Carteristas en el sector

Ramiro Bejarano Guzmán

Profesor de Derecho Procesal de las universidades de los Andes y Externado de Colombia

En horario triple A, a una hora de copiosa audiencia, la televisión pública difunde un video insultante contra quienes ejercemos la noble profesión de representar intereses ajenos.

El texto de esa amañada y tendenciosa publicidad es este: “Señor ciudadano, empresario, servidor público, antes de contratar a un abogado verifique si este profesional tiene sanciones disciplinarias vigentes y si su tarjeta para ejercer está activa, ingrese al sitio web de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tenga a la mano el número del documento del profesional que quiere consultar y ubique la opción, consulte si su abogado tiene sanciones disciplinarias. Como resultado de la búsqueda el sistema arrojará las sanciones que ha recibido el jurista y si alguna de ellas está activa. En el mismo sitio web verifique la vigencia de la tarjeta profesional y valide que el abogado pueda ejercer legalmente su representación, recuerde que verificar esta información le dará certeza de la ética profesional del abogado que contratará y evitará procesos y retrasos innecesarios”.

Esta insidiosa publicidad sugiere que, a pesar de que el artículo 83 de la Carta Política consagra la presunción de buena fe, hay que desconfiar de los abogados, pues, antes de contratarlos, se invita a los interesados a que verifiquen “si tiene sanciones disciplinarias” y “si alguna de ellas está activa” y, en últimas, que “valide que el abogado pueda ejercer legalmente su representación”.

Es decir, no basta con que al momento de contratar a un abogado este exprese o informe a su potencial cliente o poderdante que está habilitado para representar intereses ajenos, sino que el interesado debe emprender unas verificaciones que solo se explican en razón de la desconfianza que socialmente existe respecto de la profesión de abogado.

Dejando de lado si la constatación de los antecedentes de faltas disciplinarias cometidas en cualquier época por un abogado hace o no parte de información reservada, lo cierto es que la propaganda de marras contiene otra inexactitud protuberante, la cual confirma la ligereza con la que se facturó esta inusual publicidad. El video agrega: “recuerde que verificar esta información le dará certeza de la ética profesional del abogado que contratará y evitará   procesos y retrasos innecesarios”, lo cual es una falacia, por decir lo menos.

La tarjeta profesional de abogado no es un certificado de buena conducta ni avala que quien la porte esté a salvo de cualquier duda que cuestione su ética personal y profesional. Claro que hay muchos profesionales del Derecho deshonestos y avivatos cuya reputación, aunque precaria, no le ha hecho mella a su tarjeta profesional que permanece intacta, a veces por la desidia e impericia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), autora de esta publicidad odiosa e injusta. Este documento acredita que quien lo exhibe puede representar intereses ajenos, pero no es –nunca lo ha sido– un certificado de buen comportamiento que de “certeza” de la ética de nadie.

Lo que no recuerda esta CNDJ es el hecho penoso, sobre el que debería andar con pies de plomo, de que cuatro exmagistrados de altas cortes están en la picota, a pesar de que en sus bolsillos cuentan además con la tarjeta profesional que los habilita como abogados. Uno de esos togados fue magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la corporación y también de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, pero hoy está condenado.

Me pregunto si el Comité de Ética Médica exhorta a los pacientes a que pidan tarjetas profesionales de los galenos ante los cuales acuden, o si los ingenieros están sometidos a la misma tramitología infamante. Obviamente no, porque allá sí se respeta la presunción de inocencia.

Advertir a la ciudadanía que haga tales averiguaciones cuando contrate a un abogado ofende severamente la profesión y constituye un abuso inaceptable. Tal advertencia es parecida al aviso que suele verse en ciertos sectores de las grandes ciudades, el cual sirve de título a esta columna. ¿Por qué el silencio de los colegios de abogados y las facultades de Derecho?