Panorama de la abogacía en Colombia

Hernando Herrera Mercado

Presidente Corporación Excelencia en la Justicia y conjuez de altas cortes

Próximamente, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) dará a conocer un completo estudio sobre los más relevantes puntos del ejercicio de la profesión del Derecho en nuestro país. En la estructuración del interesante análisis intervinieron los investigadores de la CEJ, Natalia de Zubiria, Mariana Hurtado y Luis Alejandro Perilla.

Dicho estudio da cuenta de que, al cierre del 2022, el país tenía 375.580 abogados inscritos (728 abogados por cada 100.000 habitantes). Igualmente, comparativamente, señala que, aunque entre 1996 y el 2022 la población general del país aumentó el 40 %, en contraste, durante el mismo periodo, el número de abogados inscritos aumentó el 472 %, dato que explica, en parte, el crecimiento desbordado del número de profesionales de la ciencia jurídica en Colombia.

El análisis también indica que esta sobreoferta de profesionales en Derecho tiende a ampliarse cada año. En evidencia de ello, se registra que, durante el cuatrienio 2018–2021, se expidieron anualmente entre 18.895 y 21.481 tarjetas profesionales (con excepción del 2020, año en el cual se redujo a 13.855, con ocasión de la pandemia). En cualquier caso, se muestra que durante todo el periodo 1996–2021, se registraron 299.088 nuevos abogados, crecimiento, sin duda, exponencial frente a márgenes anteriores.

Así mismo, se constata que, con 728 abogados por cada 100.000 habitantes, Colombia es uno de los países con mayor tasa de abogados a nivel global. Esta posición de Colombia en el mundo ya venía siendo anticipada con anterioridad por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en su Reporte sobre la Justicia 2008–2009. En ese momento, Colombia ocupaba el segundo lugar en la región en términos de tasa de abogados, con 354 por cada 100.000 habitantes, después de Costa Rica, que tenía 389. Por su parte, en Suramérica, lo seguían Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, con 327, 305, 248 y 196 abogados, respectivamente.

El análisis también abordó la cuestión del estado de la abogacía vista desde la formación académica. Se detectó, en este frente, con corte a diciembre del 2022, que en el país hay 227 instituciones de educación superior activas con nivel de formación universitaria, de las cuales 114 cuentan con programas de pregrado en Derecho. Por su parte, hay registro de 196 programas de pregrado en Derecho: 161 en universidades del sector privado (82 %) y 35 en universidades del sector público (18 %). Igualmente, se concluye que el número de facultades de Derecho en Colombia es desproporcionado, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en un país como EE UU existen 199 (es decir, seis facultades por cada 10 millones de habitantes). En conclusión, las 114 facultades de Derecho en Colombia equivalen a 22 por cada 10 millones de habitantes, esto es casi cuatro veces el dato del país norteamericano.

Este crecimiento también se registra exponencial, si se compara con la situación de hace 20 años, teniendo en cuenta que hoy en día hay más del triple de universidades con programas de pregrado en Derecho, cuando en ese momento había solo 32 facultades y 60 pregrados en ciencias jurídicas. Lo anterior contrasta con la formación académica en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, en el país hay 81 programas de pregrado en Economía (menos de la mitad de los programas de pregrado en Derecho), de los cuales 36 están acreditados de alta calidad (44 %). Por su parte, en Medicina hay 63 programas de pregrado (poco menos de la tercera parte de los programas de pregrado en Derecho), de los cuales 35 están acreditados de alta calidad (56 %).

Por último, el análisis registra lo que respecta al control disciplinario de los abogados, dando cuenta de varios datos. Por ejemplo, que, en el 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (durante su primer año de funcionamiento) sancionó un total de 802 abogados: el 55 % con suspensión; el 19 % con suspensión y multa; el 18,6 % con censura, y el 5,6 % con multa. El 1,9 % restante correspondió a exclusiones (con o sin multa). Con ello y según lo anterior, las suspensiones siguieron constituyendo el tipo de sanción disciplinaria más frecuentemente impuesta a los abogados.