“Pedimos a la Corte no usar el derecho penal para regular el aborto”

En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, Ana Cristina González Vélez, una de las pioneras del movimiento Causa Justa, explica los argumentos que presentaron ante la Corte Constitucional para solicitar la despenalización del aborto. La histórica decisión, en la que se elimina la pena por interrumpir un embarazo hasta la semana 24 de gestación, acogió varias de las razones esgrimidas por un grupo de mujeres que no ha cesado la lucha por alcanzar un cambio de paradigma.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo surge Causa Justa?

 

Ana Cristina González Vélez: El movimiento Causa Justa es el resultado de una acumulación política del movimiento feminista en Colombia, que ha trabajado por la despenalización del aborto en el país. Aunque antes de esto ya existía la intención, en el año 1998, un grupo de mujeres en Colombia fundamos La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. En esa época, el aborto estaba totalmente prohibido. Durante esa primera etapa, nos juntamos con el objetivo de trabajar hacia la despenalización total del aborto en Colombia, para construir argumentos desde distintas disciplinas: desde el Derecho, desde la Sicología, desde la Medicina, desde la Salud Pública, entre otras, para abrir una conversación. Trabajamos todos esos años haciendo esa pedagogía, hasta que, en el año 2006, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-355, despenalizó el aborto en tres circunstancias. Entonces, la Mesa tomó la decisión de hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la implementación de esa sentencia.

Á. J.: ¿Cómo recibieron, en ese entonces, dicha decisión?

 

A. C. G. V.: Sabíamos que esas causales existían en muchas partes del mundo, pero en casi ninguna de ellas las mujeres accedían al aborto legal en amparo de las mismas, porque una de sus dificultades es el factor interpretativo: te pueden decir que tienes derecho al aborto si tu salud o tu vida está en riesgo, pero, para eso, debes presentar un certificado médico, que acredite ese riesgo. Finalmente, eso hace parte del fuero interpretativo del profesional. Por eso, nosotras trabajamos mucho para contribuir a que la interpretación fuera coherente con los derechos humanos. Gracias a este trabajo y a los entrenamientos que se hicieron en Colombia, esa excepción terminó siendo la primera causa de aborto legal en Colombia. Además, acompañamos a mujeres que experimentaban muchas barreras. De hecho, casi 15 años después, nos dimos cuenta de que el modelo adoptado en el 2006, bajo las tres causales, estaba estancado; que la mayoría de los abortos seguían siendo ilegales; que las mujeres eran criminalizadas. Así, decidimos volver al objetivo con el que habíamos nacido: avanzar en la despenalización total el aborto.

Á. J.: ¿Qué hicieron a partir de ese momento?

 

A. C. G. V.: Desde el 2017, empezamos a construir argumentos, a invitar a las organizaciones y a contarles esta idea. Elaboramos toda una estrategia pedagógica, centrada en compartir y explicar las razones para llegar al objetivo. Las organizaciones empezaron a entusiasmarse y esa iniciativa de la Mesa terminó en lo que se conoce en el país como el movimiento Causa Justa. Lo lanzamos hace dos años, con el propósito de conseguir la eliminación del delito de aborto en Colombia y, al mismo tiempo, para crear condiciones que permitan avanzar en lo que llamamos la “despenalización social”, que no es otra cosa que crear un entorno de mayor legitimidad para las decisiones de las mujeres. Todo este movimiento está muy ligado a la idea de que la libertad de las mujeres es un elemento fundamental para el ejercicio de su ciudadanía.

Á. J.: ¿Cuáles eran las barreras a las que se enfrentaban las mujeres bajo el esquema planteado por la decisión del 2006?

 

A. C. G. V.: Desde que se despenalizó el aborto en Colombia, empezamos no solo a acompañar a las mujeres que se enfrentaban a muchos obstáculos para materializar el derecho reconocido, sino que, además, comenzamos a sistematizar esa información. Esa fue una de las decisiones más importantes que tomamos, porque, 15 años después, el acompañamiento que la Mesa ha realizado a más de 2.000 mujeres nos ha permitido evidenciar múltiples barreras. Algunas de ellas están ligadas al desconocimiento legal de la sentencia del 2006, entendiendo esa acepción no solo como no saber sobre ella, sino, también, como no estar interesado en su contenido. En efecto, encontramos que la sentencia no era tan conocida o, por lo menos, no todos los detalles. La Corte Constitucional ha proferido más de 21 sentencias sobre aborto, de las que han surgido muchas reglas.

Á. J.: ¿Qué otros obstáculos lograron evidenciar?

 

A. C. G. V.: También encontramos barreras relacionadas con la interpretación. La causal salud, por ejemplo, la que está relacionada con el riesgo a la vida o a la salud de la mujer, es una causal amplia. La Corte, en su momento, sostuvo que la salud debía ser entendida de manera integral, lo que comprende los aspectos físicos, mentales y sociales. Igual ocurre con la malformación fetal. Todo esto deja un margen de interpretación para que los profesionales cuestionen cuál es el riesgo, cuándo se estableció, si se trata de un riesgo consumado o de la posibilidad de un riesgo. Estos factores interpretativos, además, han derivado en exigir requisitos que no fueron determinados por la Corte, como la exigencia de la junta médica o la edad gestacional, por mencionar algunos. El último grupo de barreras están relacionados con las fallas en la prestación del servicio. Y, de allí, se desprenden otros dos grupos muy grandes: las fallas administrativas y otras personales o directas. En las primeras, por ejemplo, se observa que no hay rutas de atención, no son claros los sistemas de referencia, hay instituciones enteras que deciden declararse objetoras contra la norma, no hay protocolos de atención y los lineamientos no se conocen. Las otras, por su parte, que se enfocan más en la relación entre la mujer y el profesional, en las que se pueden resaltar la objeción de conciencia, que para nosotras está mal aplicada; la dilatación en la prestación del servicio e, incluso, el maltrato. Porque en las instituciones de salud, lamentablemente, hay episodios de violencia en contra de la mujer.

Á. J.: ¿Cuáles son los escenarios en los que se presenta esa violencia?

 

A. C. G. V.: Hace dos años, hicimos un estudio en el que encontramos que muchos abortos en Colombia están costando entre tres y cuatro veces más de lo que está costando un aborto seguro, realizado en condiciones ideales, es decir, en un nivel primario de atención, porque a las mujeres las hospitalizaban, las dejaban entre tres y cuatro días, les hacían consultas con el sicólogo, lo que, a la larga, termina constituyendo una barrera, por una falla en el servicio. La violencia en los casos de aborto no solo se presenta en esta fase, sino, incluso, cuando ya la mujer logra acceder al procedimiento, allí también hay otras formas de maltrato. La que más me impresiona es la que deviene del llamado “manejo optimo del dolor”: a las mujeres que abortan les dan menos analgésicos para que les duela.

Á. J.: Ustedes pretendían la despenalización total del aborto. El fallo pone el límite de las 24 semanas para acceder al procedimiento sin pena. ¿Cómo reciben esa determinación?

 

A. C. G. V.: Respecto a esa pregunta, debo hacer dos precisiones. La primera es que, en medio del debate, he notado que cuando la gente habla de la despenalización total y de las 24 semanas el atajo cognitivo es que se permite el aborto hasta los nueve meses. Pero, realmente, lo que le pedimos a la Corte es que se dejara de usar el derecho penal para regular el aborto. La segunda, entonces, es aclarar que lo que buscábamos era un cambio de paradigma. Pensamos que esa hubiese sido una contribución significativa, aunque, sin embargo, creemos que haber eliminado el delito de aborto hasta la semana 24 es el resultado de entender que el derecho penal no era el camino. Creo que es un plazo que puede contribuir a resolver la mayoría de los problemas que hay alrededor del aborto en el país.

Á. J.: ¿Por qué?

 

A. C. G. V.: Primero, porque no es obligatorio abortar; segundo, porque es un plazo que sirve para hacer pedagogía en los servicios de salud, para que sean oportunos, de calidad, sin maltrato y violencia en contra de las mujeres. Ya se sabe, por la experiencia colombiana y mundial, que entre el 85 % y el 90 % de los abortos ocurren en las primeras semanas de gestación, si hay servicios y capacidad para atenderlos. Pero no puede desconocerse que hay un porcentaje de mujeres que abortan después de esas primeras semanas, conformado por las más vulnerables y que están en condiciones más extremas, así que nos parece que esa protección que hace la Corte al llevar la edad gestacional hasta la semana 24, y, a partir de allí, en cualquier momento bajo las causales previstas en el 2006, nos puede ayudar a que la mayoría de las mujeres en Colombia reciban un trato digno.

Á. J.: ¿Qué demuestra la decisión de la Corte?

 

A. C. G. V.: Demuestra muchas de las cosas que nosotras habíamos dicho: que el derecho penal no es el camino; que es un delito que ha sido contraproducente, ineficaz, injusto y discriminatorio. Y yo ahora digo que también demuestra que es obsoleto, porque eliminarlo hasta la semana 24 y bajo las tres causales establecidas en el 2006 es como si hubiese quedado en el Código Penal como constancia histórica. Y eso hace daño. Nosotras, en la demanda, argumentamos que el delito de aborto está en la base y estructura de las barreras de acceso. Entonces, tiene un poder simbólico muy grande.

Á. J.: ¿Cuál hubiese sido la vía jurídica con la que continuarían con el propósito de despenalizar el aborto frente a un fallo adverso en la Corte?

 

A. C. G. V.: Siempre hemos pensado que el Congreso es otra vía. Lo que pasa es que el Congreso es muy hostil en esta materia. Pero estamos listas para aportar al país en esa dirección. Además, creemos en la importancia de volver pública la conversación sobre el delito de aborto. Nuestra intención sigue siendo hacer trabajo pedagógico con distintas audiencias, para transformar los términos del debate sobre aborto en el país. Hoy, creo que lo conseguimos, porque hemos monitoreado cómo está la conversación en las redes sociales y en la prensa, entre otros escenarios, y notamos que en Colombia cambió la manera como se habla de este tema.

Á. J.: Según el comunicado de prensa de la decisión, el Gobierno debe diseñar e implementar una política pública que garantice el acceso al aborto, en las condiciones establecidas. ¿Qué no le puede faltar a esa política?

 

A. C. G. V.: Una política integral para manejar el aborto debe tener varios componentes de la salud sexual y reproductiva. Es esencial, en primer lugar, incluir la educación sexual integral. Haber diseñado la primera política nacional de salud sexual me permitió identificar que las personas con información aprenden a planear su vida.

En segundo lugar, el acceso a métodos anticonceptivos, los cuales son usados por las mujeres desde hace muchos años en Colombia. Lo que pasa es que, en materia de anticoncepción, como en todos los indicadores de salud reproductiva, las brechas son muy grandes, si se considera la edad, la educación, etc. Además, no se debe pasar por alto que la pandemia golpeó profundamente el acceso a los métodos anticonceptivos de las mujeres. Y ahí, en ese contexto, debe estar incluida la línea de acceso al aborto, para que los servicios san de calidad y oportunos.

Finalmente, creo que se debe incluir la asesoría posaborto y, sobre todo, la eliminación de la violencia. Esa última es una transformación mucho más difícil. La gente tiene que entender que el aborto en Colombia está íntimamente ligado a la violencia en la vida de las mujeres. Basta recordar la cifra que entregó la Fiscalía en este proceso: una de cada tres mujeres indiciadas por el delito de aborto tenía otro proceso en la Fiscalía en el cual ella había denunciado violencia o abuso.

Á. J.: ¿Que sigue para Causa Justa?

 

A. C. G. V.: Acompañar y apoyar la implementación de la decisión de la Corte, en lo que tiene que ver con los dos exhortos que realizó al Congreso y al Gobierno, teniendo en cuenta que veníamos trabajando en lo que podría ser un proyecto de ley. Así mismo, nos proponemos seguir haciendo pedagogía y difusión de la decisión, pero, sobre todo, volviéndola una realidad, porque lo importante es que en los servicios de salud comprendan el alcance del pronunciamiento y que lo que pasó es algo bueno para lo que ya venían haciendo. La idea es acabar con esa disyuntiva de si estaban cometiendo un delito o garantizando un derecho. Finalmente, tenemos el propósito de cuidar la decisión de la Corte, porque, así como aún están tratando de tumbar la sentencia del 2006, hemos conocido varias amenazas contra la reciente decisión, algunas de carácter legal, mientras que otras son de carácter político.