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La estrategia de introducir garantías normativas y judiciales para la protección de la democracia no es nueva en el derecho constitucional.
La falta de presupuesto impide extender el apoyo a los créditos educativos, regresando a las condiciones originales pactadas.
La deuda pública reconocida corresponde a ajustes de los presupuestos máximos del 2022.
El porcentaje propuesto busca cubrir costos operativos del recaudo de cotizaciones en el sistema de salud.
DTF pensional, rentabilidad mínima de los fondos de cesantías e índice de bursatilidad accionaria.
El cobro correspondiente a cada entidad deberá ser cancelado a más tardar el martes 25 de febrero.
Entre otros temas, se busca fortalecer la iniciativa sobre pedagogía de la Constitución al alcance de niños, niñas y adolescentes.
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