Al resolver una tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Corte Constitucional señaló que actualmente existe una vulneración masiva y sistemática de los derechos a la vida, integridad física y seguridad personal de los signatarios del Acuerdo Final para la Paz, pues el Estado no ha adelantado acciones suficientes para que esta población transite a la vida civil sin que su vida esté en riesgo.

El alto tribunal recordó que, luego de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre el tema (Sentencia SU-020/22), la Sala Especial de Seguimiento ha evaluado las acciones de las entidades que deben proteger la vida de los signatarios e investigar y judicializar las estructuras criminales que afectan su tranquilidad.

La Sala constató que la accionada incurrió en varias omisiones al calificar el nivel de riesgo de los accionantes, a quienes no comunicó el porcentaje obtenido, no tuvo en cuenta el contexto territorial y violento que los rodeaba, no analizó circunstancias relevantes sobre la vulneración masiva y sistemática de sus derechos y supeditó la verificación del riesgo extraordinario a la consumación del daño que se buscaba evitar.

Y es que el Estado debe proteger la vida e integridad física de quienes sufren un riesgo extraordinario o extremo, mediante medidas de protección. Este deber cobra especial relevancia de cara a personas que enfrentan riesgos por cuenta de su condición como población en proceso de reincorporación a la vida civil. Por esa razón, la UNP debe ser especialmente cuidadosa al valorar cada situación individual y el origen de la fuente de riesgo.

Se ampararon los derechos a la vida, integridad física, seguridad personal y debido proceso de los accionantes y el colectivo al que pertenecen y se ordenó a la UNP realizar un nuevo estudio del nivel de riesgo, teniendo en cuenta todos los criterios que ha dispuesto la jurisprudencia y especialmente los patrones de fallas que la Sala de Seguimiento ha encontrado en la obligación de proteger la vida e integridad física de los signatarios del Acuerdo Final de Paz (M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar).

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