicativo es diferente del valor noticioso de la causa”, explica.

 

Mónica Roa, abogada de la organización Women's Link Worldwide, afirma que para que un caso se considere estratégico, “el proceso judicial también debe servir para generar un impacto en la opinión pública”.

 

Por su parte, Marcela Sánchez, directora de la Corporación Colombia Diversa, cree que el LAI corresponde a un uso contra hegemónico del Derecho, orientado a ampliar el alcance de las garantías fundamentales a favor de las minorías. 

 

El antecedente de esta disciplina, apunta Sánchez, es que, en Colombia, es necesario acudir a los jueces para el reconocimiento de los derechos de las minorías, por la complejidad política que tiene el trámite legislativo.

 

En este punto, Sánchez critica que, a través de este ejercicio alternativo del Derecho, se está sofisticando el lenguaje en las sentencias, lo que dificulta el conocimiento por parte de los ciudadanos del resultado de la definición de controversias que pueden interesarles.

 

Litigio individual

Los casos más sonados en el ámbito del LAI están relacionados con la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, esta estrategia puede aplicarse para otras necesidades jurídicas, ya que el litigio individual no está completamente diferenciado del de alto impacto. 

 

En este sentido, Correa recuerda que hay casos relevantes del Derecho Privado, en temas como la defensa de los consumidores, la competencia desleal y la importación y los precios de medicamentos, que representan una interesante alternativa para la práctica del Derecho.

 

Al respecto, la penalista Myriam Pachón señala que, en el ejercicio tradicional de la profesión, el estancamiento de las tesis obedece a “la pereza jurídica de los litigantes para traer nuevas propuestas con el fin de garantizar la protección de derechos”.  

 

Gracias a la inquietud de Pachón por adoptar estrategias novedosas, varios casos de la justicia penal militar han sido trasladadas a la justicia ordinaria, en desarrollo de una labor desvinculada de cualquier organización.

 

Precedente judicial

Roa afirma que, en principio, el LAI es una forma de reforzar el precedente judicial, ya que a través de la presentación de un caso se busca crear un impacto social amplio. “Por ello, cuando no se puede litigar en abstracto, el perfil del caso debe ser cuidadosamente delimitado, para que a partir del principio de igualdad, en el futuro, otras personas puedan hacer referencia al ‘caso modelo’ y exigir similares derechos”, puntualiza.

 

Pedro Vaca, abogado de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señala que el litigio estratégico que emprende esa organización busca robustecer el ambiente jurisprudencial para el ejercicio periodístico. La selección de casos está enfocada a que se concentren los esfuerzos y recursos en un solo asunto, cuya resolución judicial pueda tener efectos para cualquier otro periodista en una situación similar.

 

Defensa del Estado

Los cambios buscados en el ordenamiento jurídico a través del LAI implican, en gran medida, la participación de representantes del Estado, que pueden adoptar una posición favorable o desfavorable frente a las pretensiones llevadas ante la justicia.

 

Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señala que el principal criterio de intervención de la Agencia es la cuantía, de conformidad con el Acuerdo 006 del 11 de octubre del 2012. Sin embargo, existen otros elementos, dentro de los que se encuentra la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial.

 

“En estos casos, se puede dar lugar a la intervención, bien sea para coordinar la defensa judicial o para efectuar la respectiva intervención judicial”, agrega la funcionaria.

 

Sin embargo, aclara que los criterios de intervención de la Agencia “distan mucho de los mecanismos de selección que son atendidos en los LAI cuando deciden utilizar el componente judicial, político o de comunicación para buscar la solución a la problemática social identificada”.

 

No obstante, Guillén reseña un caso que ejemplifica la intervención de la Agencia en un proceso de reparación directa interpuesto por un recluso. “En esa intervención, se buscó evitar la apertura de un hueco fiscal derivado de la proliferación de acciones originadas en fallos de un tribunal que desconocía la teoría sobre daño y nexo causal y la progresividad de los derechos económicos y sociales”, anota.

 

Agenda judicial

En síntesis, las experiencias descritas permiten afirmar que el LAI refleja el desuso de los mecanismos de participación ciudadana ante el Poder Legislativo. En contrapartida a esta situación, la sociedad está depositando su confianza para el reconocimiento de derechos a la inclusión de temas sensibles en la agenda del Poder Judicial.

 

Sin embargo, es normal que una eventual consecuencia del éxito de un caso litigioso se traduzca en una reforma normativa que responda a las expectativas de los intereses puestos en juego.

 

Por otra parte, el Estado viene desarrollando estrategias que si bien no corresponden a la definición estricta del LAI, van encaminadas a convertirlo en protagonista en esta clase de controversias.

 

En este punto, es preciso citar el estudio El concepto de litigio estratégico en América Latina: 1990 – 2010, publicado en el número 121 de la Revista Vniversitas, cuando señala que lo estratégico del litigio está en la complementariedad interdisciplinaria y la necesidad de un trabajo de formación y apoyo a la labor judicial.

 

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Casos exitosos de litigio de alto impacto

 

Sentencia                                          Tema

T-018 del 2012                                  Objeción de conciencia para evitar servicio militar por motivos religiosos.

 

C-238 del 2012                                  Efectos hereditarios de parejas del mismo sexo.

 

T-314 del 2011                                  Tutela contra particulares por discriminación basada en la orientación sexual.

 

T-974 del 2010                                  Deberes del Estado de garantizar la educación inclusiva. Luego de la sentencia, Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.

 

C-179 del 2009                                  Inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural por la omisión del deber estatal de consulta previa a comunidades indígenas y grupos étnicos que pueden resultar afectados.

 

C-417 del 2009                                  Excepción de verdad frente a los delitos de injuria y calumnia.

 

C-075 del 2007                                  Régimen patrimonial de parejas homosexuales y unión marital de hecho.

 

C-355 del 2006                                  Despenalización de la práctica del aborto en tres circunstancias específicas.

 

T-025 del 2004                                  Adopción de políticas públicas para la asistencia de mujeres desplazadas por la violencia.

 

T-703 de 1998                                   Derecho al ambiente sano y conexidad con derechos fundamentales.