“Una supercorte de justicia evitaría el choque de trenes constante y reduciría la inseguridad jurídica”

Desde su experiencia como abogado, Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional, compartió con ÁMBITO JURÍDICO sus propuestas en materia de justicia. Crear 70.000 nuevos cupos carcelarios intramurales, limitar la producción de leyes y reformar la Jurisdicción Especial para la Paz son algunas de sus propuestas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: A raíz de la pandemia, se expidieron varias normas de emergencia encaminadas a promover la justicia digital. En su mandato, ¿qué participación tendría la virtualidad en la modernización de la justicia?

 

Enrique Gómez Martínez: El Decreto 806 del 2020 es muy beneficioso, porque desmonta ese ritualismo casi que obsesivo del proceso judicial colombiano. Ha sido un dinamizador de la justicia, pero no ha cumplido ni puede cumplir con el propósito de descongestionar el sistema judicial colombiano. Es cierto que le quita carga al sistema judicial colombiano, pero nuestro problema no es de herramientas. Bienvenida la virtualidad y ojalá se logre el expediente judicial prontamente, pero no creo que sea la ruta para descongestionar y superar los problemas que siempre ha tenido la justicia, como la incapacidad en el desarrollo de las audiencias públicas y la falta de idoneidad y de conocimiento de muchos funcionarios judiciales que, incluso, ha quedado en evidencia con la virtualidad.

 

Á. J.: Entonces, ¿qué hacer?

 

E. G. M.: Hay que introducir esquemas de información para supervisar la gestión y el comportamiento del juez, fortalecer los concursos permanentes y acabar con la provisionalidad. Esa es la ruta por seguir. Necesitamos una figura del juez, no solo más profesional, sino que acepte la labor formadora de sociedad.

 

Á. J.: ¿Cómo fortalecer ese compromiso del juez con la sociedad?

 

E. G. M.: Mire, casi el 35 % de jueces está en provisionalidad, lo que termina evidenciando un fenómeno de clientelismo judicial, en el que se nombran personas que no son idóneas. Los concursos no se cumplen. El desestimulo al talento humano para incorporarse a la Rama Judicial es muy alto. La gente estudia, se presenta, se publican los resultados y luego se tumba la convocatoria por tutela o no se llenan los cargos, precisamente, porque la Rama está llena de clientelismo. Así mismo, proponemos que los jueces actuales sean evaluados anualmente, pero no por el nominador, como hoy sucede, sino por externos, como facultades de Derecho o colegios de abogados y asociaciones de usuarios judiciales, para que cumpla su misión en tiempo y con transparencia.

 

Á. J.: ¿Qué otros ingredientes tendría esa reforma integral a la justicia que usted propone?

 

E. G. M.: Hay que eliminar las funciones electorales de las altas cortes. Yo he planteado una forma integral a la justicia, para que estas solo puedan cooptarse a sí mismas, pero no con la cooptación actual, en la que los candidatos son elegidos con la participación oscura del Congreso de la República, sino a través de ternas que sean generadas por colegios de abogados, facultades de Derecho, etc. Atrás debe quedar ese rito espantoso del candidato yendo a humillarse ante el Consejo Superior de la Judicatura para que lo incluya en una terna.

 

Á. J.: ¿Qué periodo sería ideal para esos magistrados?

 

E. G. M.: No estoy de acuerdo con que sean vitalicios. Pero creo que la edad para ser magistrado de alta corte debe elevarse a 65 años y la permanencia mínima de 12 años. Las altas cortes no pueden ser un potencializador de carreras judiciales. Además, los exmagistrados deben quedar vetados para litigar ante la corporación o la especialidad en la que estuvieron. Hoy, la gente llega a esos cargos para después enriquecerse en el litigio frente a las mismas corporaciones que integraron.

 

Á. J.: Con la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana se prevé un aumento importante de la población carcelaria. ¿Qué propuestas tiene en materia de política penitenciaria?

 

E. G. M.: Yo he planteado crear 70.000 nuevos cupos carcelarios intramurales. El 80 % de nuestras cárceles son de primera generación. Colombia es un país vergonzoso: desde el 2011, solo se han incorporado 1.500 cupos carcelarios y, luego, dicen que la solución es liberar a los bandidos para que vayan a aterrorizar a la población. Proponemos renovación de, por lo menos, 35.000 cupos, y expansión de otros 35.000 cupos, así como la ampliación de las colonias agrícolas penitenciarias para aquellos de menor peligrosidad. Además, los municipios tienen recursos para que asuman su responsabilidad, pero hoy le toman el pelo a la nación y ni siquiera adjudican los proyectos.

 

Á. J.: ¿Qué futuro tendría el Inpec?

 

E. G. M.: Liquidar el Inpec, como ha sucedido con otras entidades, no es la solución. Sucedería lo que he denominado “el regreso de los muertos vivientes”: se liquida una entidad y luego nace otra que la remplaza y que, al final, es la misma. Creo que la carrera administrativa penitenciaria es importante. Hay un proyecto muy antiguo que nadie ha querido abordar y que es una ruta para homogeneizar los términos de carrera de los cargos y atacar la vagabundería sindical del Inpec. Por otro lado, no podemos negar que el problema de corrupción está ligado al narcotráfico. Somos una sociedad narcótica que tiene que entender que continuar la lucha contra las drogas genera todo tipo de costos sociales, como la corrupción perversa de la estructura carcelaria.

 

Á. J.: Expertos indican que el sistema penal acusatorio colapsó. ¿Es necesaria una reforma al respecto?

 

E. G. M.: Nosotros proponemos tres reformas concretas. En primer lugar, volver al diseño original de la Fiscalía General que tenía la constituyente, es decir, que dependa del Poder Ejecutivo. Así, el fiscal será nominado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, de tal forma que el primero responde por el éxito o el fracaso de la política criminal. En segundo lugar, no podemos seguir con un garantismo penal que siempre favorece al delincuente. Y, en tercer lugar, proponemos la reincorporación urgente de reserva activa del nivel ejecutivo de la policía nacional de personas que tengan capacidad en instrucción criminal y en policía judicial. Con eso, se garantizaría la atención inmediata del hecho punible y la especialización de fiscales en investigación. Hoy, los fiscales viven en un mundo cómodo, generando órdenes de trabajo que saben que los investigadores no pueden cumplir. Deben volver a la calle, para que casi no haya distinción entre investigadores y fiscales. Yo he estimado que la provisionalidad de fiscales es superior al 95 %. El concurso de la fiscalía es un mito. En los últimos años, el presupuesto de la fiscalía ha subido el 65 % y nunca en el sistema oral acusatorio ha habido más impunidad que en esta fiscalía. Y lo peor: nadie le puede decir nada al fiscal: la prensa, los grupos económicos y los jueces le tiene pánico, porque él es un reyezuelo. ¿Por qué?, porque el Fiscal no le responde a nadie.

 

Á. J.: ¿Qué otras iniciativas tiene en mente?

 

E. G. M.: Otro tema muy importante y fácil de resolver es el proceso laboral. El incumplimiento de las prestaciones del contrato de trabajo no da para juicio. Eso es una infracción administrativa que debe ser resuelta con una multa contra el empleador y se acaba la informalidad y el abuso. Al trabajador le dejan de pagar una liquidación y tiene que salir a contratar un abogado para un proceso que dura 10 años. Hay cerca de 1,7 procesos laborales, con una impunidad espantosa. Si se eliminan esos procesos, solo quedarían procesos de fuero, abuso de contrato de trabajo y algunas relaciones laborales. Así, se eliminan 4.000 jueces de esa especialidad que pueden solventar la morosidad en otras áreas. Hay que volver al concepto de juez de circuito, que se movía a donde estaban las personas y así garantizar el acceso a la justicia.

 

Á. J.: ¿Qué cambios plantearía para fortalecer la justicia transicional?

 

E. G. M.: Hay que revaluarla: cinco años y ni un fallo, una justicia de espaldas a las víctimas. ¿Cómo es posible que el macrocaso de violaciones o abusos a menores en la guerrilla no se haya abierto, cuando hay semejante catálogo abrumador de pruebas? Yo no veo tampoco justicia para los niños víctimas. Además, ¿dónde está el tema de la verdad? La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le debe la verdad al país sobre Farc y narcotráfico, Farc y política, desplazamiento forzado para ocupar tierras, entre otros. Y ni hablemos de reparación: no han reparado a nadie y no lo van a hacer. Se requiere una reforma a la JEP. Por eso, nuestra propuesta de crear una sola supercorte, que unifique las cortes existentes e incluya la segunda instancia de la JEP, porque es una jurisdicción hermética.

 

Á. J.: Explíquenos un poco más su propuesta de la supercorte.

 

E. G. M.: Ningún país del mundo aguanta seis altas cortes de justicia. Eso no tiene presentación. Proponemos que el Consejo de Estado no termine siendo una función de instancia. Hoy, es la jurisdicción más grande de Colombia, con más magistrados y no sirve para nada, porque sigue ocupando el espacio de instancia. Proponemos que sea un tribunal de instancia en lo contencioso administrativo. La supercorte, además, evitaría el choque de trenes constante, reduciría la inseguridad jurídica y controlaría a la Corte Constitucional que ha adoptado una función legislativa creadora de normas positivas que no le asigna la Constitución. Con esto también acabaríamos esa quinta instancia en la que se convirtió la tutela.

 

Á. J.: ¿Qué reformas haría para evitar esa hiperinflación normativa?

 

E. G. M.: Los partidos políticos deberían tener restricciones para presentar proyectos de ley. Llevamos más de 2.600 leyes desde la Constitución de 1991. Hay más de 2.500 proyectos de ley en curso. El país está inundado de normas. Proponemos dos reformas cardiales: (i) ninguna regulación nueva puede introducirse, si no destruye tres regulaciones anteriores y (ii) en cada legislatura, los partidos políticos no podrán presentar más de cinco proyectos de ley.