24 de Noviembre de 2024 /
Actualizado hace 17 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

La independencia de los abogados

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Maximiliano A. Aramburo C.

Abogado y profesor universitario

maramburo@aramburorestrepo.co

Creo en el trabajo colaborativo y en la asociación, pero soy incapaz de hacer la cuenta: aunque hago parte de varios y trato de ser activo en todos, entre asociaciones, institutos, sociedades, colegios y demás, nacionales y departamentales, unitarios y por capítulos, por especialidades o generales, es imposible saber cuántos son. En algunos coincidimos diferentes profesiones jurídicas: jueces, fiscales, abogados y académicos, en un clima que con frecuencia es de diálogo, que no implica consenso. Pero a veces la “dimensión institucional” de un cargo interfiere, aun inconsciente e involuntariamente, en alguna discusión: pese a la horizontalidad de las redes sociales, la igualdad que tenemos en las asociaciones desaparece al cruzar la puerta, pues nos enfrentamos a los naturales desniveles y a una sordera selectiva. Por ejemplo, en el diseño legislativo, las instituciones están predispuestas para oír las voces de unos y no de otros que, a veces, no llegan siquiera a autopercibirse como colectivo merecedor de ser escuchado.

En contraste con la diversidad de asociaciones (todas, hasta donde sé, con forma jurídica de entidades sin ánimo de lucro), he sostenido que en el país la profesión de abogado es individualista, más que individual. Aunque carecemos de datos precisos y hay grandes firmas, la inmensa mayoría de abogados ejerce bajo esquemas estrictamente individuales, e incluso con celos y desconfianza por el trabajo en equipo. Hay excepciones, por supuesto, pero no hay que creer demasiado en ellas, como en las brujas.

Hemos superado este año las 400.000 tarjetas profesionales expedidas (el año pasado se expidieron más de 22.000): si pensamos que no todo graduado tramita su tarjeta, y aun si descontamos los fallecidos, pronto el 1 % de la población colombiana tendrá título de abogado. Santiago Pereira, destacadísimo profesor y abogado uruguayo, ha sostenido que la independencia no es solo un valor predicable de los jueces, sino también de los abogados: la independencia de ambos reduce la corrupción, sostiene Pereira. En ese análisis, la independencia es tanto una prerrogativa como una obligación del abogado. Mientras la primera se sitúa en el ámbito de la inmunidad, la segunda está en el terreno de la lealtad. Me pregunto, entonces, cómo puede ejercerse la prerrogativa y cumplirse con la obligación y me encuentro con obstáculos y con desincentivos. Mencionaré dos.

El primero es la mentada dispersión enorme de las asociaciones de diversa naturaleza. Pero esta es una cuestión descriptiva, no normativa: hay libertad de asociación y es parte del precio por pagar. El segundo está compuesto por la naturaleza y el carácter de las asociaciones: ¿para qué existen? Las de naturaleza académica hacen parte del inabarcable “mercado” del conocimiento jurídico, en el que algunas tienen notable éxito. Pero no son las únicas: ¿se ha preguntado qué implica, en términos de independencia e imparcialidad, que jueces y fiscales estén habitualmente en los mismos colegios, es decir, que ambos hagan parte –o puedan hacer– de una misma agremiación profesional, que, por definición, no pueden integrar los abogados en ejercicio? ¿Esa diferencia importa o es una cuestión apenas estética? ¿Y qué decir de que los abogados sean los únicos profesionales liberales cuyo régimen ético y disciplinario está en manos de jueces estatales, cuyas sanciones se emiten mediante verdaderas sentencias? Puede que usted tenga en mente una respuesta descriptiva (así ocurre hoy) o una normativa (así debe ocurrir). Pero a mí estas dos cuestiones me sugieren que es la hora, hace tiempo, de que la colegiación de abogados se transforme de manera definitiva, como requisito necesario (aunque no suficiente) de una verdadera independencia de la profesión que sea realmente apta para reivindicar su función social.

Nota: El autor es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Medellín y es el presidente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado.

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