Empleo sí hay, pero ¿a qué costo y de qué tipo?

Mauricio Salazar Sáenz
Director de empleo y protección social del Observatorio Fiscal y profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana

Para asegurar a las personas a lo largo de la vida, se han inventado los sistemas de protección social. Estos aseguran la vejez por medio del sistema pensional, aseguran las posibles afectaciones de la misma a través del sistema de salud y aseguran periodos de desempleo por medio de seguros al cesante o de desempleo, entre otros. Para proveer estos servicios, en los cuales la máxima es que el aseguramiento colectivo es mejor que el individual, el Estado colecta los recursos para que el sistema de protección social funcione a través de impuestos o de diferentes recargos. Por supuesto, la cobertura y profundidad de los sistemas de protección dependerán de los recursos recolectados, de la voluntad política y de los incentivos o prestigio que los sistemas tengan.

Nuestra solución, como la de otros países, es tener un sistema de protección social contributivo y uno no contributivo. El sistema contributivo brinda mejores condiciones de aseguramiento, especialmente en salud y pensión. En términos de relaciones laborales, tener este aseguramiento es lo que define lo que conocemos como la formalidad, y la protección cobija a gran parte del núcleo familiar. El régimen no contributivo cubre a todas las demás personas. En caso de no contribuir a seguridad social y ser trabajador define la informalidad y no se recibe pensión, que hoy, menos del 30 % de los adultos mayores la tienen.

Lo que dista mucho de todos los demás mercados es que en la relación laboral se está transando un tiempo determinado de una persona en intercambio por un salario (puede ser en especie) para realizar una actividad determinada. Cuando una relación laboral se enfrenta a la decisión de ser o no formal, se miden costos y beneficios. Quien provee el trabajo (la oferta) tiene posiciones éticas, económicas y personales que pueden alterar la forma como se valoran los costos y beneficios en términos de aseguramiento, uso del tiempo y remuneración de los diferentes tipos de contratos. Los empleadores (la demanda) también valoran diferencialmente los costos y beneficios en función de sus ingresos totales esperados, de sus estructuras de insumos, del tamaño de empresa, de la probabilidad de sanciones al tener empleados informales y de los costos monetarios y administrativos de pagar un salario y proveer aseguramiento.

Mercado laboral

En el 2022, nuestro mercado laboral tenía al 55 % de los trabajadores en la informalidad. Por definición, estos trabajadores están poco asegurados a los diferentes riesgos y, se podría decir, dependen de su salud para trabajar. La formalidad tiene una carga de prestaciones sociales que, si bien provee beneficios de corto plazo (aseguramiento extra en salud) y otros de largo plazo (pensión), hace que el costo de un trabajador formal sea mayor.

¿Qué tan costoso es un trabajador formal relativo a uno informal? Para este análisis, se examinarán trabajadores que tienen relaciones subordinadas, los dependientes. Por definición, los informales no pagan prestaciones sociales y reciben el 100 % del índice base de cotización (IBC), mientras que los formales reciben la porción del IBC que queda después de que la empresa y el trabajador destinen al sistema lo reglamentado en las diferentes disposiciones laborales.

En Colombia, se han utilizado los salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para definir diferentes cotizaciones a seguridad social. Desde la reforma tributaria del 2012, entre 1 y 10 SMLMV, las empresas no deben pagar EPS, ni los trabajadores contribuir al Sena y al ICBF. Desde entonces, por encima del SMLMV, los costos laborales de la formalidad oscilan entre el 40 % y poco más del 60 % del IBC. Entre 1 y 2 SMLMV, los trabajadores reciben auxilio de transporte y dotaciones (que es definido como una muda de ropa y un par de zapatos cada cuatro meses).

Ese mismo año (2022), el 45 % de los trabajadores ganaban menos de un SMLMV. Estos trabajadores, si deciden ser formales, no cotizan sobre su salario, sino casi siempre sobre un SMLMV, es decir, deben cotizar por un valor monetario mayor al que realmente ganan. Sin embargo, hasta el 2013, estos trabajadores solo debían incurrir en primas y cesantías, vacaciones, ARL y cajas de compensación. Ante esta situación, es obvio que la formalidad les cuesta mucho más a trabajadores que ganan salarios muy bajos relativo a los que ganan salarios cerca un SMLMV.

Desde el Decreto 2616 del 2013, se permite que se cotice a pensión por días trabajados y por montos inferiores a un SMLMV: entre 1 y 7 días trabajados, se cotiza por un cuarto del SMLMV; entre 8 y 14 días, se cotiza por la mitad del SMLMV; entre 15 y 21 días se cotiza por tres cuartas partes del SMLMV y más de 21 días se cotiza por un SMLMV. La forma como se cobran los costos laborales aún genera costos asimétricos entre los empleados que ganan menos de un SMLMV. Por eso, no sorprende que la mayoría de los que ganan menos de un SMLMV sean informales.

Propuesta

Por las anteriores razones, entre las propuestas que realizaron los observatorios Fiscal y Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, se destaca que las cotizaciones debajo de un SMLMV se realicen por nivel del ingreso para todos los salarios, logrando que las personas no perciban de forma diferente los costos de entrar a la formalidad para un mismo nivel de beneficios.

Además, permitir cotizar al sistema de seguridad social por nivel de ingreso es conveniente, porque puede mejorar la cantidad de pensionados en el futuro: dado que nuestro mercado laboral no es segmentado y los trabajadores transitan entre la informalidad a la formalidad y viceversa, ofrecerles a las personas que un momento determinado ganen debajo del mínimo incentivos no tan costosos para ser formales aumenta las posibilidades de que, a lo largo de la vida laboral, se cumplan los requisitos para obtener un pensión de vejez y, al mismo tiempo, logren mejores condiciones de aseguramiento ante desempleo o enfermedad.

Para concluir, en el entendimiento de nuestro complejo y asimétrico mercado laboral, tenemos que transparentar los costos y beneficios de todos los tipos de empleos. Solo así podremos profundizar en entender los incentivos que hay detrás de las altas tasas de informalidad laboral y autoempleo (que, por cierto, son los que pagan menores salarios), que implican que la mayoría de Colombia no solo tiene ingresos bajos, sino que están más expuestos a afectaciones mayores ante cualquier eventualidad. Toda esta comprensión nos debe enfrentar a un solo objetivo: propiciar las leyes e incentivos para que nuestro mercado laboral les brinde condiciones dignas a todos los colombianos para que su sustento y el de sus familias no dependa de su salud, sino también de una red de protección social que nos brinde a todos el mayor bienestar ante cualquier posible eventualidad.