El terremoto jurídico de Odebrecht

José Patiño

Editor Ambitojuridico.com

La justicia de EE UU informó hace una semana, mediante este comunicado, que la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) acordó pagar más de US $ 80 millones para resolver las investigaciones que se adelantan en su contra en Colombia y en el país norteamericano relacionadas con sobornos a altos funcionarios del Estado.

 

Y es que en el Tribunal de Distrito de Maryland se le imputaba el cargo de asociación delictuosa, junto con Odebrecht, para violar disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Dicen las autoridades estadounidenses que fueron US $ 23 millones en sobornos a altos funcionarios del Gobierno colombiano, con el fin de obtener el contrato para construir y operar la ampliación de la vía Ocaña Gamarra. (Lea: Presidente ordena revisar contrato de estabilidad jurídica con Corficolombiana)

 

Este acuerdo logrado en el exterior no solo movió la política nacional, pues ayer la Fiscalía General de la Nación anunció que llamará a imputación de cargos a 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por presuntas irregularidades en seis  otrosíes de Ruta del Sol II, como presentar estudios técnicos, jurídicos y financieros no serios e incompletos.   

 

Y es que se habrían desconocido los principios de planeación, economía, responsabilidad, imparcialidad y legalidad; además, el contratista habría ajustado el cronograma de obra a su conveniencia; dice el ente acusador que no se contó con el concepto previo del Consejo Nacional Política Económica y Social (Conpes) y no se realizaron los trámites previos ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la autorización de nuevas vigencias futuras. (Lea: Consejo de Estado revoca multa de $ 715 mil millones contra Ruta del Sol)

 

Los acusados por interés indebido en la celebración de contratos fueron presidentes, vicepresidentes y gerentes dentro de la agencia, entre ellos Luis Fernando Andrade (presidente de la ANI), Beatriz Eugenia Morales Vélez (vicepresidenta de Estructuración), Héctor Jaime Pinilla Ortiz (vicepresidente Jurídico), Fernando Iregui Mejía (vicepresidente Jurídico), Alexandra Lozano Vergara (gerente de Gestión Contractual) y José Andrés Torres Rodríguez (gerente de Proyectos Carreteros).

 

 

 

 

Pero no solo serán imputados quienes fueron servidores públicos, también 22 particulares que actuaron como contratistas o lobistas en un esquema creado desde Odebrecht en Brasil, en una oficina denominada Departamento de Operaciones Estructuradas, para la distribución de sobornos.

 

Según las averiguaciones, luego de conseguir los contratos, se modificaba su objeto y se cancelaban los sobornos a través de empresas offshore, como Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics.

 

Por ejemplo, dice la Fiscalía que en el contrato de concesión del proyecto Ruta del Sol II Odebrecht logró $ 2 billones y pagó sobornos por $ 11.493 millones, y a través de dos congresistas obtuvo un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a la concesión beneficios tributarios por más de $ 145 mil millones en tres años.  Esos legisladores de la época recibieron al menos $ 3.536 millones por el cabildeo que realizaron para obtener el beneficio.  

 

Sobre este asunto se formularán cargos a directivos de la multinacional como Marcelo Odebrecht, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Martorelli, entre otros, por concierto para delinquir y lavado de activos.  Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara serán imputador por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado, y el exalcalde de Gamarra (Cesar), Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Heli Giraldo Escudero, por su intervención en el pago de los sobornos.

 

 

 

 

Las cifras de la Ruta del Sol II

 

Pago de sobornos: más de $ 79 mil millones. 

Beneficios tributarios: $ 145 mil millones.

Beneficios contractuales por otrosíes: más de $ 190 mil millones.

 

Ingreso de dinero a campañas electorales

 

Aportes a la campaña de Juan Manuel Santos: $ 3.540 millones.

Aportes a la campaña de Oscar Iván Zuluaga: $ 3.045 millones.

 

Otros contratos 

Tunjuelo Canoas: más de $ 91 mil millones.

Navelena soborno: más de $ 900 millones.

 

La suma de dineros ilícitos daría como resultado que Odebrecht afectó a Colombia en más de $ 514 mil millones, de los cuales se han recuperado más de $ 19 mil millones. La multinacional le debe entonces al Estado más de $ 494 mil millones.

 

Personas involucradas

 

Solicitudes de imputación: 93

Imputaciones realizadas: 20

Escritos de acusación presentados: 17

Principios de oportunidad: 4

Sentencias condenatorias: 11

 

Las campañas presidenciales

 

La gran novedad del anuncio hecho ayer por el fiscal Francisco Barbosa es que a la campaña de Juan Manuel Santos ingresaron $ 3.540 millones, lo que confirmaría que Odebrecht financió irregularmente el proceso electoral en ambas candidaturas.

 

Recordemos que en junio se anunció que se imputará al excandidato Oscar Iván Zuluaga por recibir y no reportar US $ 1’610.000 para cubrir la contratación del publicista brasileño ‘Duda’ Mendoça. En 2014, el entonces candidato se habría reunido con Eleuberto Martorelli para pactar el aporte de la multinacional brasileña.

 

Odebrecht no ha pagado un peso: Petro

 

En reacción a los anuncios del ente acusador, el presidente Gustavo Petro afirmó que “Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas” y acusó a la Fiscalía de dejar huir a los responsables.

 

El mandatario dice además que las versiones en la justicia de EE UU y la de Colombia son diferentes. Pues José Elías Melo confesó que en Colombia pagó sobornos por $ 6 mil millones, pero las autoridades del país del norte dicen que fueron US $ 26 millones. Alguien miente, afirmó.

 

Petro defendió el valor de lo público en el primer Congreso Internacional de Lucha Contra la Corrupción y manifestó que hechos como el de Odebrecht son una amenaza a la democracia.

 

 

 

 

Por el anuncio de la justicia norteamericana se reactivó el caso Odebrecht en el país, en los meses que vienen se conocerán nuevos hechos que esclarecerán uno de los casos de corrupción más grandes de nuestra historia.

 

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