La hora de Antioquia
Maximiliano A. Aramburo C.
Abogado y profesor universitario
Cuando hace casi un siglo se lanzó la idea de la “Vía al mar” (nombre con el que se conoce en Antioquia la carretera que conecta al Valle de Aburrá con Urabá), don Gonzalo Mejía, que fue uno de sus precursores y un visionario del cine, la industria aérea y la infraestructura, señalaba que había llegado “la hora definitiva” de este departamento. Esa “hora” verá su máximo desarrollo en pocos meses, cuando se ponga en funcionamiento el puerto de Turbo, cerca de la desembocadura del río León. Los efectos en el comercio internacional, la agroindustria y el desarrollo mercantil y turístico de esa región serán innegables: las ciudades y los pueblos de Urabá crecerán y podrán dar, por fin, el salto social en el que vienen trabajando hace años, a pesar de los embates de la violencia padecida.
De esos frentes, el que quizás más atención (y progreso) ha tenido en los últimos años en el departamento, desde el punto de vista jurídico, es el de la infraestructura. No es casualidad que hoy se considere una verdadera especialidad, por ejemplo, en las listas de árbitros de los centros más importantes del país y en algunas universidades que han creado posgrados en la materia. La publicación de El comercio que abre caminos hace menos de dos años, el libro que cuenta el impresionante derrotero de la construcción de carreteras en esta región, es un buen indicador de la importancia histórica de las conexiones viales que se han creado en medio de una topografía agreste, más allá de las cifras sin contexto que circularon hace algunas semanas. A esas impresionantes vías no solo se les sumará el puerto marítimo: al aumentar la demanda, es muy probable que vengan en el mediano plazo, también, cambios en la infraestructura aeroportuaria.
La “hora” marcada por el comienzo de la operación del puerto (y la entrada en funcionamiento de las vías que lo conectan con el interior, incluido el urgente y más que necesario túnel del Toyo), ya deberían están llamando la atención de los actores jurídicos en otros frentes, con la finalidad de que esos sectores del ordenamiento alcancen el mismo desarrollo. No existen en Antioquia, por ejemplo, planes de estudio específicos sobre derecho marítimo y en el derecho mercantil la fuerza de lo local todavía supera al interés por el derecho del comercio internacional. Ya tienen que estar calentando las cámaras de comercio para recopilar costumbre mercantil en estos sectores; los centros de arbitraje en crear listas especializadas; las facultades de Derecho, en la formación específica con planes de estudio pertinentes para operar en pocos años en un territorio que puede llegar a ser una nueva capital comercial del país; o, por abundar, los colegios y asociaciones de abogados, para interesarse en lo que será un nuevo frente de ejercicio profesional, al menos en este departamento.
Las oportunidades están servidas y anuncian grandes cambios. Quizás nos falten datos, pero intuyo que toda esta movida industrial, comercial y de infraestructura también traerá un aumento en la demanda de servicios de justicia, como ya lo advirtieron las autoridades cuando se crearon los juzgados administrativos de Turbo, hace casi 20 años. Que no nos coja la noche sin proyectar las necesidades en el desarrollo judicial y arbitral que se requerirá.
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