Informalidad, protección social y renta básica universal

Blanca Cecilia Zuluaga

Directora del Doctorado en Economía de los Negocios

Profesora titular del Departamento de Economía

Universidad Icesi

El presente texto busca dar respuestas a unas preguntas relevantes en el contexto actual, partiendo de la premisa de que el sistema de protección social de un país debería estar diseñado para proteger a los individuos de la inseguridad económica: ¿cuál es la situación actual de Colombia en este aspecto?, ¿qué se está haciendo y qué más debería hacerse para resolver este problema?

Respecto a los aspectos que evidencian la inseguridad económica en la que vive buena parte de la población del país, se puede mencionar la alta informalidad, que, aunque no aumentó durante la pandemia, sí se encuentra en un elevado nivel del 60 %. Recordemos que, durante el confinamiento, el sector formal funcionó como una red de protección para los trabajadores, mientras que los informales experimentaron fuertes caídas en su ingreso disponible. Otro factor que evidencia la inseguridad económica es la baja cobertura del sistema de pensiones, pues solamente el 56,4 % de la población ocupada cotiza para la pensión, lo cual implica que una proporción alta de individuos va a carecer de una fuente de ingresos fija en su vejez. En tercer lugar, la pobreza monetaria a nivel nacional fue del 39,3 % en el 2021, alcanzando el 44,6 % para las zonas rurales. Si a ello sumamos la proporción de individuos que son vulnerables a la pobreza, es decir, quienes tienen alta probabilidad de seguir siendo pobres o de convertirse en pobres en el futuro, la situación se agrava. Por ejemplo, en las áreas rurales, el 87 % de las personas pobres son vulnerables, es decir, tienen alta probabilidad de seguir siendo pobres en el futuro. Además, el 59 % de los no pobres, si son vulnerables, tienen alta probabilidad de convertirse en pobres en el futuro. El primer grupo requiere medidas tanto de prevención como de alivio de la pobreza, mientras que los segundos requieren políticas de prevención de la pobreza.

Ante este panorama, surgen varias preguntas: ¿cómo proteger a los que no están empleados o tienen empleos más precarios?, ¿cómo lidiar con la vulnerabilidad a la pobreza?, ¿cómo proteger a las personas de los choques adversos futuros? (climáticos, de salud, entre otros). Las respuestas están en el sistema de protección social, que debe diseñarse para proveer verdaderamente a los individuos de seguridad económica y bienestar. Uno de los componentes del sistema de protección social es la seguridad social (pensiones, salud, riesgos laborales y servicios complementarios, entre otros). Dentro de los servicios complementarios, están las transferencias condicionadas y las no condicionadas, que en Colombia se han venido implementando en las últimas décadas: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y, desde la pandemia, Ingreso Solidario. Estos programas han influenciado positivamente varios aspectos, como la escolaridad, la nutrición y el consumo de los hogares, sin afectar negativamente la disposición a trabajar de los beneficiarios. Sin embargo, tal como lo reflejan los datos sobre inseguridad económica mencionados, no han sido suficientes.

Una medida que se ha venido discutiendo cada vez con mayor frecuencia es la renta básica universal (RBU), que consiste en una transferencia periódica que el Estado entrega a todos los miembros de la sociedad sin condición alguna. Con la pandemia, se hizo evidente la necesidad de extender la protección social a toda la población. En futuras crisis, quienes se encuentran en pobreza oculta y en riesgo de pobreza (los vulnerables) estarían protegidos con la RBU. Esta medida evita la politiquería, la corrupción, los errores de exclusión, los costos de focalización y el estigma de un subsidio focalizado. Además, contribuye a la dignificación de los trabajos de cuidado y los trabajos voluntarios, pues quienes se dedican a estos no tendrían que preocuparse por la subsistencia. La RBU actúa como un colchón de protección a la población de ingresos medios, quienes no tienen ingresos tan bajos como para ser beneficiarios de programas de transferencias, pero tampoco ingresos tan altos que puedan protegerlos de choques adversos. En cuanto a la población de ingresos altos, devolverían con creces la RBU a través de un sistema de impuestos progresivo. 

Cuando la subsistencia está resuelta, las personas gozan de mayor autonomía y libertad real para ser y hacer lo que más quisieran. Por ello, como lo ha expresado la Cepal, la RBU puede ser considerada un pilar nuevo del Estado de bienestar que no reemplaza los servicios ni las prestaciones a los que por derecho acceden las personas. En un próximo artículo escribiré sobre el costo y las posibles fuentes de financiación de una RBU para Colombia.