“Mi nombramiento constituye un reconocimiento al país y a la justicia colombiana”

Martha Lucía Olano, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura y líder del Sistema Integrado de Gestión, Calidad y Medioambiente (Sigma), fue elegida, el pasado mes de octubre, presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia (Cicaj), en el marco de la Asamblea Plenaria Presencial de la edición XX de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Olano, para conocer lo que implica para Colombia formar parte de esa comisión, así como la relevancia de que la presida, durante los próximos cuatro años.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es el origen de la CJI?

Martha Lucía Olano: La actual CJI es el resultado de la fusión o convergencia, a partir de junio del 2004, de dos estructuras: la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura. Esta fusión opera desde la Declaración de Copán-San Salvador, en la que los presidentes llegaron al acuerdo de formar una sola estructura, para ser la voz unificada de las máximas instancias de los poderes judiciales de Iberoamérica.

Á. J.: ¿Cuál es el objetivo y sus funciones?

M. L. O.: La CJI es, ante todo, una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los poderes judiciales de la región. Su principal objetivo es la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático. Durante la edición XVI de la CJI, llevada a cabo en Buenos Aires (Argentina), se aprobó, además de la Red Iberoamericana de Gestión e Investigación para la calidad en la Justicia (Rigica-Justicia) y la Cicaj, un decálogo iberoamericano para una justicia, del cual expone 10 enunciados con principios y orientaciones para desarrollar la gestión de la calidad en los sistemas de justicia de los países iberoamericanos.

Á. J.: ¿Con qué objetivo se creó la Cicaj?

M. L. O.: Lo primero que debo manifestar es que el propósito de la Rigica-Justicia es garantizar y mejorar los servicios que presta la administración de justicia en los Estados miembros, mediante la promulgación de normas de calidad, intercambios de experiencias, investigación, publicación y difusión de estudios, para la promoción, definición y ejecución de políticas públicas de gestión de calidad en los poderes judiciales. En ese contexto, la Cicaj es el órgano encargado, entre otras cosas, de promover las recomendaciones y políticas de calidad definidas para la justicia a nivel iberoamericano, fomentar la capacitación y formación permanente y actualizada sobre temas de gestión de calidad, generar la transferencia de conocimientos e información sobre buenas prácticas implementadas en la región e impulsar la investigación y capacitación en estas materias.

Á. J.: ¿Qué desafíos representa presidir esa comisión?

M. L. O.: Son grandes, comenzando por representar al país y, por ende, a la Rama Judicial de Colombia con excelencia. Además, implica continuar posicionándonos como líderes en los procesos de implementación, mantenimiento y ampliación de modelos de gestión, que se constituyan en arquetipos de calidad y excelencia para los poderes judiciales. Igualmente, significa trabajar en los procesos de formación y capacitación de los servidores judiciales, con el fin de lograr la excelencia en la gestión judicial, liderar los procesos de gestión de calidad para los países miembros de la CJI, así como los de transformación de los poderes judiciales de Iberoamérica, a través de la gestión del conocimiento y la gestión del cambio.

Á. J.: ¿Qué significa que una colombiana presida la Cicaj?

M. L. O.: Considero que es un reconocimiento al país y, en consecuencia, a la justicia colombiana, ya que la Rama Judicial, con el liderazgo del Consejo Superior de la Judicatura, desde el año 2005, decidió adoptar, implementar y mantener los modelos de gestión de calidad, en la gestión administrativa y judicial. Iniciamos de manera tímida, pues la primera certificación la obtuvimos en el 2008, con apenas 16 dependencias administrativas y solo en la norma ISO 9001:2008.

Á. J.: ¿Cómo ha ido avanzando ese proceso?

M. L. O.: Hoy contamos con 1.004 dependencias judiciales administrativas y judiciales certificadas en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018 y la verificación de requisitos de la GTC 286:2018, con varias sedes certificadas en la norma NTC ISO 14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental. Adicionalmente, contamos con 66 sedes certificadas en operaciones bioseguras. Estos logros jamás hubiesen sido posibles sin el apoyo decidido del Consejo Superior de la Judicatura, el compromiso de los funcionarios y de todos los servidores judiciales. En síntesis, significa un reconocimiento que le hace Iberoamérica a Colombia, a la justicia colombiana, a sus magistrados, a sus jueces y a sus servidores judiciales, quienes prestan un servicio de calidad, cuyo objetivo fundamental es el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, mediante la implementación de modelos de gestión y el uso de las TIC, como estrategia y herramienta esencial para la democratización, la gobernanza y la gobernabilidad de la justicia.

Á. J.: De cara a las medidas que se tuvieron que implementar para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, ¿deben redefinirse las políticas de calidad para la justicia?

M. L. O.: Permítame especificar que el Consejo Superior de la Judicatura había sido visionario en este sentido, ya que, desde el Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022: Justicia Moderna con Transparencia y Equidad y desde el Plan Sigcma 2019-2022, se ha venido trabajando en la implementación de modelos de gestión mediante el uso de las TIC. Si bien es cierto que la emergencia sanitaria aceleró, de manera magistral, el proceso y nos obligó a todos a aprender y a desaprender, al mismo tiempo, nos permitió aprender a convivir, con el fin de implementar nuevas estrategias para la gestión, no solamente organizacional, sino también de las familias y de nuestra propia vida.

Á. J.: ¿Qué enseñanzas deja la emergencia sanitaria en ese sentido?

M. L. O.: La emergencia sanitaria, vista de forma prospectiva, nos ha dejado a todos grandes enseñanzas: en lo personal, familiar y organizacional. Hoy, la vida se nos presenta con grandes retos y, por consiguiente, desde el Sigcma, hemos venido trabajando con ahínco, con compromiso y con liderazgo, bajo el entendido de que las dinámicas organizacionales deben ser flexibles, por lo que tenemos la necesidad de estar preparados para el cambio permanente. De ahí la importancia de seguir invirtiendo en los procesos de formación y capacitación de nuestros servidores judiciales, no solamente para ser mejores en el trabajo, sino, sobre todo, para ser mejores ciudadanos y seres humanos. La calidad no son formatos o mapas, la calidad se hace realidad en cada ser humano, como dice Aristóteles: “Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”.

Á. J.: Su nombramiento se convierte en el escenario propicio para socializar los contenidos de la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286.

M. L. O.: Considero importante manifestar que la norma y la Guía Técnica de Calidad de la Rama Judicial surge como un compromiso adquirido por Colombia en el marco de la Cumbre Judicial, en consonancia con lo establecido en el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad. Allí se especifica que la calidad de la justicia debe ser concebida como un eje transversal en el funcionamiento y la organización de los poderes judiciales iberoamericanos. Además, tiene que involucrar no solo la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas usuarias en relación con el servicio público recibido, sino también incorporar la celeridad, la simplificación y la innovación de los procesos, aprovechando eficientemente los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión, entre otras cosas. Acorde con lo anterior, para el Consejo Superior de la Judicatura representa un enorme desafío el poder fortalecer la justicia democrática y socializar con la región los lineamientos y marcos normativos que nos permitan evaluar, permanentemente, el servicio público de administrar justicia.