Lo que proponen los candidatos en materia de justicia

Sergio Fajardo Valderrama

 

Entre las propuestas esgrimidas en materia de justicia por Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de la República por la Coalición Colombia, se encuentra solucionar los problemas de acceso y efectividad de la justicia, dar estricto cumplimiento a la carrera judicial y crear una verdadera política criminal integral.

 

Este profesor antioqueño nació en Medellín, en 1956. Es matemático de la Universidad de los Andes, Doctor en Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison y ha sido profesor visitante de universidades de EE UU, Chile, Noruega y Venezuela, entre otros países. Fue Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es el principal problema de la justicia en el que enfocará sus esfuerzos?

 

Sergio Fajardo: Nuestra principal apuesta en el tema de justicia es solucionar los problemas de acceso y efectividad que afectan al ciudadano del común. Por tanto, nuestra prioridad será desarrollar acciones orientadas a derribar las barreras geográficas, económicas y culturales que hoy dificultan el acceso de una gran parte de los colombianos al sistema. Implementaremos estrategias para que la justicia llegue a todos los rincones del territorio por medio de un sistema judicial articulado y adaptado a las características regionales. Entre otras cosas, vamos a:

 

- Fortalecer el componente de justicia no formal o justicia comunitaria en las zonas rurales, dándole relevancia a conciliadores, las juntas de acción comunal y las jurisdicciones especiales.

 

- Reconfigurar las jurisdicciones territoriales, de tal forma que las personas puedan interponer sus solicitudes ante los despachos más próximos y de fácil acceso.

 

- Fortalecer la actual estrategia de casas de justicia en los municipios donde operan, con el fin de que exista una mayor coordinación que dé línea a su operación.

 

Á. J.: ¿Qué puntos concretos tendría una reforma a la justicia impulsada por su gobierno? ¿Qué cambios haría a los organismos de control y a las funciones electorales de las altas cortes?

 

S. F.: Reconocemos que, además de estas acciones, debemos adelantar una reforma a la justicia para modificar algunos componentes del sistema y devolverle la legitimidad a la Rama Judicial.

 

- Vamos a adelantar una reforma legal para establecer una Comisión de Aforados de rango legal que remplace la Comisión de Investigación y Acusación. Este órgano, integrado por miembros independientes, se encargará de la investigación de los magistrados de las altas cortes, el Presidente y el Fiscal General y, cuando así lo considere, presentará la acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes.

 

- Además, impulsaremos una reforma para cambiar el proceso de elección de los magistrados de las altas cortes. Para la Corte Constitucional, propondremos ampliar el periodo de los magistrados a 12 años, con el fin de que no se renueve en una gran proporción al mismo tiempo, sino que sea escalonada.

 

Á. J.: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la tutela?

 

S. F.: Nuestra apuesta con respecto a la tutela, más que reformar este mecanismo, consistirá en tomar acciones proactivas desde el Gobierno que reduzcan la necesidad de los ciudadanos de recurrir al sistema de justicia a través de tutelas y otros mecanismos. Por ejemplo, desarrollaremos una política que obligue a las entidades del orden nacional a dar respuesta a los derechos de petición para evitar posteriores tutelas. Esta acción tendrá un impacto positivo en la congestión judicial y en el uso de este mecanismo. De la misma forma, estableceremos parámetros claros para reducir la necesidad de acudir a la tutela para asegurar el cumplimento del derecho a la salud.

 

Adicionalmente, trabajaremos con la Rama Judicial en la definición de reformas que acerquen los procedimientos en materia laboral, comercial y civil a las facilidades y acceso del procedimiento de la tutela. Queremos llevar los logros alcanzados por esta a otras áreas del sistema de justicia y aprovechar la experiencia del juez de tutela para agilizar y dinamizar los procesos de la justicia ordinaria.

 

“Para la Corte Constitucional, proponemos ampliar el periodo de los magistrados a 12 años, con el fin de que no se renueve en una gran proporción al mismo tiempo”

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

 

S. F.: Yo estoy a favor del Acuerdo de Paz. Respeto la palabra empeñada, así como las decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional. Reconozco que la Corte estableció los límites frente al Acuerdo y es la que debe hacer esa vigilancia. No me corresponde a mí como Presidente modificar la JEP u otros aspectos del Acuerdo de Paz. Ahora bien, en el proceso de implementación se debe poner la reconciliación como fin último, e intentar incorporar siempre a la mayoría de sectores, preservando la esencia de lo acordado.

 

En esta línea, como Presidente de la República, velaré porque la JEP sea un organismo que reporte públicamente sus avances, que no sea un organismo que funciona a espaldas de la sociedad, sino que continuamente informe avances de su gestión y que el ciudadano del común tenga acceso a esta información. La implementación de la JEP y la gestión de sus magistrados son una oportunidad para legitimar de nuevo el rol de los jueces en Colombia.

 

Pondré especial interés y énfasis en que las víctimas tengan la posibilidad de participar en los procesos que se lleven dentro de la JEP y que, efectivamente, sus voces sean escuchadas. Así mismo, velaré para que las sanciones que interpondrá el Tribunal de Paz cumplan con los parámetros de restauración a las víctimas y que no haya una contradicción entre estas sanciones y la participación en política de los exmiembros de las Farc. Por último, haré todos los esfuerzos para que la JEP llegue a los territorios más afectados por la guerra y para que la sociedad

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial?

 

S. F.: En mi Gobierno, vamos a:

 

- Detener el crecimiento de funcionarios provisionales en la Rama y dar estricto cumplimiento a la carrera judicial.

 

- Promover la calidad en la prestación de los servicios de justicia y en la formación y educación jurídica. Proponemos un examen de Estado que habilite a los abogados para ejercer la profesión jurídica y que, en ese sentido, se filtre y controle acceso y el ejercicio profesional. Estos filtros se traducen en la introducción de requisitos legales para ejercer la abogacía. Además, trabajaremos en fortalecer la calidad ética de los abogados.

 

- Asegurar que los sistemas de información de la Rama Judicial sean manejados por una autoridad independiente y tengan metas claras. La información es la herramienta fundamental para saber qué funciona y qué no de la justicia y es el mejor antídoto para combatir la corrupción.

 

 

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado?

 

S. F.: Reconocemos los avances que se han hecho en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y trabajaremos por su fortalecimiento. En nuestro gobierno, vamos a aumentar la resolución alternativa de los conflictos para evitar el desgaste que implica la vía judicial. Además, vamos a priorizar la intervención jurídica con criterios de eficiencia, seleccionando eficientemente los procesos en los que se intervienen, de manera que correspondan a aquellos que tienen mayor probabilidad de éxito y que pueden significar más ahorro en caso de condena.

 

Por último, vamos a evitar el litigio mediante la prevención de las faltas. Dentro de las demandas con más altas pretensiones, se encuentran las referidas a errores de información en documentos públicos y a privación injusta de la libertad. En ambos casos, se trata de situaciones altamente prevenibles, si se aumenta y especializa el acompañamiento jurídico a las entidades.

 

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Qué hacer frente al hacinamiento carcelario?

 

S. F.: El país no ha contado nunca con una política criminal integral y de Estado. Esta ha fluctuado de acuerdo con las necesidades coyunturales. Cuando hay problemas fuertes de inseguridad se proponen leyes para encarcelar a la mayor cantidad de personas y cuando no hay cupo en las cárceles, se proponen leyes para excarcelar a las personas, reducir penas u otorgar beneficios penales. Vamos a formular una política criminal integral, a través del Consejo Nacional de Política Criminal, al que invitaremos como miembros permanentes a los representantes de las alcaldías y gobernaciones.

 

Nuestra propuesta en política criminal estará basada en cinco pilares: (i) Fortalecimiento del capital social para construir una cultura de paz, convivencia y de participación ciudadana. (ii) Prevención de las violencias y riesgos y atención integral de grupos vulnerables. (iii) Resolución pacífica de conflictos entre vecinos y ciudadanos. (iv) Mayores y mejores herramientas de coerción por parte de la policía y la Fiscalía. (v) Mayor efectividad en la judicialización y más eficacia en la resocialización.

 

La política criminal se centrará en tres problemáticas: el microtráfico, la extorsión y la lucha contra las bandas criminales. Estableceremos estrategias de apoyo logístico, planes subregionales de seguridad, territorialización de la seguridad y fortalecimiento de la institucionalidad y de los operadores jurídicos.

 

No podemos seguir permitiendo el hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Muchas cárceles en grave estado de deterioro se encuentran en zonas urbanas de alta densidad. Propondremos su traslado a zonas que permitan una mayor capacidad, con mejor infraestructura, por fuera de áreas residenciales urbanas. Trabajaremos con municipios en esquemas asociativos que les permitan tener cárceles locales para sindicados y, de esta forma, descongestionar el sistema penitenciario nacional.

 

Á. J.: ¿Qué propone para reglamentar las consultas previas?

 

S. F.: La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los grupos étnicos y vamos a respetarlo. Trabajaremos con estas comunidades para que este mecanismo constitucional revierta en atención efectiva a sus inquietudes y en beneficios reales.

 

Lideraremos directamente estos procesos de consulta. No nos parece correcto que empresas o contratistas negocien solas con las comunidades. Hace parte de nuestra visión sobre una presencia real y activa del Ejecutivo en los territorios. Con el acompañamiento y el liderazgo del Gobierno Nacional, podremos dinamizar estos procesos, brindando mayor seguridad jurídica a los diferentes actores involucrados.

 

“La política criminal se centrará en tres problemáticas: el microtráfico, la extorsión y la lucha contra las bandas criminales”.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentaría los reclamos de justicia por los delitos de alto impacto en los que la opinión pública en general pide sanciones como la cadena perpetua y la pena de muerte?

 

S. F.: No impulsaremos reformas de leyes que tengan como objetivo instaurar la cadena perpetua o la pena de muerte en Colombia. Estamos convencidos de que la solución a muchos de esos delitos para los que la opinión pública pide este tipo de medidas, realmente no se solucionan aumentando las penas. Lo que se necesita es una mayor eficacia del sistema judicial.

 

En nuestro gobierno incrementaremos el número de policías para la seguridad ciudadana. Se necesita mayor seguridad en el área rural y en las ciudades. Colombia no cuenta con el número adecuado de policías para la cantidad de sus habitantes. Proponemos un aumento de pie de fuerza que responda a las necesidades de vigilancia y patrullaje en lugares estratégicos de las ciudades.

 

Además, pasaremos de centrarnos en las capturas a enfocarnos en las condenas. El aumento de la eficiencia y el trabajo articulado entre los diferentes actores será el punto de partida en este asunto. La capacitación constante, el uso de tecnologías y la adquisición de competencias operativas guiarán este programa.

 

Promoveremos la participación ciudadana en la planeación de programas de seguridad local. Vamos a invitar a la ciudadanía a que desde las diferentes instancias locales participen en la construcción activa de los diferentes programas de prevención y atención de la seguridad en los barrios.

German Vargas Lleras

 

Si el candidato Germán Vargas Lleras llega a la Presidencia de la República, propondrá una reforma estructural a la justicia, que modifique el sistema de elecciones, los periodos, la edad de retiro forzoso y las inhabilidades de los altos dignatarios de la justicia.

 

Igualmente, piensa eliminar las facultades electorales de los magistrados de las altas cortes, para que se enfoquen en la justicia y no en política; crear el Tribunal de Aforados Judiciales y adoptar un sistema de evaluación continuo para los abogados, que permita equiparar y afianzar los conocimientos en las áreas fundamentales del Derecho.

 

Germán Vargas Lleras es un abogado bogotano, nacido el 19 de febrero de 1962. A los 19 años inició su vida pública como concejal del municipio de Bojacá (Cundinamarca). Desde entonces, ha ocupado importantes cargos, entre los que se destacan: concejal de Bogotá, ministro del Interior, de Justicia y de Vivienda, Ciudad y Territorio; senador de la República y Vicepresidente de la República.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la acción de tutela?

 

Germán Vargas Lleras: La acción de tutela es una de las herramientas más queridas por los colombianos para hacer cumplir sus derechos fundamentales, que es su razón de ser y para lo que fue creada. Para hacerla más eficiente, promoveremos una modificación al uso contra sentencias judiciales y así convertirla en un recurso que se tramite en el mismo proceso ante el superior jerárquico. Igualmente, sanciones para quienes abusen del ejercicio de este mecanismo y a quienes reincidan en la violación de derechos. También, establecer como causal de casación la violación del debido proceso. Nuestro objetivo es garantizar los derechos fundamentales de forma eficiente para todos los ciudadanos.

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿Cómo fortalecería su gestión?

 

G. V. L.: Estableceremos mecanismos que permitan a la JEP, en colaboración con la justicia ordinaria, hacer cumplir los acuerdos. Es muy importante que haya eficiencia del sistema para garantizar, entre otros, los derechos de las víctimas para que sean efectivamente reparadas.  

 

Vamos a fortalecer la colaboración entre la justicia ordinaria y la JEP para supervisar que sean sancionados estrictamente quienes no cumplan el Acuerdo Final.

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial?

 

G. V. L.: - Propondremos una reforma estructural a la justicia, que modifique el sistema de elecciones, los periodos, la edad de retiro forzoso y las inhabilidades.

 

- Se exigirá para los magistrados de las altas cortes experiencia de 25 años y un periodo individual de 12 años y habrá incompatibilidades para que no puedan ser elegidos en cargos de elección popular dentro de los dos años siguientes a su retiro.

 

- Para los titulares de los organismos de control, habrá inhabilidad de entre 5 y 10 años para postularse a cargos de elección popular, una vez cesen en el ejercicio de sus funciones.

 

- Proponemos eliminar las facultades electorales de los magistrados de las altas cortes para que se enfoquen en la justicia y no en política.

 

- Crearemos el Tribunal de Aforados Judiciales, órgano independiente y eficaz encargado de investigar y juzgar los magistrados y altos dignatarios del Estado.

 

Impulsaremos desde el gobierno una propuesta para reducir la inimputabilidad a partir de los 12 años para los menores que atenten contra la vida y los bienes de los ciudadanos.

 

Á. J.: ¿Modificaría el actual esquema de juzgamiento disciplinario de los abogados? ¿Cree que es necesario adelantar cambios en la formación de los futuros abogados?

 

G. V. L.: En cuanto a los abogados, nuestras propuestas son las siguientes:

 

Reestructuraremos su marco normativo, que contempla, entre otros, excluir del ejercicio a los abogados condenados por delitos contra la administración de justicia, cohecho o concusión. Crearemos un sistema de evaluación continuo que permita equiparar y afianzar los conocimientos en las áreas fundamentales del Derecho.

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado? ¿Cómo enfrentar la multitud de demandas contra la nación en escenarios internacionales que amenazan el territorio y las finanzas estatales?

 

G. V. L.: Proponemos expedir parámetros para que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) pueda realizar conciliaciones contenciosas, basadas en la identificación de las causas frecuentes de condena al Estado.

 

En cuanto a los escenarios internacionales, nuestra política pública de relaciones internacionales contempla acciones específicas en este aspecto:

 

1. Centralizaremos la defensa jurídica del Estado de manera efectiva en la ANDJE, implementando un modelo mixto de defensa.
   
    
2. Trasladaremos a la competencia de la gestión y la defensa de litigios ante todos los tribunales internacionales.
   
    
3. Crearemos un modelo mixto de defensa mucho más efectivo, en el que el Estado participe activamente con miembros de la ANDJE y los más destacados profesionales del sector privado. Así lo amerita el monto de las pretensiones y los intereses superiores de la Nación. Muchos de los litigios que enfrentamos internacionalmente son producto de la falta de seguridad jurídica
   
    
4. Implementar dentro de la ANDJE un mecanismo de coordinación en las negociaciones de acuerdos internacionales para armonizar las obligaciones y prevenir litigios.
   
    
5. Promover el arreglo directo entre las partes antes de acudir al tribunal, evaluando las perspectivas de litigio.

 

Simplificaremos el orden jurídico y derogaremos las normas obsoletas o repetidas e implementaremos un sistema para la identificación y el uso obligatorio del precedente judicial

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Cuántos recursos del presupuesto destinará para mejorar el sector justicia?

 

G. V. L.: Nuestra propuesta tiene como objetivos la judicialización efectiva y reducción de la impunidad, el fortalecimiento de la Policía Nacional, la puesta en marcha de una estrategia integral contra los delitos de mayor impacto y un trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

 

Lideraremos una lucha frontal para lograr cero impunidad, acortando los tiempos del juicio penal, lo que permitirá aumentar el número de juicios y que los criminales sean efectivamente castigados. La justicia deberá ser mucho más severa con los delincuentes reincidentes. Habrá más jueces y menos procedimientos, que dilatan de forma innecesaria la justicia.

 

Impulsaremos desde el gobierno una propuesta para reducir la inimputabilidad a partir de los 12 años para los menores que atenten contra la vida y los bienes de los ciudadanos.

 

Á. J.: ¿Qué planes de descongestión tiene previstos? ¿Qué aspectos de modernización de la justicia propone?

 

G. V. L.: Frente a la descongestión judicial proponemos:

 

- Reducir a un año el tiempo de duración de los procesos judiciales e implementaremos expedientes electrónicos para la consulta permanente, de tal modo que se pueda acceder a todas las piezas procesales y radicar memoriales disminuyendo los tiempos.

 

- También restringiremos el uso abusivo de la segunda instancia y desarrollaremos la figura de juez de tiempo parcial para que abogados en ejercicio puedan administrar justicia durante una parte de su jornada laboral (medio tiempo) y sin dedicación exclusiva para el efecto.

 

Á. J.: ¿Cómo garantizará la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros y nacionales? ¿Qué propone para reglamentar las consultas previas?

 

G. V. L.: Simplificaremos el orden jurídico y derogaremos las normas obsoletas o repetidas e implementaremos un sistema para la identificación y el uso obligatorio del precedente judicial. Crearemos un sistema de consulta previa ágil, sin intermediarios, que atienda al interés general. Protegeremos los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) del Estado.

Humberto De La Calle

 

Impulsar un cambio profundo en la defensa judicial del Estado, garantizar la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recuperar la reputación y la mística de la carrera judicial y atacar con toda fortaleza la corrupción judicial son algunas de las propuestas en materia de justicia del candidato presidencial Humberto De La Calle Lombana.

 

En la hoja de vida de este dirigente liberal, se destaca el haber sido juez penal y municipal, Registrador Nacional del Estado Civil, magistrado de la Corte Suprema, ministro de Gobierno y del Interior, Vicepresidente de la República y Jefe del Equipo Negociador del Gobierno con las Farc.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué puntos concretos tendría una reforma a la justicia impulsada por su gobierno? ¿Qué cambios haría a los organismos de control y a las funciones electorales de las altas cortes? ¿Cómo debería ser el juzgamiento de altos funcionarios del Estado?

 

Humberto De La Calle Lombana: Proponemos una reforma profunda a la justicia para erradicar las prácticas que deshonran su independencia y rectitud. Eliminaré la mora judicial y pondré en marcha un proceso acelerado de descongestión judicial. Instauraré el expediente digital y promoveré formas alternativas de solucionar controversias. Impulsaré la formación de jueces e incorporaremos criterios gerenciales, que permitan una mejor vigilancia y seguimiento a la gestión de los jueces.

 

Modificaremos las facultades electorales de las altas cortes para evitar la politización de la justicia. Reformaré la manera como se eligen los miembros del Consejo Nacional Electoral y la postulación de estos candidatos para garantizar mayor independencia.

 

En cuanto al juzgamiento de los altos funcionarios, debemos tener en cuenta que ellos deben ser ejemplo de la sociedad. Una falta a la ley de un alto dignatario genera un doble daño, porque afecta la confianza pública en las instituciones. Las reglas sobre el juez natural, la figura del fuero y las demás normas especiales aplicables a ellos deben revisarse para asegurar mayor severidad frente a los delitos y a las infracciones de quienes llevan sobre sus hombros las altas responsabilidades del Estado.

 

Á. J.: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la acción de tutela?

 

H. De La C. L.: Cuando creamos la acción de tutela en 1991, lo hicimos pensando en un mecanismo que permitiera garantizar y defender los derechos fundamentales de los colombianos. La tutela es parte central del espíritu de la Carta y constituye uno de los logros más trascendentales de la historia institucional del país. En medio de un panorama generalizado de justicia ineficaz e incierta, la tutela se destaca como una de las pocas herramientas judiciales que verdaderamente les brindan a los ciudadanos soluciones concretas y prontas.

 

Soy consciente de que, en ocasiones, se cometen abusos a través de ella, pero siendo una de las piedras preciosas del abanico de instituciones judiciales de Colombia, la posibilidad de una reforma solo la tendré dentro de mis posibilidades, en la medida y con la certeza de que no se ponga en riesgo su eficacia ni su naturaleza prevalente.

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la JEP? ¿Cómo fortalecería la gestión de esta nueva jurisdicción?

 

H. De La C. L.: Mi compromiso con cumplir lo acordado en La Habana es absoluto. Es la palabra empeñada. Ejerceré mi liderazgo para garantizar la puesta en marcha de la JEP. Velaré para que funcione y sea garantía de imparcialidad. La JEP es una forma de justicia prevista no para ejercer venganza, sino como un mecanismo que nos permite pasar la página del dolor de la guerra y construir un sistema más robusto para beneficio de todos. Por esta razón, la JEP debe funcionar en forma óptima y cumplir únicamente el propósito para el cual fue creada.

 

Así como estoy comprometido con esto, le exigiré a los miembros de las antiguas Farc que cumplan con sus compromisos. Quienes no cumplan con lo pactado serán castigados con todo el peso de la ley y deberán salir inmediatamente de la JEP.

 

“Si bien entiendo que el sistema de delación es importante en la política criminal, debemos buscar mayor rigor y ponderación en la utilización de esos mecanismos”.

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial? ¿Es necesario adelantar cambios en la formación de estos profesionales? ¿Modificaría el actual esquema de juzgamiento de los abogados?

 

H. De La C. L.: La carrera judicial debe recuperar su reputación y mística. El daño que provoca a las instituciones el delito de un juez es devastador para la sociedad, porque echa al traste la confianza pública sobre el sistema y genera un manto de duda casi irreparable sobre la actuación previa del despacho e, incluso, de todo el cuerpo judicial en su conjunto. Atacaremos con toda fortaleza la corrupción judicial, acabaremos con la puerta giratoria de la justicia y pondremos fin al clientelismo judicial.

 

Los abogados que opten por servirle al país como defensores judiciales deberán ganarse ese derecho con estudios adicionales y exámenes rigurosos. Vamos a darle un enorme impulso a las escuelas de jueces en Colombia para asegurar que estos cuenten con una óptima formación. Revisaremos los programas académicos y generaremos los incentivos correctos para que los mejores abogados vean la carrera judicial como una de sus opciones. Además, vamos a incorporar un sistema de metas e indicadores para que la ciudadanía pueda vigilar la gestión de la Rama.

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado? ¿Cómo enfrentar la multitud de demandas contra la nación en escenarios internacionales que amenazan el territorio y las finanzas estatales?

 

H. De La C. L.: Impulsaremos un cambio profundo en la defensa judicial del Estado. La nación ha sido sujeto de demandas por cantidades astronómicas de dinero, y son muchas las condenas que se imponen cada año; esto impide invertir en áreas vitales para el desarrollo. La defensa del Estado es un asunto que merece el mayor cuidado. Si bien la creación de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado ha sido positiva, no ha generado un cambio suficiente en la tendencia de las condenas adversas a la nación. Reformaré dicha entidad para que sus funciones vayan más allá de dar directrices, intervenir en ciertos casos y generar un trabajo estadístico. Crearemos el Estatuto del Defensor Público, que implicará el cumplimiento de principios estrictos y cargas especiales para quienes quieran ser designados como representantes judiciales de la nación. Esta actividad solo podrá ser desempeñada por aquellos que superen una estricta evaluación periódica de conocimientos.

 

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Cuántos recursos del presupuesto destinará para mejorar el sector justicia? ¿Qué planes de descongestión tiene previstos? ¿Qué aspectos de modernización de la justicia propone?

 

H. De La C. L.: Me comprometo a volver a poner la justicia al servicio de los ciudadanos y a devolver la confianza en el sistema judicial. Una de mis prioridades será acabar de raíz con la mora judicial. Construiré un mecanismo de diálogo con una agenda definida. La reestructuración de la Rama debe tener como primer objetivo que los procesos no tomen más de dos años, sin importar su complejidad. Para ello, pondremos en marcha un programa gigante de descongestión, con una tasa base de evacuación anual del 120 %, lo que hará posible poner al día el sistema en siete años.

 

Ya que la meta es recuperar la credibilidad y eliminar barreras de entrada al sistema, debemos prepararnos para atender una demanda mayor. Para ello, bajaremos los costos con la reducción del tiempo de duración y la implementación del expediente digital y de un sistema de metas e indicadores. Así mismo, buscaremos que los jueces se concentren en una o dos subespecialidades para asegurar la expedición de sentencias de calidad.

 

Como la justicia es un pilar esencial de mi propuesta, no dudaré en aumentar el presupuesto de la Rama en lo que sea necesario para alcanzar el sueño de una justicia pronta y justa. Sin embargo, tengo que decir que, después de muchos años de analizar el tema, creo que la reestructuración de la justicia alrededor de un modelo más gerencial va a generar múltiples ahorros, lo que permitirá que las necesidades de inversión no sean tan elevadas.

 

“Los abogados que opten por servirle al país como defensores judiciales deberán ganarse ese derecho con estudios adicionales y exámenes rigurosos”

 

Á. J.: ¿Cómo garantizará la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros y nacionales? ¿Qué propone para reglamentar las consultas previas?

 

H. De La C. L.: Lo primero es entender que la seguridad jurídica no es solo un problema de los abogados, sino una prioridad de la sociedad y del gobierno. La certeza en las reglas del juego y la eficacia de las normas jurídicas es un factor determinante para lograr el progreso del país, pues sin ello no es posible alcanzar niveles importantes de crecimiento económico. Hay que eliminar leyes innecesarias, depurar el ordenamiento jurídico y simplificar su estructura y concepción para hacerlas más asequibles a la ciudadanía. La reducción de la duración de los procesos se sumará a un trabajo orientado a facilitar el acceso a la justicia. Facilitaremos el seguimiento y la trazabilidad sobre las decisiones de los jueces, para empoderar al ciudadano sobre el sistema judicial.

 

Los mecanismos de consulta popular y consulta previa son muestra de una democracia vigorosa, en donde se da cabida real a la participación ciudadana. Sin embargo, es necesario establecer reglas de juego claras que les permitan a los inversionistas saber cuáles son los procedimientos que deben seguir y los tiempos que pueden tardar. Impulsaré la reglamentación de estos mecanismos mediante las leyes correspondientes. Definiremos reglas ciertas para la determinación del inventario de comunidades potencialmente afectadas. Promoveremos la estandarización de procedimientos y mejoraremos los sistemas de información y de interlocución entre las autoridades nacionales y locales, las comunidades y las empresas.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentaría los reclamos de justicia por los delitos de alto impacto en los que parte de la opinión pública pide sanciones como la cadena perpetua y la pena de muerte?

 

H. De La C. L.: Promoveré la cadena perpetua para los violadores de menores y me encargaré de velar por el cumplimiento de las normas que impiden que los corruptos puedan recibir el beneficio de casa por cárcel para cumplir sus condenas. Como parte de estas acciones, impulsaré reformas necesarias para evitar que la figura del principio de oportunidad se convierta en un mecanismo de impunidad que permita que los delincuentes negocien su salida de la cárcel con un tiempo de privación de la libertad demasiado bajo. Si bien entiendo que el sistema de delación es importante en la política criminal, debemos buscar mayor rigor y ponderación en la utilización de esos mecanismos.

Iván Duque Márquez

 

Enfrentar con efectividad el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y la impunidad; asignar un presupuesto fijo para la Rama Judicial; preservar y proteger la tutela y crear una colegiatura para los abogados son algunas de las propuestas del candidato a la Presidencia por el Partido Centro Democrático, Iván Duque Márquez.

 

Este bogotano y exsenador de la República se graduó como abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Es magíster en Derecho Económico de American University (EE UU) y magíster en Gerencia de Políticas Públicas en Georgetown University (EE UU).

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué puntos concretos tendría una reforma a la justicia impulsada por su gobierno?

 

Iván Duque Márquez: La reforma que proponemos va en dos direcciones: la primera, corresponde a la configuración de la Rama Judicial; la segunda, al modo como se administra o imparte la justicia.

 

En el primer caso, es evidente que la multiplicidad de jurisdicciones genera un reto enorme en capacidad instalada, eficiencia y efectividad del sistema. Además, con la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se aumenta la presión fiscal, se crea un híbrido que sustituye a la jurisdicción ordinaria, y se genera un traslape con la complementariedad.

 

Proponemos depurar los despachos judiciales con pequeñas causas y promover una jurisdicción de múltiples causas que opere como una primera instancia expedita encargada (en las casas de justicia) de las cuantías menores, la baja peligrosidad y los demás asuntos que se puedan evacuar en dos audiencias y en un procedimiento sumario y eficiente.

 

Así mismo, planteamos una comisión que no se ocupe solo de asuntos de política criminal, sino también de cuestiones administrativas. Y en ella deben participar los ministros de Hacienda y de Justicia como integrantes, con derecho a voz, pero no a voto. Esto garantiza que discusiones como la del Proyecto del Presupuesto General de la Nación se desarrollen conforme a las necesidades de toda la Rama, y no solo de una de las jurisdicciones, ni tampoco por la capacidad de lobby o de la agenda política del momento.

 

Además, creemos que esta Rama debe atraer a los mejores talentos, mediante incentivos a los estudiantes de Derecho de las mejores escuelas y facultades, y mediante la nivelación salarial con respecto a las actuales altas cortes. No solo poniendo topes, sino congelando los aumentos por un periodo hasta que se alcance un equilibrio.

 

En virtud de que los mecanismos policivos, notariales y alternos de solución de controversias han sido de gran alivio, debemos orientarlos a aligerar la administración judicial.

 

Finalmente, para el funcionamiento de la Rama debe asignarse un porcentaje fijo del Presupuesto General de la Nación, independientemente del monto por el que este se apruebe. Así, se agota la discusión y se garantiza el normal desarrollo de sus actividades.

 

Á. J.: ¿Y frente al segundo punto?

 

I. D. M.: Con respecto a la administración de justicia, esta tiene el objetivo de que los niveles de impunidad bajen a cero. La nuestra es una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Para lograrlo, no creo que el populismo punitivo sea la herramienta, ni que la penalización indiscriminada sea la solución.

 

En materia penal, se debe garantizar que los subrogados y beneficios sean excepcionales, para delitos muy específicos, y que las penas se cumplan; ello abatirá la impunidad y depurará la congestión. También se deben eliminar las audiencias de garantías para cualquier procedimiento y ampliar los términos para ciertas autorizaciones, con lo cual se evita el desgaste del proceso penal.

Las justicias ordinaria, constitucional y contencioso administrativa conforman el trípode sobre el cual reposa nuestro Estado de derecho. Debido a que la implementación de jurisdicciones atípicas, híbridas o la revisión entre estas ha generado toda suerte de interpretaciones e inseguridad jurídica, proponemos:

 

- Sea con una o con varias altas cortes, que estas sean unificadoras de jurisprudencia e instancias excepcionales.

 

- Que el acceso a plazas en la(s) alta(s) corte(s) obligue a un tiempo mínimo de judicatura de los aspirantes, así como a cooptación y lista de elegibles, limitando la elección por parte del Congreso.

 

- Que los tribunales sean segunda instancia (especial), pero que la primera instancia tenga dos etapas (una suerte de revisión previa).

 

- Que la tutela sea excepcional en el proceso judicial y ante la misma instancia. Solamente debe controlar temas esenciales, como, por ejemplo, pruebas.

 

- Deslocalizar la justicia. En las localidades de Bogotá y en los municipios debe haber un verdadero acceso a la justicia; que no sea un periplo costoso y desalentador acudir a esta, sino que en un lugar se encuentre todo, por ejemplo, con los jueces de múltiples causas.

 

Á. J.: Explíquenos un poco su propuesta de una corte única de justicia.

 

I. D. M.: En esta discusión sobre las altas cortes, que es un debate abierto, hay que analizar un contexto en el que las tres jurisdicciones, el Ministerio de Justicia y del Derecho, las facultades de Derecho y las asociaciones y colegios de abogados puedan trabajar en un proyecto concertado sobre si le conviene a Colombia llegar a una Corte Suprema Única y de última instancia, con facultades de revisión de los casos más importantes y salas especializadas por temas. Y que ella misma determine dos instancias. Recordemos que 146 países de Naciones Unidas tienen corte única, y también la tienen los 14 países con mejor desempeño en el Índice de Imperio de la Ley.

 

Á. J.: ¿Qué hacer frente a los organismos de control?

 

I. D. M.: Es evidente que las contralorías y las personerías no pueden ser apéndices políticos ni convidados de piedra. Los recursos se pierden, las obras no se hacen, el presupuesto se desperdicia y hay una hiperinflación normativa y una hiperregulación que no se ha traducido en mayor transparencia. Frente a tales episodios, considero que se deben fortalecer el Ministerio Público nacional, a través de la Procuraduría General, así como el control fiscal nacional, por medio de la Contraloría General.

 

Hay que analizar si le conviene a Colombia llegar a una Corte Suprema Única y de última instancia, con facultades de revisión de los casos más importantes y salas especializadas por temas.

 

Á. J.: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la tutela?

 

I. D. M.: La tutela debe permanecer. Vamos a preservarla, a protegerla. Pero no debe operar contra providencias judiciales; en igual sentido, no se puede esperar a que los sujetos procesales agoten todo el proceso y, al final, opten por ejercerla para retrotraerlo. Esta acción debe garantizar su esencia en asuntos como vulneración evidente de derechos fundamentales, la negación o la controversia de pruebas, inter alia. La reforzaremos, para que haga más de lo que le corresponde (proteger derechos vulnerados o en riesgo) y menos de lo que debe hacer el resto de la justicia (resolver aquello para lo que existen mecanismos idóneos).

 

En mi propuesta de una sola alta corte, estimo que una sala especializada se dedique solamente a este tema de revisión y unificación, o que una jurisdicción aparte sea la de tutela.

 

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿Cómo fortalecería la gestión de esta nueva jurisdicción?

 

I. D. M.: He propuesto que la JEP debe modificarse, y para ello se puede acudir a un acto legislativo o un referendo. La discusión no es un capricho político ni una posición reticente. Es un tema de Estado de derecho, de legalidad, de no impunidad, de verdad, de justicia y de reparación efectiva.

 

Entre otras cosas, consideramos que la JEP no debe igualar a civiles con criminales de lesa humanidad. El hecho de que el Ministerio Público, como garante del debido proceso, actúe como una suerte de invitado, y no como verificador, es inaceptable.

 

Con respecto a la necesidad de una adecuada administración judicial, no se puede entender que la JEP pueda contratar como si fuera una persona jurídica de Derecho Privado, mientras que la Rama Judicial se debe someter al tortuoso camino del Estatuto General de Contratación y a un presupuesto que no alcanza.

 

El “Acuerdo” fue derrotado en las urnas con el plebiscito. Ese acuerdo, así como la JEP, no hacen parte del bloque de constitucionalidad. Lo ha dicho la Corte y lo dicta el sentido común; en tal virtud, el Gobierno no puede pretender mostrar algo como si fuera pétreo o un instrumento internacional.

 

Colombia es Estado parte de la Corte Penal Internacional. Por ende, ya existe la especialidad y la complementariedad. Es incomprensible que la justicia ordinaria sea suspendida para dar cabida a un tribunal atípico, donde la selección de sus magistrados tuvo toda clase de falencias, el gasto es absurdo en la situación fiscal actual, y al que se le han enviado expedientes de manera desordenada con el único propósito de justificar su existencia y entrada en funcionamiento.

 

Yo hubiera querido una sala de carácter transicional en la Corte Suprema de Justicia, que habría facilitado mucho más todo el proceso, en primer lugar, y desde el punto de vista administrativo.

 

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial? ¿Es necesario adelantar cambios en la formación de estos profesionales?

 

I. D. M.: La lucha contra la corrupción y la impunidad es una de las principales banderas de nuestra propuesta para Colombia. Desde luego, el actual desprestigio de la justicia es doloroso para todos, a pesar de que los delitos en contra de la administración de justicia ya han sido tipificados. Por ello, reitero que lo que no debe haber son subrogados ni beneficios: se debe aplicar toda la sanción. Todo el que viole la ley debe tener una condena.

 

He insistido en que el ingreso de buenos abogados solamente se logra con salarios competitivos, procesos de selección y reclutamiento transparentes, una verdadera carrera judicial y una escala salarial que no genere la disparidad actual entre la primera instancia y la última.

 

Creo que los juristas deben tener colegiatura. Eso garantizaría la independencia de su ejercicio y que sean juzgados por sus pares, como el modelo de barras y como debe ser un tribunal ético y disciplinario, sin perjuicio de que los temas penales sean de la jurisdicción ordinaria.

 

Las especializaciones y el rigor profesional se depuran cuando los mismos abogados se interesan en mejorar su profesión, en vigilar a sus pares, en promover las discusiones, la vigilancia de la calidad, etc.

 

Quiero reiterarlo: mi propósito es enfrentar con efectividad el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y la impunidad.

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado? ¿Cómo enfrentar la multitud de demandas contra la nación en escenarios internacionales que amenazan el territorio y las finanzas estatales?

 

I. D. M.: La defensa jurídica del Estado es otra deuda del actual Gobierno. Se creó una agencia que podría haber centralizado y coordinado esta materia, para evitar las condenas por reparaciones directas y daños, entre otras, pero se convirtió en una instancia de conceptualización y de participación voluntaria. Y para ello ya existían las oficinas jurídicas en las entidades. Creo que esa agencia está en deuda con los resultados, y que la defensa jurídica del Estado debe ser, precisamente, un asunto de Estado, no de gobierno, ni burocrático o de inmediatez.

 

Creo que los juristas deben tener colegiatura. Eso garantizaría la independencia de su ejercicio y que sean juzgados por sus pares, como el modelo de barras y como debe ser un tribunal ético y disciplinario.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Qué planes de descongestión tiene previstos? ¿Qué aspectos de modernización de la justicia propone?

 

I. D. M.: Además de lo que indiqué en el punto uno, considero fundamental contar con expedientes electrónicos y despachos judiciales sistematizados, que no los tenemos. La justicia electrónica ya existe en el mundo en temas como conciliación y asuntos civiles y comerciales. Esta modalidad no solo disminuye costos, sino que garantiza el acceso a la justicia: la hace fácil, rápida y económica al ciudadano.

 

Así como se ha logrado avanzar en materias de policía administrativa y facultades jurisdiccionales de ciertas entidades ejecutivas, la justicia debe llegar a plataformas virtuales de acceso, alimentación de información y obtención de la decisión.

 

Los planes de descongestión y de contingencia siempre se anuncian como “temporales”, pero se convierten en permanentes. Hay que depurar el sistema, y para ello sugiero revisar lo propuesto en cuanto a una justicia de causa múltiple, como primera instancia, y que en ciudades como Bogotá se imparta justicia desde las 20 localidades.

 

Á. J.: ¿Qué hacer para mejorar los temas de seguridad jurídica? ¿Cómo regular la consulta previa y las consultas populares?

 

I. D. M.: La seguridad jurídica debe emanar de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, y de los contratos en que se hayan pactado dichas cláusulas en interés del Estado.

 

La buena fe debe ser el eje de la relación. La imprevisión o los hechos sobrevinientes deben ser excepcionales, para que se obligue a renegociar contratos o instrumentos, limitando así el riesgo jurídico.

 

En ese sentido, he propuesto no negociar más tratados de libre comercio hasta tanto no aprovechemos y evaluemos los vigentes, y revisemos los contratos derivados de estos para estar seguros de que la estabilidad jurídica ha cumplido su propósito.

 

En cuanto a la consulta previa, esta debe ser reglamentada de manera apropiada o desarrollada en una ley estatutaria que defina muy bien los tiempos, los derechos derivados de su invocación y el equilibrio del interés general.

 

La justicia electrónica ya existe en el mundo en temas como conciliación y asuntos civiles y comerciales. Esta modalidad no solo disminuye costos, sino que garantiza el acceso a la justicia: la hace fácil, rápida y económica al ciudadano.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentaría los reclamos de justicia por los delitos de alto impacto en los que la opinión pública en general pide sanciones como la cadena perpetua y la pena de muerte?

 

I. D. M.: No soy amigo del populismo punitivo, pero creo que el Derecho Penal debe cumplir su cometido de enviar un mensaje de prevención general, de sanción y de desincentivar el crimen. Para lo único que estimo conveniente la sanción perpetua es para los crímenes que victimizan a los niños y jóvenes, como es el caso de los accesos carnales, la tortura, el reclutamiento forzado, la esclavitud y la trata. Y la revictimización que estos crímenes acarrean.

 

Los coloquialmente llamados “violadores de niños” tienen una condición irreversible, deben tener una sanción irredimible. Creo que para otros temas, como, por ejemplo, la corrupción privada, además de la sanción penal, una buenas sanciones administrativas e inhabilidades lograrán desincentivarlo y generar una cultura de cero tolerancia con estas prácticas.

Gustavo Francisco Petro

 

A pesar de los múltiples intentos de ÁMBITO JURÍDICO para obtener una entrevista con el candidato Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana no atendió a este medio de comunicación.

 

Presentamos un resumen de lo que en el sitio web de su campaña se puede conocer sobre sus propuestas en materia de justicia.

 

Despolitización y meritocracia: los miembros de las altas cortes serán elegidos en función de sus méritos, su experiencia, su ética y transparencia en su hoja de vida, con independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y libremente de las injerencias de terceros o intereses particulares.

 

Reformulación del Consejo Superior de la Judicatura: será remplazado por un organismo gerencial que administre la logística de la justicia, mediante un sistema de gestión administrativa eficiente. Lo anterior haría revivir la antigua reforma de Equilibrio de Poderes, declarada, en la mayoría de su articulado, inconstitucional.

 

Investigación y sanciones a aforados: las conductas y responsabilidades de magistrados, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y Fiscal General de la Nación serán investigadas y juzgadas por un órgano que actúe rápida, rigurosa e imparcialmente. “Magistratura y judicatura dejarán de ser plataformas electorales y de beneficios económicos”.

 

Profundización de la oralidad en los procesos judiciales: se busca, en este ámbito neurálgico para la aplicación de justicia, continuar con la agilización de los procedimientos. Se reformularán, principalmente, los códigos de procedimiento, con el fin de encontrar salidas eficientes y oportunas a los conflictos que se someten a la función jurisdiccional.

 

Mejoramiento del sistema carcelario y penitenciario: las cárceles continúan siendo un grave problema para el Estado y la sociedad colombiana en general. Se buscará solucionar esta problemática y transformar las cárceles en verdaderos espacios de rehabilitación.

 

Justicia y seguridad para vivir sin miedo y con libertad: se perseguirá y sancionará la delincuencia bajo una lógica que combine la disuasión, la lucha frontal contra delitos y crímenes, así como la sanción judicial proporcionada, pronta y efectiva. Se instituirá una política antinarcóticos integral. Las víctimas de adicción al consumo de sustancias sicoactivas serán tratadas bajo un enfoque de salud pública, no como delincuentes.

 

Paz con justicia: las tierras arrebatadas por la violencia, las mafias y la politiquería a las víctimas les serán devueltas sin demora, acompañadas de capital de trabajo, tecnología y acceso a mercados justos para asegurar la productividad y la generación de ingresos. Todos los programas, incluyendo salud, educación y vivienda, serán integrales y tendrán en cuenta las necesidades especiales de las víctimas para el restablecimiento pleno de sus derechos.

 

Finalmente,  el programa hace énfasis en la ética aplicada al ejercicio del Derecho, tanto en la formación académica como en el control del desempeño profesional: lo legal debe identificarse con lo ético, por eso haremos más transparente y efectivo el sistema judicial, garantizando seguridad jurídica.