Ministerio de Salud financiaría atención a migrantes no asegurados

El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer un proyecto de resolución con el cual asignaría una suma de $ 326.926 millones para cofinanciar la atención de urgencias prestadas a la población migrante no asegurada o en condición irregular en Colombia.  Según el documento, esta medida tendría como objetivo cubrir las deudas acumuladas desde el año 2020 hasta el primer semestre del 2024, las cuales deberán estar auditadas y reconocidas, excluyendo cualquier interés de mora.

Así pues, la distribución de estos recursos se realizaría con base en criterios específicos que priorizarán los departamentos y distritos con mayor carga de deuda y concentración de población migrante, según los reportes de Migración Colombia. De este modo, se buscaría garantizar que las áreas más afectadas reciban el apoyo necesario para mantener la calidad del servicio en sus sistemas de salud. (Lea: titulares de cédula de extranjería pueden solicitar reexpedición de documento en caso recibirlo con errores)

En este sentido, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas, privadas y mixtas habilitadas serían las beneficiarias directas de estos fondos, que serían administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Esto garantizaría que los recursos lleguen directamente a las entidades que han estado asumiendo los costos de la atención a la población migrante vulnerable.

Asimismo, el proyecto establecería que las entidades territoriales deberán incorporar estos recursos en sus presupuestos de acuerdo con la normativa vigente. Esto implicaría una planificación financiera por parte de los departamentos y distritos, quienes deberán asegurar que los fondos se utilicen exclusivamente para el propósito destinado.

Además, las IPS tendrían la obligación de registrar de manera adecuada los giros recibidos y su correcta aplicación en sus estados financieros. Este control sería fundamental para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y garantizar que se utilicen de manera eficiente y efectiva.

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