El término de la indagación preliminar en el proceso penal y su control

Adrián Danilo Ardila Torres
Abogado experto en Derecho Penal

Pese a que el sistema procesal penal vigente no es tan novedoso en la actualidad, para los operadores judiciales, académicos y doctrinantes, existen algunos temas que parecieran ser un tabú y que merecen más atención de la que hasta ahora le hemos otorgado. Tal es el caso de los términos judiciales normados para la subetapa de la indagación preliminar en el proceso penal, pues, pareciera que el consenso, en este punto, se concreta en que dicho término se corresponde con el de la prescripción de la acción penal, cuando ello es abiertamente discutible y no resulta completamente acertado.

Para entrar en contexto, resulta necesario recordar que el proceso penal en Colombia se compone de dos etapas: la investigación y el juicio. Estas etapas, a su vez, contienen subdivisiones así: por una parte, la etapa de la investigación se compone de la indagación preliminar y la investigación formal propiamente dicha. De otra parte, la etapa de juicio se compone de la fase intermedia (acusación como acto complejo, preparación del juicio) y el juicio oral como tal.  

Ubicados entonces en la etapa de la indagación preliminar, conviene traer a colación la normativa aplicable al tema en cuestión a efectos de establecer si realmente existe una regla que de forma expresa establezca un término legal para adelantar la indagación preliminar y si dicho término se corresponde o no con el de la prescripción de la acción penal. Para estos efectos, resulta necesario acudir al ordenamiento interno, a la jurisprudencia nacional, convencional y al derecho comparado. Todo muy someramente, ya que el propósito de este artículo no es solucionar de plano el problema propuesto, sino ofrecer su discusión al margen que se propone una salida procesal con la normativa vigente. 

Duración de los procedimientos

Lo primero en señalar es que la legislación adjetiva penal establece en los parágrafos del artículo 175 la duración de los procedimientos (refiriéndose puntualmente a la indagación preliminar) así: “La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años”[1]. Este término se aumenta en tratándose de delitos contra la libertad y formación sexual perpetrados contra menores de 18 años, en delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, en delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva.

Dicha norma es el resultado del articulado original junto con la modificación efectuada por el legislador mediante los artículo 35 y 49 de la Ley de Seguridad Ciudadana (L. 1453/11), circunstancia que de entrada reafirma el espíritu del legislador en el sentido de que se respeten los términos procesales allí establecidos a efectos de que en dichos marcos temporales se imputen conductas punibles a los responsables o se ordene el archivo de las diligencias conforme al  artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (CPP), archivo que en todo caso debe ser motivado y resulta provisional.

Lo dicho hasta ahora permite concluir diáfanamente que en la normativa penal existe una norma que establece de forma clara diversos términos perentorios para la gestión de la etapa de indagación preliminar, fenecido el cual, el ente acusador debe (imperativo legal) emitir una orden de archivo, formular imputación o separarse del conocimiento del caso.

Exequibilidad

Como respaldo de lo anterior, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 175 en debate, afirmó que “el establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos”. De manera que la Corte ratifica y confirma el deber de estarse a los términos legales allí establecidos, sin que pueda interpretarse de forma disímil o en detrimento del debido proceso en lo que respecta a la estructura y a los plazos razonables.

Ahora bien, quienes hemos tenido la oportunidad de ocupar el rol de juzgadores, fiscales y defensores, sabemos que, en la práctica o por costumbre judicial, los términos anteriormente indicados no se aplican y, por el contrario, se acude erradamente a los términos de la prescripción de la acción penal a efectos de contabilizar el término de la indagación preliminar.

Derecho comparado

A nivel de derecho comparado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Perú en las casaciones N.°02-2008, La Libertad; N°144-2012, Áncash y Casación. N°599-2018, Lima, ha establecido que el plazo máximo para el desarrollo de las diligencias preliminares (indagación preliminar en Colombia), en los casos simples, casos complejos o casos de crimen organizado, no debe exceder el plazo ordinario que ya se ha constituido legalmente para el desarrollo de la subsiguiente etapa, es decir, la investigación preparatoria formalizada (investigación formal en Colombia). En punto al control de estos términos judiciales el Código de Procedimiento Penal Peruano establece, en su artículo 343: “Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior el Fiscal no dé por concluida la Investigación Preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al Juez de la Investigación Preparatoria. Para estos efectos el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda”.

Dicha legislación respeta parcialmente los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en punto a los términos procesales establecidos para el proceso penal y sus diferentes etapas. Así, conforme a la jurisprudencia convencional, para determinar si la etapa procesal respeta la razonabilidad del plazo, se deben valorar cuatro elementos: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.[2]

En Colombia, se aparejó el plazo razonable normado en el artículo 175 de la legislación adjetiva con la gravedad del delito. En Perú, se tuvo en cuenta la complejidad del caso a efectos de establecer el término duración de las diligencias preliminares. En contraste, las dos legislaciones olvidaron otros criterios importantísimos, como la colaboración de la víctima, la conducta de los operadores autoridades judiciales (negligencia o diligencia) y la carga laboral. Empero, sobresale que en el caso del hermano país se haya implementado una audiencia nominada para controlar la actividad del ente acusador en la etapa de indagación o diligencias preliminares.

Control del término

A pesar de lo anterior, en mi criterio, existe la posibilidad en nuestro país de controlar el término de esa etapa procesal. Veamos: el artículo 153 del CPP enseña que las peticiones que no deban resolverse en las audiencias a cargo del juez de conocimiento deberán ser resueltas en audiencia preliminar ante el juez de control de garantías. Asimismo, el artículo 154 ibidem enuncia un listado no taxativo de peticiones que se tramitan en audiencia preliminar (ante juez de control de garantías), el cual finaliza con una cláusula abierta que reza: “las que resuelvan asuntos similares a los anteriores” (num. 9º). Se ha entendido que este último precepto les permite a las partes e intervinientes formular ante el juez de control de garantías peticiones distintas a las señaladas expresamente en los numerales 1 a 8 del citado artículo 154. A estas, por no estar expresamente consagradas en dicha norma, se les conoce como audiencias preliminares innominadas[3].

Atendiendo a que el control de términos judiciales en la etapa de indagación preliminar no es un tema que deba debatirse en las audiencias con cargo al juez de conocimiento y no se encuentra en el listado contenido en el artículo 154 relativo a las audiencias preliminares nominadas con cargo al juez de control de garantías, refulge claro que debe acudirse al mecanismo de las audiencias preliminares innominadas, como se dijo con antelación. En dicha audiencia deberá discutirse, entonces, primeramente, aspectos de orden objetivo, esto es, la calificación jurídica provisional (tipo objetivo) y si han fenecido los términos establecidos en el artículo 175 adjetivo para el tipo penal correspondiente. Seguidamente, con fundamento en el bloque de constitucionalidad contenido en el artículo 93 de la Constitución Política, así como la jurisprudencia de la Corte IDH, agotar y discutir los 4 elementos que componen el plazo razonable arriba descritos.

Surtido lo anterior, el juez de control de garantías debe optar por una decisión que respete tanto la norma aplicable que involucra en todo caso el artículo 175 procesal, como el criterio del plazo razonable convencional ordenando al ente acusador que se decida el asunto en un tiempo prudente; bien sea con imputación de cargos ya con archivo provisional, controlando, como es de su resorte en atención a su rol de juez constitucional, la actividad de la fiscalía en la etapa investigativa subetapa indagación preliminar. Solo de esta forma se reafirmarían los compromisos convencionales y los principios fundamentales en lo que respecta al adelantamiento de un proceso penal permeado de plazos razonables. 

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