22 de Noviembre de 2024 /
Actualizado hace 4 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

¿Por qué necesitamos una ley de IA?

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José Miguel De la Calle
Socio en Garrigues

Los robots basados en inteligencia artificial (IA) pueden procesar datos de forma masiva y llegar a ser 7.000 veces más productivos que el ser humano. También pueden aprender y mejorar sus procesos de forma permanente y con certeza llegarán a sustituir al hombre en muchos trabajos repetitivos. Sin embargo, lo que hace que la IA sea verdaderamente única, que constituya un hito sin precedentes en la historia de la humanidad, por encima de la invención de la imprenta o la revolución industrial, es el hecho de que la maquina dotada con IA puede tomar decisiones por sí misma y puede producir sus propias ideas.

Los robots estarán preparados para optimizar de forma continua los procesos productivos en los que intervienen, e incluso podrán reformular su propio diseño operacional y plantearse una forma diferente de actuar. Las maquinas podrán diseñar y fabricar nuevas máquinas, también dotadas con inteligencia artificial. Podrán interactuar en ambientes mixtos en los que intervienen también personas humanas y podrán dirigir o gobernar esos ambientes productivos. Con el tiempo habrá menos participación humana y más participación artificial en todos los niveles de la actividad empresarial, incluyendo los niveles de dirección y decisión estratégica.

Según los augurios de los más expertos, los efectos positivos serán enormes en muy diferentes campos como la predicción climática, la prevención del fraude, el descubrimiento de medicamentos y el aumento de la productividad empresarial, entre muchos otros. Sin embargo, surgen dos grandes grupos de preocupaciones estructurales: i. ¿cómo lograr que los beneficios de la IA se trasmitan homogéneamente a toda la humanidad y no se concentren en unas pocas empresas y unos pocos países, esto es, aquellos que están a la vanguardia en inversión e investigación? y ii. ¿cómo evitar que -sobre todo en territorios con un marco jurídico débil- personas, empresas o gobiernos utilicen indebidamente las herramientas de IA para fines ilegales o abusivos, haciendo daño a las personas o a la sociedad en general?

En el primer aspecto surge la cuestión altamente debatida sobre el impacto que la IA va a tener en el empleo, pero no tanto sobre el valor absoluto de empleo a nivel mundial, sino sobre si la IA conlleva un crecimiento del empleo en los países más prósperos y un aumento correlativo del desempleo en aquellos países con menos inversión en IA, que serán precisamente los más pobres.

En lo segundo, el reto más inminente está en la necesidad de crear nuevas regulaciones que aseguren el principio rector según el cual toda IA debe estar supervisada por el hombre, y que definan y clasifiquen los riesgos asociados a la formulación de herramientas tecnológicas basadas en IA, como lo hizo recientemente Europa al adoptar la primera legislación mundial sobre la materia.

En el caso colombiano, es importante trabajar desde ya en una legislación, pero no para apresurarse a importar los principios y criterios de la norma europea, sino, sobre todo, para ver cómo nos convertimos en un país con potencial real en la generación local de IA y hacernos participes de los beneficios en productividad económica ya referidos, a la vez de alejarnos de los impactos colaterales que infortunadamente van a sufrir aquellos que no se sumen con toda decisión a esta nueva era.

Vale señalar, para finalizar, que el gran desafío es entender cuál sería el ente público e independiente llamado a fungir como autoridad regulatoria y sancionatoria, a sabiendas que la IA impacta diferentes áreas del derecho público y privado, como el derecho de propiedad, los derechos de autor, la protección de datos, el derecho a la información (y a no ser desinformado), el campo de las obligaciones y los contratos y las libertades personales frente a los poderes gubernamentales, entre otros. Recordemos que ya se vienen dando controversias a nivel mundial por el uso de la IA para fines incorrectos como el puntaje social o la alimentación de algoritmos con información ajena y sin autorización.

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