El complejo panorama jurídico que enfrentará el presidente Petro por el caso de su hijo

La audiencia contra el hijo del presidente Gustavo Petro y su expareja, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, se convirtió ayer en el inicio de lo que será un tortuoso camino político y jurídico para el mandatario , precisamente a un año del inicio de su Gobierno.

 

Y es que el fiscal Mario Burgos aseguró anoche que el hijo mayor del jefe de Estado recibió sumas de dinero de las que se apropió para beneficio personal y que además habrían financiado la campaña presidencial de su padre.

 

"Una parte de este dinero fue utilizado por Nicolás Petro Burgos y su esposa para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y poder blanquear los dineros. Otra parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022", añadió el fiscal Burgos.

 

El ente acusador señala que los recursos provienen de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘el Hombre Marlboro’, actual candidato a la alcaldía de Maicao (La Guajira). Así mismo, Nicolás Petro recibió plata del hijo del conocido como ‘Turco’ Hilsaca y del empresario cucuteño Óscar Camacho.

 

Petro hijo será imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que se expone a una pena de entre los 10 a 30 años de prisión, mientras que a Daysuris Vásquez se le acusa por este segundo delito y por violación de datos personales, por invadir la esfera íntima de su mejor amiga y actual pareja de su esposo.

 

El fiscal solicitó medida no privativa de la libertad para Vásquez, mientras que en el caso de Nicolás pidió detención domiciliaria. El fiscal manifestó que no se observa que Nicolás “pueda obstruir a la justicia y adelantar actividades, máxime que ha renunciado a sus derechos, y ha manifestado a la Fiscalía que entregará toda la evidencia que tiene en su poder”.

 

Reacción de Petro

 

Desde Sucre, el mandatario se refirió al proceso contra su hijo y subrayó que “el Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito: ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder”.

 

En su intervención, aseguró que “este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. No hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo; y el mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas ¡Nos vamos hasta el año 2026!".

 

El presidente denunció que han intentado utilizar todas las debilidades y errores para intentar abrir el camino y el derrumbe del primer gobierno popular de Colombia y advirtió que “el mandato popular se respeta, el pueblo se respeta”.

 

Finalmente, Petro le envió un mensaje a su hijo: "Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es la verdad. La verdad. No arrodillarse ante el verdugo”, concluyó.

Pero hace unos minutos el presidente cambió el tono y anunció que otorgó poder al jurista Mauricio Pava para que lo represente.

 

El caso tendrá unos efectos al día de hoy impredecibles desde lo político y para el futuro de la gobernabilidad de Petro, pero existen procedimientos para investigar y juzgar tanto a la campaña como al mismo mandatario, veamos.

 

Financiación de la campaña

 

Cuando existen indicios de presunta financiación irregular de una campaña política, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia una investigación preliminar para esclarecer los hechos objeto de cuestionamiento.

 

La etapa de indagación preliminar implica un trabajo de investigación sobre unos indicios; así mismo, revisa si hay razones suficientes para abrir una investigación formal. En caso de que exista algún indicio de delito electoral, el CNE debe vincular formalmente al partido, al candidato y a su gerente de campaña.

 

Aunque se comprueben los señalamientos, el CNE no puede destituir al presidente ni a la vicepresidenta de su cargo, pues por tratarse de aforados la encargada de decidir en este caso es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El gerente de campaña y la coalición que avaló la candidatura continuarán siendo investigados por el CNE.

 

En cuanto a los delitos, el artículo 396A de la Ley 599 del 2000, sobre financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, establece que el gerente de la campaña electoral que permita la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

 

Por su parte, el artículo 396B de la Ley 599, que se refiere a la violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, dispone que el que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

 

El juicio político

 

La Fiscalía anunció que compulsará copias del caso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

 

Según el artículo 305 de la Ley 5ª de 1992, la Cámara de Representantes tiene como atribución acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación.

 

El proceso en esta instancia legal del Congreso, compuesta por 16 miembros, se puede resumir así: recibido el caso se designará a un representante ponente para que lleve a cabo la investigación, la presentará a los representantes en plenaria, quienes deberán votar si acusan o no al presidente; en caso afirmativo, se enviará al Senado el expediente para que la plenaria adelante un juicio político que podría culminar en la suspensión del mandatario y el envío del caso a la Corte Suprema de Justicia, alta corte que determinará si incurrió en un delito.

 

En estos casos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia divide a sus magistrados en dos subsalas (una de tres y otra de seis togados) para garantizar el “derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria", tal como lo dispuso el Acto Legislativo 01 del 2018.

Congresistas como Christian Garcés y Miguel Uribe (Centro Democrático) y Jota Pe Hernández (Alianza Verde) ya han radicado denuncias ante la Comisión contra el presidente,  por los audios filtrados del exembajador Armando Benedetti y por las denuncias de Daysuris Vásquez sobre el ingreso de dineros ilegales a la campaña por parte de Nicolás Petro.

Reacciones

Todos los espectros políticos han reaccionado a este escándalo que apenas empieza desde lo jurídico.