¿Qué soluciones hay para los usuarios afectados por la suspensión de operaciones de Viva Air?

Hace más de medio año, ante la situación financiera que atraviesa la aerolínea Viva Air, esta compañía y Avianca solicitaron a la Aeronáutica Civil de Colombia autorización para integrarse, con el objetivo de viabilizar la permanencia de la aerolínea low cost, la conectividad en Colombia y Perú, así como para salvaguardar empleos directos e indirectos.

Según la empresa, su crisis financiera está atada, principalmente, a la pandemia de covid-19, que complicó la situación por el cierre de vuelos y la caída del turismo. A esto se sumó la guerra en Ucrania, que terminó por elevar el precio del combustible. En el comunicado emitido por la compañía el 27 de febrero del 2022 dijo que la suspensión temporal de sus operaciones se da por la inviabilidad financiera y operacional, producto de la falta de definición oportuna por parte de la Aerocivil frente a la integración empresarial solicitada, que cree es la única posibilidad para seguir volando y cumplir con sus compromisos como aerolínea.

Frente a la suspensión de las operaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer una serie de recomendaciones para presentar demandas; por su parte, la Supertransporte abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de Viva por presuntamente no garantizar la prestación del servicio de transporte, de encontrarse responsable de los cargos que se le imputan, la aerolínea podría ser multada hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales.

Invitamos a cinco expertos para que nos compartieran sus puntos de vista sobre lo que está sucediendo con el caso de Viva Air, las alternativas que podría intentar los usuarios afectados y qué tan conveniente sería la aprobación de la integración solicitada para el mercado aéreo colombiano.

Fidel Puentes, socio en Robledo Abogados, indicó que los consumidores pueden acudir ante la Supertransporte para interponer la correspondiente denuncia, pero aclaró que resulta más eficaz presentar una demanda ante la SIC, siguiendo los pasos que la entidad enmarca en el siguiente enlace, y aconseja que en la parte de pretensiones se soliciten medidas cautelares, como la restitución del dinero pagado por el tiquete, que se le reubique en otra aerolínea o que se suministren los gastos de hotel y alimentación por la demora del vuelo.

Por su parte, Alejandro Rodríguez, abogado fundador de Faro te protege, presentó opciones de corto y largo plazo con las que podrían contar los consumidores afectados.

Por un lado, recomienda que se verifique si la tarjeta de crédito con que se compraron los tiquetes tiene un seguro en caso de que se presente una cancelación del vuelo imputable a la aerolínea; sí es así, se deberá solicitar a la franquicia que reconozca el seguro. También se puede constatar si con la aerolínea o la agencia de viajes se adquirió un seguro y preguntar cuál es la compañía que ampara el viaje para realizar el reclamo.  

Por otro lado, para los usuarios que tienen tiqueteras o tiquetes a largo plazo, y en el caso de que la compañía inicie un proceso de liquidación, recomienda que se hagan parte como acreedores en el proceso, con el fin de que se les restituya el dinero. Otras opciones planteadas son canjear los tiquetes con otras aerolíneas y presentar demanda ante la SIC.   

Sobre la conveniencia o no de la integración empresarial entre Avianca y Viva Air, Emilio José Archila, socio de Archila Abogados, argumenta que es una obligación de la Aerocivil prohibir cualquier operación de integración que restrinja indebidamente la competencia, dado a que permitir posiciones dominantes al punto de formarse un monopolio generaría precios altos y abusos a los consumidores.

El experto explicó que las aerolíneas acudieron a la figura de excepción de empresa en crisis, la cual permite integraciones empresariales cuando no existan más opciones para salvaguardar la compañía y se compruebe que el país estaría mejor autorizando la operación. Sin embargo, expone que Viva tiene diversas opciones para salir de la crisis económica que enfrenta, y enfatiza que la operación debe ser rechazada. Finalmente, puso de presente la investigación que está adelantando la SIC frente a la presunta integración realizada sin la autorización legal correspondiente.

Jorge Mario Rodriguez, Socio de IvoLegal, resaltó que los usuarios pueden intentar tres opciones: demanda ante la SIC con su correspondiente medida cautelar innominada; queja ante la Supertransporte, en donde se investiga a la sociedad pero que carece de facultades indemnizatorias; y una eventual demanda de responsabilidad civil ante la jurisdicción ordinaria.

El abogado explicó que este último evento se puede intentar en caso de que algún consumidor haya sufrido un perjuicio que no sean cubierto por pretensiones de efectividad de la garantía, de calidad o cumplimiento en la prestación del servicio contratado, como son los casos de pérdidas de oportunidad o lucro cesante.  En relación con la integración explicó que en nada cambia la responsabilidad que tiene Viva Air frente a la garantía de los derechos de los consumidores, incluso si se aprueba la integración, los usuarios seguirán ostentando sus derechos.

Finalmente, Mauricio Velandia Castro, director en Mauricio Velandia Abogados, expuso cuatro puntos en materia del derecho de la competencia; en primer lugar, hizo referencia a la integración no avisada entre la aerolínea United y Avianca en el año 2019, situación que no fue informada a la SIC y que hoy cobra relevancia para verificar quién determina el comportamiento de Avianca y, en el mismo sentido, quién está detrás del control de Viva Air.

En segundo lugar, invita a estudiar el fenómeno denominado integraciones asesinas, cuyo mayor ejemplo es la compañía Meta, la cual adquiere competidores pequeños que ponían en riesgo su participación en el mercado para eliminarlos. Para el abogado, la suspensión de operaciones se asemeja a este concepto.

En tercer lugar, pone de presente la ayuda estatal restrictiva de la cual podría verse beneficiada Satena y, por último, invita a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a las asociaciones de consumidores para que intervengan en el proceso. De igual forma, a los demás prestadores de servicios aéreos los insta a que participen en este importante caso, en donde se determinarán las condiciones del mercador colombiano aéreo en los próximos 20 años.