Respuesta al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Oscar Sierra Fajardo

Abogado penalista, consultor y docente

Con la inminente decisión de la Corte Constitucional (Sent. C-134/23) de, aparentemente,  reinstaurar la obligatoriedad de la presencia de partes e intervinientes en la audiencia de juicio oral y de desechar los hasta ahora juicios virtuales, se ha desatado una creciente polémica, a tal punto que el doctor Hugo Quintero Bernate, cuya opinión no permaneció ajena al debate, a través de una nota de prensa que fue titulada Llamado del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema a abogados que protestan[1] hizo una serie de comentarios con relación a los abogados que nos oponemos a dicha determinación.

Ahora, por medio de esta carta pública, quisiera dar respuesta a sus afirmaciones, ya que me siento aludido y ofendido.

Carta pública al doctor Hugo Quintero Bernate

Doctor

Hugo Quintero Bernate

Ref.: respuesta pública a su “llamado a abogados que protestan”

Respetado doctor.

Permítame atribuirme la vocería de cientos de colegas que nos sentimos indignados por las manifestaciones que hiciera públicas en un medio de comunicación en días pasados y las cuales, entiendo, hace a título personal y no como presidente de la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues creo que coincidimos todos en que los jueces hablan a través de sus providencias y no mediante declaraciones en medios propias de los políticos o los particulares.

Lo anterior igualmente en atención a lo impropio que resulta que, en nombre de dicha corporación, se reciban semejantes ataques a quienes, día a día, contribuimos con nuestro trabajo para que la administración de justicia sea real y efectiva. Por ello, respondo a usted como abogado y no por la dignidad que ostenta.

Para empezar, quisiera citar el primer aparte de su declaración cuando refiere “yo llamaría a los abogados que están protestando contra este tema a que piensen en la justicia, como nosotros los funcionarios tenemos que pensar, como un servicio público y no como un negocio”^[2]. Sea lo primero aclararle que los abogados que protestamos no somos solamente los litigantes, sino también los servidores públicos a los que usted trata de diferenciar, pues los múltiples beneficios de la virtualidad han facilitado el ejercicio diario de los funcionarios, quienes gozan ahora de calidad de vida al no tener que desplazarse a sus despachos todos los días y optimizan ese tiempo en sus labores o en su merecido descanso.

Ahora, que reduzca nuestro compromiso con la administración de justicia a un negocio no solo es insultante, sino irreal, pues somos muchos los abogados, entre ellos los heroicos defensores públicos que perciben una remuneración muy por debajo de la asignación laboral que reciben, para quienes poder atender asuntos particulares no es un privilegio, sino una necesidad. Aquello que usted llama negocio es la justa remuneración que recibimos por nuestro conocimiento, sacrificio, trabajo, tiempo y, no en pocas ocasiones, maltrato recibido por funcionarios o público en general.

En otro punto de su pronunciamiento, indicó: “hemos notado en la práctica que algunas oficinas de abogados han invertido más en teleprompter que en abogados para efectos de los testigos”^[3], indicando que con la virtualidad los testigos llegaban “libreteados” y culpando de ello a los defensores. Sepa usted que la mala práctica de “preparar testigos” se llevaba a cabo aun en la presencialidad, donde un fiscal podía perfectamente decirle al testigo en qué debía consistir su declaración minutos antes de deponer, o poniéndole de presente documentación por fuera de la audiencia, lo que, en principio, demuestra que esta no es una problemática atribuible solo a la virtualidad o a los abogados defensores.

Si bien estas malas prácticas pueden existir en el escenario virtual o en el presencial, es el juez, con sus poderes correccionales, quien puede incidir en la situación, ya sea corrigiéndola o restándole valor disuasorio a lo dicho por un testigo sospechoso. Frente a esta problemática, que parece ser más un problema general que exclusivo de la virtualidad, la solución bien podría ser llevar al testigo sospechoso hasta la sede del juzgado y que la práctica de esa prueba específica se dé en presencia del juez, únicamente en casos excepcionales.

Debo manifestar al respecto, doctor Quintero, que el debate sobre la viabilidad de la virtualidad en la administración de justicia se ha dado en todos los niveles, pero con la característica que distingue a quienes nos dedicamos al ejercicio del Derecho, esto es, el respeto por la contraparte. Es por ello que le extiendo una invitación a defender sus convicciones con altura y sin acudir a la indecorosa práctica de deslegitimar y atacar con falacias a sus opositores para efectos de dotar de validez a sus posturas.

En cuanto a su referencia acerca de que “el 80 % de aplazamientos de las diligencias judiciales se deben a maniobras dilatorias de algunos abogados. Y lo que debe hacer la gente es colaborar con la justicia, es un deber ciudadano”^[4], debo manifestar mi sorpresa, pues, como es de su entero conocimiento, tanto los defensores, como los fiscales o hasta el mismo despacho pueden aplazar una diligencia por cualquier motivo que resulte válido, sin que ello suponga una maniobra dilatoria.

Afirmar que los aplazamientos de las diligencias judiciales se deben a supuestas artimañas de los defensores deviene en una clara ofensa contra nuestra profesión, y puntualmente contra los abogados que, a diario, nos enfrentamos a estereotipos que deslegitiman nuestro actuar, lo cual afecta directamente no solo nuestra práctica profesional, sino nuestra vida personal, pues no son pocos los casos de matoneo a familiares de abogados a quienes se ha tildado de “dilatar” procesos, cuando han presentado excusas válidas dentro de los mismos.

Doctor Quintero, usted hace no mucho tiempo fue abogado litigante, por lo que no me queda otra alternativa que preguntarle si se incluye en esas apreciaciones despectivas contra el ejercicio de nuestra profesión y recordarle que en un tiempo usted tendrá que volver a una comunidad que resiste su desafuero, pero que, con seguridad, estará dispuesta a defenderlo, si en el ejercicio del litigio ve vulnerados sus derechos.

Para finalizar, doctor Quintero, una cosa es debatir sobre la virtualidad y otra muy distinta atacar y ofender de manera categórica y puntual a quienes pensamos distinto a usted. Más allá del debate nacional que ha ocasionado la virtualidad en la justicia penal, hay límites que no deben superarse y, mucho menos, cuando usted representa hoy la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los abogados litigantes estamos planteando nuestra postura de manera respetuosa y, por eso, lo invitamos a que sus propuestas, que seguramente tendrán puntos válidos, sean planteadas en el debate nacional, acatando las formas propias de una discusión que requiere de todos sus actores el mejor de los comportamientos, pues, al final, lo que se pretende es encontrar una alternativa que satisfaga con suficiencia las necesidades de los colombianos frente a la administración de justicia.