El centenario del Banco de la República

Jorge Armando Rodríguez Alarcón

Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia

El Banco de la República inició su vida institucional en 1923, sorteando la quiebra del Banco López y el pánico financiero consiguiente. En su centenario de fundación –tras la pandemia y la invasión rusa a Ucrania–, enfrenta un desafío de distinto tipo: ¿cómo lograr que la inflación vuelva a situarse dentro del rango meta del 2 % a 4 %, sin inducir una recesión? Herencia de la Misión Kemmerer, el banco central ha cambiado considerablemente con el tiempo, convirtiéndose en el proceso en uno de los bastiones de la política económica del país. La celebración del centenario es una ocasión propicia para reflexionar –con la ayuda de los historiadores– sobre su pasado, su significado y su papel en el presente.

Empezó con una Junta Directiva cuyos miembros tenían en su mayoría el carácter de banqueros comerciales –nacionales y extranjeros– y de “hombres de negocios”, elegidos por los accionistas privados. A juzgar por la composición de la Junta, puede decirse que en esa época el Banco de la República era altamente dependiente del sector privado; aunque el ministro de Hacienda y otros dos directores representaban al Gobierno en la Junta, su naturaleza pública era apenas incipiente. La Constitución de 1991 apuntaló su naturaleza pública, manifiesta, entre otras cosas, en el hecho de que la gran mayoría de los integrantes de la Junta son designados por el presidente de la República. Igualmente, la nueva Carta Política le otorgó un importante grado de autonomía frente al Gobierno para la conducción de la política monetaria.

También inició investido del “derecho exclusivo de emitir billetes”, prerrogativa que conserva en la actualidad, aunque ya sin la atadura al patrón oro. La autonomía de la que goza hoy el Emisor es relativa: puede escoger cómo manejar los instrumentos de la política monetaria, pero su objetivo primordial –el control de la inflación– es un mandato constitucional obligatorio. Bajo la influencia de las ideas de Keynes y su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, la Constitución de 1991 determinó que “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos”. En 1923, la Teoría general estaba por escribirse. Uno de los grandes desafíos del banco central en nuestros días es cómo contribuir a maximizar el nivel de empleo, al tiempo que cumple con su tarea en materia de estabilidad del nivel general de precios. Sin embargo, lo obvio tiene su importancia: la política macroeconómica incide tanto sobre la inflación, como en el desempleo, sin llegar a determinarlos enteramente.

Los economistas ortodoxos se preocupan por que el Banco de la República no es lo suficientemente independiente del Gobierno, mientras que los heterodoxos se preocupan por la dependencia de la entidad frente a los intereses del sector financiero. El desarrollo institucional del Banco ha ido encontrando maneras de navegar esta tensión real. Aparte de que, desde sus inicios, el ministro de Hacienda ha formado parte de la Junta Directiva, la Carta Política vigente dispone que las funciones del Banco deben ejercerse “en coordinación con la política económica general”. De cualquier modo, este arreglo institucional mal que bien ha funcionado en la práctica y encierra un valioso potencial para conciliar visiones distintas del manejo de la política macroeconómica, aun si las teorías económicas todavía no pueden explicar muy bien el porqué.

A mediados del siglo XX, la legislación autorizó al banco central a otorgar crédito de fomento con miras a suplir “las necesidades del desarrollo agrícola, industrial y comercial del país”, función que habría de desempeñar hasta 1991. Cabe especular con que, si el Emisor hubiera sido más exitoso en “sembrar el desarrollo”, la constituyente de 1991 le habría mantenido dicha función. Con una Junta Directiva controlada hasta 1963 por representantes del sector privado y con la incorporación a partir de ese año a la Junta Monetaria de los ministros de Agricultura y de Fomento, así como del jefe del Departamento Administrativo de Planeación, la escogencia de actividades económicas y personas beneficiarias de cupos de créditos del Emisor se tornó en fuente de tiranteces y disputas, con acusaciones de favorecimiento.

En algunos gobiernos de décadas recientes predominó la idea –errada, a mi juicio– de que el crédito de fomento no tenía un papel significativo que cumplir en la promoción del desarrollo. Si el banco central con razones fundadas no desempeña esa función, de ahí no se sigue que el Gobierno Nacional deba inhibirse de utilizar la herramienta. La creación del Grupo Bicentenario, el conglomerado financiero estatal, es una nueva oportunidad para la banca de desarrollo. 

Los historiadores nos informan que con el nacimiento del Banco de la República quedaron atrás las épocas de la banca libre y la banca múltiple, regímenes bajo los cuales los bancos comerciales estaban facultados para emitir dinero primario. La autonomía relativa de la que hoy goza la entidad fue posible gracias a la soberanía monetaria cimentada en aquel entonces. A pesar de que la singular combinación de choques de oferta y demanda hace particularmente exigente la tarea en la coyuntura actual, esa autonomía estará o debería estar resguardada mientras el Emisor cumpla y rinda cuentas por sus responsabilidades en materia de estabilidad macroeconómica.