¿Laboralizar el contrato de aprendizaje? Un “arma de doble filo” para los jóvenes y las mujeres
Aunque bien intencionada, la laboralización del contrato de aprendizaje podría reducir aún más las oportunidades de empleabilidad juvenil.
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Veinte de los 80 artículos del proyecto de la reforma laboral conciernen a temas de seguridad social.
Más allá del cumplimiento normativo, este tipo de software permite la reducción de los errores humanos y la simplificación de las tareas administrativas asociadas a la gestión de la nómina.
Este proceso no solamente debe aplicarse a transacciones complejas entre compañías, sino también en el día a día para conocer qué personas están comprando un bien o adquiriendo un servicio.
El hecho de que una entidad o administradora de pensiones se encuentre actuando de forma extemporánea es una conducta que debe sujetarse al control judicial.
Existen diferentes opciones que permiten anticiparse a una futura situación de divorcio, liquidación de sociedad conyugal o separación de bienes.
La máxima corporación de la justicia ordinaria profirió un importante precedente jurisprudencial en materia de innovación en derecho digital y ‘legaltech’ en Colombia.
Dado que las condiciones laborales y las necesidades varían en diferentes regiones del país, es importante tener un enfoque diferenciado en la reforma laboral.
El impacto de este autor en nuestra cultura jurídica no solo se debe al idioma común, sino también a su sensibilidad hacia problemas sociales y políticos contextuales, muchos de ellos afines.
En la Sentencia 26451 del 2023, con ponencia de la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, el Consejo de Estado precisó el alcance del artículo 199 del Estatuto Tributario.
En el mundo del trabajo, la gran receta consiste en hacer armónicas las reglas jurídicas, la progresividad en las garantías de los trabajadores y las realidades de la economía.
Colombia requiere, con urgencia, un giro de 180 grados en la elección de contralores, procurador, defensor del pueblo, personeros, fiscal y magistrados de altas cortes.
En algunos casos, los representantes legales y, en general, quienes ostentan la calidad de administradores de personas jurídicas, pueden ser declarados responsables fiscales.