“Soy un fiscal de los territorios y en eso se centra nuestra estrategia”

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, presentó un balance sobre sus primeros 15 meses de gestión, habló sobre las estrategias desarrolladas al frente de esa entidad y de lo que puede esperar el país de la entidad que dirige.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Se cumplen 15 meses de su gestión, ¿qué logros destacaría y qué aspectos cree que aún es necesario fortalecer?

 

Francisco Barbosa: Considero que el balance ha sido muy positivo, gracias al compromiso de todos los funcionarios de la entidad. Sin ese trabajo armónico y articulado, no sería posible el éxito de nuestras acciones, más aún con los retos que nos ha tocado asumir a raíz de la pandemia, para cumplirles a los colombianos en materia de justicia.

 

Hemos ido avanzando en objetivos estratégicos, como la lucha contra la criminalidad organizada, cercando los corredores regionales que han trazado las estructuras delincuenciales y atacando sus economías ilícitas. Golpes a organizaciones como el ELN, “Los Pelusos”, disidencias de las Farc, “Clan del Golfo” y “Caparros”, con la captura y la judicialización de 2.117 integrantes, así lo demuestran. También impactamos 384 bandas delictivas y capturamos 533 personas vinculadas al narcotráfico.

 

Aquí tengo que poner énfasis en un importante resultado: la afectación con fines de extinción de dominio a bienes avaluados en más de 12 billones de pesos, un valor sin precedentes en la historia de la entidad.

 

También, combatimos con contundencia los delitos que afectan en mayor proporción la seguridad ciudadana y la corrupción, entre otros. Procuramos, desde el inicio, tener más presencia institucional y capacidad investigativa en todos los territorios, y estamos cumpliéndole al país.

 

Puedo destacar, por ejemplo, los resultados del 2020 en el tema de feminicidios, con un esclarecimiento del 96 % de los casos, así como el aumento de casi 10 puntos en la tasa de avance de esclarecimiento de crímenes contra defensores de derechos humanos, desde que asumí el cargo. Recibí la Fiscalía con un esclarecimiento de crímenes de líderes sociales del 52 % y logramos el 62,35 %. Igualmente, en homicidios múltiples, logramos el 71,50 %, cuando, en el 2019, la entidad estaba por debajo del 40 %.

 

Por otra parte, gracias a nuestros procesos investigativos, desde la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos se logró la captura de 382 personas y se ejecutaron 116 operaciones contra la minería ilegal y la deforestación, entre otras conductas ilícitas.

 

Finalmente, priorizamos acciones contra la corrupción, principalmente en lo que respecta al buen manejo de los recursos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia. Como resultado de las indagaciones, se lograron 120 imputaciones, entre ellas, las de tres gobernadores (San Andrés, Chocó y Putumayo); además, vinculamos formalmente a 29 alcaldes y 2 concejales. Todo esto, tras verificar más 6.000 contratos, por un valor superior a 667.000 millones de pesos.

 

Á. J.: ¿Qué estrategias piensa desarrollar para desarticular las bandas criminales que afectan la seguridad ciudadana?

 

F. B.: Como lo he dado a conocer en cada oportunidad, soy un fiscal de los territorios y en eso se centra nuestra estrategia. En llegar a cada rincón de la geografía nacional, sobre todo a las zonas en las que la ciudadanía reclama respuestas efectivas de la justicia, articulando esfuerzos internamente y con otras instituciones, como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

 

Luego de analizar estratégicamente y en contexto las zonas, planteamos un trabajo diferencial en las regiones. Por eso, dispuse equipos itinerantes, proyectos investigativos, así como un trabajo articulado entre las diferentes dependencias, con investigaciones transversales, que nos permitan abordar las dinámicas delictivas de manera integral en los diversos corredores en los que tienen influencia los grupos delincuenciales.

 

De otro lado, implementamos la estrategia de intervención en zonas de mayor afectación y presencia de organizaciones criminales, las cuales caracterizamos a partir de las economías ilícitas y las graves afectaciones a la población civil.

 

Este trabajo en los territorios nos ha permitido, en el último año, afectar a más de 1.500 estructuras dedicadas al microtráfico, hurto, extorsión y homicidio, entre otros delitos, además de capturar a más de 9.800 personas de estas organizaciones que afectan a la ciudadanía. No les daremos tregua.

 

Á. J.: ¿En qué consiste la estrategia Argenta y qué otras estrategias hay que desarrollar para atacar el crimen organizado?

 

F. B.: Esta estrategia la pusimos en marcha el pasado 9 de febrero, para reforzar la lucha contra la criminalidad mediante la afectación del patrimonio ilícito de estas organizaciones. Seguimos con el ánimo de impactar sus rentas criminales, esta vez, a través de actividades investigativas con fines de extinción de dominio.

 

Con Argenta se busca desarrollar acciones focalizadas para develar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros productos de su actuar.

 

Á. J.: ¿Qué ha hecho esta administración para atacar temas como la corrupción administrativa, especialmente la corrupción en la justicia? 

 

F. B.: Como lo indiqué, la corrupción hace parte de los fenómenos priorizados en el direccionamiento estratégico. La lucha frontal de la Fiscalía contra los corruptos tampoco cesa. Además del Grupo de Tareas Especiales que articula esfuerzos entre la Dirección Especializada contra la Corrupción y las direcciones seccionales para abordar las investigaciones por la posible malversación de los recursos para la emergencia sanitaria, obtuvimos resultados con el grupo de trabajo experto en temas de contratación pública de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En el último año, se imputaron cargos a 18 exgobernadores y a 8 exmagistrados; además, se lograron tres sentencias condenatorias y se resolvieron tres situaciones jurídicas en el procedimiento de la Ley 600.

 

En nuestra lucha contra la corrupción hemos realizado 4.900 imputaciones y logrado 866 condenas. Vamos a seguir combatiendo la corrupción venga de donde venga, desde el funcionario de más bajo nivel hasta el más alto, donde tengamos competencia como Fiscalía General de la Nación.

 

Á. J.: ¿De qué forma esta fiscalía ha evitado ese “choque de trenes” que vimos en el pasado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

 

F. B.: La Fiscalía siempre ha mantenido una relación armónica con todas las entidades del Estado, pero, sobre todo, es respetuosa de las competencias que tiene cada una. La colaboración es garantía de fortalecimiento institucional y así ocurre con la JEP.

 

Á. J.: ¿Cuál va a ser el papel de la Fiscalía en las estrategias conjuntas que anunció el Gobierno en cuanto a la protección de líderes sociales? ¿Cómo avanzan las investigaciones de estos hechos?

 

F. B.: El rol de la Fiscalía no cambia. Seguimos cumpliendo la misión con apego total a lo que establece la Constitución y la ley. Investigamos y judicializamos a los responsables de estos hechos, así como de cualquier otro delito. Nos corresponde investigar todos los homicidios, independientemente de su naturaleza. Sin embargo, es una prioridad esta población vulnerable y el compromiso es esclarecer los crímenes y las afectaciones contra defensores de derechos humanos, bajo un análisis en contexto que permita acercarnos a la verdad.

 

La Fiscalía se vincula a las estrategias del Gobierno, porque con el trabajo interinstitucional se implementan medidas integrales y obtenemos otras visiones que nos permiten abordar con mayor eficacia las agresiones contra los defensores de derechos humanos.

 

En el último año, hemos avanzado notablemente en las metodologías investigativas y en el fortalecimiento de las capacidades, especialmente, en los territorios donde se presenta mayor victimización en su contra.

 

Á. J.: Está próximo a iniciar discusión el proyecto de ley de reforma a la justicia propuesto por el Gobierno. ¿La Fiscalía acompaña esta iniciativa? ¿Qué reforma legislativa requiere el procedimiento penal?

 

F. B.: La Fiscalía se encuentra analizando el contenido normativo del proyecto y participaremos con algunos artículos que son fundamentales para la entidad. Uno de ellos es la creación de la Unidad itinerante de la Fiscalía para seguir en los territorios, otra es la creación de una unidad de medioambiente. Ambas unidades tendrán un componente de investigadores y fiscales para apoyar las misiones policivo-militares Agamenon, Aquiles, Atlas, Atalanta y Esparta. También acompañaremos con ese apoyo del Legislativo a la estrategia Artemisa para proteger recursos naturales y combatir la deforestación. Otro aspecto que defenderemos en el proyecto consiste en que cuando existan dificultades territoriales o logísticas que impidan la puesta a disposición del capturado ante autoridad judicial, el conteo de las 36 horas para que la legalización de la captura se inicie sea a partir de la llegada del capturado al puerto o al municipio más cercano.

 

Á. J.: Vuelve a la palestra pública el tema del vencimiento de términos, por casos como los del fiscal Carlos Bermeo o la exgobernadora Oneida Pinto. ¿Es necesario reformar ese tema?

 

F. B.: Aquí estamos ante una realidad: el sistema penal colombiano permite que las partes procesales actúen e interpongan sus recursos, es un modelo garantista. Sin embargo, los jueces, que son los competentes de dirimir cualquier tipo de solicitud, tienen una evidente carga procesal que les impide asumir con prontitud cualquier petición. A esto sumémosle las dificultades por la pandemia, que han exigido el uso de la virtualidad y hay escenarios que no están plenamente preparados. Así, los retrasos son inevitables.

 

La Fiscalía cumple con su labor constitucional, investiga y acusa, y hay casos altamente complejos y con abundante material de prueba que, por todos los aspectos que he citado, no avanzan en etapas preparatorias y otras instancias como quisiéramos, y con la inmediatez que espera la ciudadanía.

 

Por eso, he planteado la necesidad de establecer un mecanismo para evitar el vencimiento de términos en casos de corrupción, feminicidios y delitos que afecten la integridad de nuestros niños y adolescentes que espero llevarlo al Congreso de la República.

 

Á. J.: ¿Qué le espera en Colombia a esos paramilitares que regresan al país, como Hernán Giraldo, Salvatore Mancuso, Cuco Vanoy y otros que próximamente arribarán a Colombia?

 

F. B.: La Fiscalía ha avanzado en la investigación y el esclarecimiento de los hechos delictivos relacionados con estas personas, al margen de sus procesos en jurisdicción americana. Confiamos en que la gestión de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores producirá la pronta llegada de estas personas a Colombia para que comparezcan dentro de los procesos que tengan vigentes.

 

Á. J.: Críticos de la Fiscalía señalan que hay pocos avances en casos como Odebrecht, el cartel de la Toga, el nuevo capítulo de “las chuzadas”. ¿Qué responder?

 

F. B.: Hemos logrado algo muy importante en el caso Odebrecht. Nuestro Grupo de Tareas Especiales ha organizado las líneas investigativas que por este entramado de corrupción estaban dispersas en varias dependencias de la Fiscalía.

 

Hace poco, anunciamos las imputaciones en contra de tres empresarios brasileños por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por conductas ilícitas relacionadas con diferentes fases del proyecto de la Ruta del Sol. Vamos a solicitar órdenes de captura internacionales para que respondan ante la justicia.

 

Además, imputamos a 12 personas por su presunta participación en hechos irregulares detectados en tres de los frentes de investigación en los que avanzamos: Interconector Tunjuelo-Canoas, la Ruta del Sol III y otros casos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.

 

La Fiscalía tiene un compromiso serio con el país: esclarecer lo ocurrido y poder decirle a Colombia que este es un capítulo cerrado.

De otra parte, por corrupción en la administración de justicia, y ante la fortaleza de los argumentos presentados por la Fiscalía, fue condenado a 19 años de prisión el exmagistrado Francisco Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho para dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.

 

Á. J.: ¿Cómo ha avanzado la Fiscalía en materia de investigación e incorporación de infraestructura tecnológica e inteligencia artificial en sus procesos?

 

F. B.: Vamos por muy buen camino. Producto de la pandemia, nos hemos fortalecido en diferentes aspectos, uno de ellos ha sido el tecnológico. En el 2020, se realizó una inversión de más de 106.150 millones para iniciar la renovación de los computadores a nivel nacional, así como la conectividad de 871 sedes en el país. También se hizo la adquisición de herramientas de software de ofimática y especializadas para soportar las actividades de los servidores. Para este 2021, ya tenemos el presupuesto de más de 163.000 millones de pesos para el proyecto de expediente digital y continuar la renovación tecnológica de computadores.

 

Á. J.: Usted presentó recientemente la restructuración del CTI, ¿cuál es su sentido y la importancia para la entidad?

 

F. B.: El eje central de la Fiscalía es la investigación. En el año 2014, se disgregó el CTI por una ausencia de gerencia en la entidad. Esta circunstancia llevó a que se fracturará la relación entre las direcciones nacionales y seccionales e, incluso, como lo hemos visto en los últimos años, se hayan presentado algunos casos internos de corrupción. Lo que busca mi decisión es corregir los errores del pasado y fortalecer el CTI para darle mayor transparencia y control en su acción. Queremos una entidad respetada y reconocida. Somos 24.000 funcionarios comprometidos que trabajamos por el país.

 

Esta restructuración se fue consolidando gracias a la presencia que se ha hecho en los territorios. He despachado con mi equipo, aun con el covid-19 en más de 90 lugares del territorio nacional, con resultados y viendo las necesidades de nuestra gente y la manera de llegar a los ciudadanos con mayor eficacia. La unificación del CTI mejora nuestra misionalidad.  

 

No solo la unificación del CTI es vital, pues también hemos generado procesos de promoción interna a más de 1.200 funcionarios. Así mismo, ciudades como Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Popayán tendrán nuevas sedes para el fortalecimiento de nuestra operatividad en las regiones. Acá debemos superar la idea de que Bogotá es el país. La gente espera más de todas las entidades en los territorios. Esa es mi obsesión.

 

Á. J.: ¿Qué balance entrega en materia de extradición y cooperación para combatir el crimen transnacional?

 

F. B.: Este es un mecanismo de cooperación internacional que nos ha permitido avanzar en la lucha trasnacional de fenómenos criminales como el narcotráfico y el lavado de activos. Producto de las acciones investigativas, en los últimos 12 meses han sido ubicadas 171 personas pedidas en extradición (138, en el 2020, y 33, en lo corrido del 2021). Durante este periodo, se han realizado 134 entregas formales a los países requirentes, luego de cumplirse los términos e instancias diplomáticas y legales (122 entregas, en el 2020, y 12, en 2021), por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Entre febrero del 2020 y febrero del 2021, firmé 205 órdenes de captura con fines de extradición.

 

Destaco la labor que hacemos a través del CTI, en conjunto con la Policía Nacional, Interpol y demás instituciones que prestan sus competencias para dar con el paradero de estas personas.

 

Á. J.: ¿Qué podemos esperar los colombianos de los siguientes años de su gestión?

 

F. B.: Una Fiscalía activa, con un fiscal general obsesionado en la itinerancia y en consolidar un respeto y administración por la entidad. Este año tendremos mejores resultados, tras la consolidación de las estrategias trazadas para cumplir nuestros objetivos. Seguimos trabajando en lo urbano y en lo rural de cara a los ciudadanos, entendiendo las problemáticas y delitos que más los afectan, para promover acciones investigativas oportunas y contundentes. No vamos a dar tregua a la delincuencia. En estos años de mi administración como Fiscal General de la Nación seguiremos hablándole con resultados al país.