Congreso deberá votar conciliación de proyecto que crea la política pública de cárceles productivas
14 de Junio de 2024
Fue radicado el informe de conciliación del proyecto de ley 311/22C-119/23S, que crearía la política pública de cárceles productivas en favor de la población privada de la libertad y establecería incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios (PCP).
La iniciativa establece que la Nación y las entidades territoriales deberán implementar programas de cárceles productivas para que las personas privadas de la libertad elaboren, confeccionen y produzcan bienes comerciales, alimentos, artesanías, productos agrícolas, musicales y audiovisuales, entre otros. (Lea: A conciliación irá iniciativa que establece política de cárceles productivas).
Este proyecto busca promover la participación del sector público y privado en los procesos de resocialización, rehabilitación y reinserción social de la población privada de la libertad, así como establecer beneficios de orden tributario y administrativo para aquellas entidades y organizaciones que se vinculen a los PCP.
Según lo aprobado, la población privada de la libertad que ingrese al programa continuará perteneciendo al fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad, en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, por lo que las entidades, empresas u organizaciones que participen en este programa no deberán realizar cotizaciones adicionales a la seguridad social para las personas privadas de la libertad que sean contratadas. (Lea: Menores de edad que viven con sus madres en centros de reclusión tienen derecho a recibir atención integral)
Estas entidades solo deberán cubrir los riesgos que se pudieran presentar en el lugar donde se desarrolla la actividad productiva, a través de la respectiva ARL, y no estarán obligadas a sufragar el auxilio de transporte. Las demás prestaciones sociales y laborales deberán cancelarse de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
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