Proteger derechos en lo local

Carolina Villadiego Burbano

Líder del equipo de América Latina

Comisión Internacional de Juristas

El uso de la acción de tutela es alto en Colombia. Solo en el 2022 se radicaron 663.463 tutelas en el país, según las estadísticas de la Corte Constitucional, es decir, un promedio de 1.817 tutelas por día, lo que muestra que volvimos a las cifras prepandemia (620.302, en el 2019), después de la disminución que hubo en el 2020 y en el 2021.

En promedio, solo alrededor del 39 % de las tutelas fueron concedidas en primera instancia en el 2022, mientras que el 26 % fueron declaradas hecho superado, el 16 % fueron negadas y el 15 % fueron improcedentes. Este promedio varía de manera significativa entre derechos, pues mientras que el 63 % de las tutelas en materia de salud se concedieron en primera instancia, solo el 39 % se concedieron en el derecho de petición y tan solo el 19 % en el derecho al debido proceso. 

Ahora bien, la información del comportamiento de la tutela podría ser utilizada por las autoridades municipales, distritales, departamentales y nacionales como fundamento para establecer o mejorar políticas públicas en relación con los derechos fundamentales. Es decir, las estadísticas sobre el uso de la tutela, si son tomadas en serio por las autoridades y los particulares, deberían servir para que se adoptaran medidas que solucionaran las principales reclamaciones ciudadanas. Esas medidas deberían incluir, tanto la prevención de las violaciones, como las soluciones de las altas demandas ciudadanas en materia de derechos fundamentales en el nivel local.

Por ejemplo, en el 2022, Medellín tuvo el primer lugar, por delante de Bogotá, en la radicación de tutelas de ayuda humanitaria, reparación de población en situación de desplazamiento forzado y reconocimiento de persona en situación de desplazamiento forzado. La mayoría de las reclamaciones se concentraron en la entrega y la prórroga de la ayuda humanitaria, la comunicación de fecha cierta sobre el pago de esa ayuda, la reparación integral y la inclusión en el registro único de víctimas. En estos casos, la decisión de primera instancia más adoptada en los tres derechos fue declarar los hechos como superados.

En Cali, la protección de los derechos sexuales y reproductivos fue frecuente, dado que ocupó el segundo lugar de las tutelas radicadas en este derecho en el 2022, solo detrás de Bogotá, siendo el acceso a los tratamientos de fertilidad la pretensión más reclamada; dicho sea de paso, las tutelas fueron concedidas, en primera instancia, en un poco más del 50 % de los casos. Ese mismo año, Bucaramanga ocupó el segundo lugar, por detrás de Bogotá, en la radicación de tutelas en materia de participación política, principalmente por reclamaciones de participación de minorías étnicas, pero la mayoría de las tutelas fueron declaradas improcedentes en primera instancia.

También en el 2022, Popayán fue la segunda ciudad donde más tutelas se presentaron en materia de protección del derecho a la identidad cultural y la mayoría fueron declaradas improcedentes o negadas. Cartagena fue la segunda ciudad con más cantidad de tutelas en materia de consulta previa y, solo un poco más del 25 %, fueron concedidas en primera instancia. Y Barranquilla fue la segunda ciudad en la que más se radicaron tutelas en materia de habeas data, buen nombre e intimidad, pero la mayoría fueron negadas o declaradas improcedentes. 

Los datos de tutela, desagregados localmente, brindan información relevante sobre las amenazas y vulneraciones a los derechos fundamentales que las autoridades deben conocer para garantizar derechos y priorizar soluciones frente a las reclamaciones ciudadanas. En un año de elecciones regionales, los(as) aspirantes a alcaldes(as) y gobernadores(as) podrían analizar en qué temas deberían priorizar las respuestas gubernamentales para proteger los derechos fundamentales en el nivel municipal y departamental. Y las autoridades nacionales podrían definir estrategias concretas para proteger los derechos reclamados, con énfasis departamentales y locales de acuerdo con el análisis de los datos. Sería interesante analizar experiencias como la de la Oficina de Atención al Usuario en Salud que se instauró en el palacio de Justicia de Manizales, donde funcionarios de la Superintendencia de Salud y de la Dirección Territorial de Salud buscan soluciones a las reclamaciones ciudadanas. En todos los municipios se podrían diseñar estrategias similares.