“La digitalización no es un fin en sí mismo ni es un discurso etéreo que está de moda”

Diana Alexandra Remolina Botía, magistrada coordinadora de Transformación Digital del Consejo Superior de la Judicatura, ha venido liderando una gran apuesta para la administración de justicia en beneficio de todos los actores del sistema: la transformación digital. En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, Remolina comparte los avances, los proyectos, los desafíos y las metas que se encuentran trazados para lograr que, a través de la tecnología, se alcancen verdaderos cambios positivos. 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo debe ser entendida la transformación digital en la justicia?

Diana Alexandra Remolina Botía: El concepto de transformación digital ha venido evolucionando y es aplicado, tanto en el sector privado como en el público, bajo el entendido de que es posible alcanzar y lograr cambios sociales y nuevas formas de hacer las cosas gracias a la digitalización, el uso de las tecnologías y los datos. En el sector público, el elemento diferenciador es el énfasis en la generación de un mayor valor público. Es decir, las entidades del Estado no se digitalizan pensando exclusivamente en mejorar sus procesos internos o hacerlos más eficientes. Lo que realmente orienta una transformación digital en una entidad pública es el mejor cumplimiento de sus cometidos y fines constitucionales.

Así, en la Rama Judicial estamos entendiendo el proceso de transformación digital de la justicia como un proceso de cambio profundo en la forma en la que tradicionalmente el ciudadano se ha relacionado con la administración de justicia y en su manera de operar: radicar demandas electrónicamente y litigar en línea, adelantar válidamente las audiencias judiciales por videoconferencia o las notificaciones por mensaje de datos, tener un conteo automático de términos procesales, contar con motores de búsqueda jurisprudencial con analítica avanzada o con un chatbot que apoye al ciudadano en la proyección de una tutela, entre otros escenarios virtuales en los que estamos trabajando.

Lo anterior solo tiene sentido si contribuye a mejorar la realización de valores públicos propios de la justicia, como el acceso y la cercanía, la eficiencia, la transparencia o la gestión del conocimiento. Bajo este entendimiento, ponemos de presente que la digitalización no es un fin en sí mismo ni es un discurso etéreo que está de moda; si la tecnología no logra que las cosas se hagan de mejor forma, si no genera cambios positivos para las personas que acuden a la justicia y para los servidores que la administran, no nos sirve. 

Á. J.: ¿Qué es el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial? ¿Cuál es el rol que tiene el Consejo Superior de la Judicatura?

D. A. R. B.: En términos prácticos, es una hoja de ruta de proyectos con los que buscamos lograr los objetivos de la justicia que acabo de mencionar; además, es la concreción del Plan de Justicia Digital que, desde el 2012, se proyectaba en el artículo 103 del Código General del Proceso, alineando la tecnología con la función y el servicio público de administrar justicia.

Este Plan, que adoptamos en el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 11631 del 22 de septiembre del 2020, en plena pandemia, se construyó partiendo del conocimiento interno de la Rama Judicial, su contexto y complejidades institucionales, pero, además, influenciado por las nuevas realidades operativas que trajo consigo el covid-19 y que pusieron a prueba la capacidad de adaptación de jueces, empleados, abogados litigantes y ciudadanos y la de nosotros mismos, como administradores de la Rama Judicial, de priorizar las acciones, gerenciar y gestionar los recursos para ponerlas en marcha. Es este, precisamente, el rol del Consejo Superior de la Judicatura en la transformación digital, como corporación que ejerce el gobierno y la administración de la Rama Judicial: somos responsables de servir de guía, de abonar el camino y ser los gestores de este proceso, que, para su éxito, debe asegurar un adecuado equilibrio entre el uso de las tecnologías y los principios de independencia del juez, garantía del debido proceso y reducción de barreras de acceso para los ciudadanos. Reitero, la tecnología no es la meta ni la solución a todos los problemas de la justicia, pero su uso sí debe ser una bandera de la organización que impacte fuerte y positivamente el servicio de justicia.

Á. J.: ¿Cómo se está financiando esta gran apuesta de la transformación digital en la Rama Judicial?

D. A. R. B.: La Rama Judicial está financiando su propia transformación digital. Precisamente, una de las ventajas de contar con un Plan Estratégico es que ahora podemos estimar y justificar los recursos necesarios en función de las acciones y los tiempos. Nuestra transformación digital inició con acciones a cinco años, que costarán, aproximadamente, 1,3 billones de pesos, es decir, alrededor de 316 millones de dólares; el 68 % de este valor (216 millones de dólares) lo pagaremos con recursos de inversión propios de la Rama Judicial; el 32 % restante (100 millones de dólares) lo pagaremos con recursos de crédito del BID que serán cubiertos por el presupuesto de la Nación. Esos recursos se irán desembolsando, año a año, para financiar los proyectos del Plan.

Á. J.: ¿En qué consiste el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ) ¿Cuáles son sus componentes y cómo va su implementación?

D. A. R. B.: En la Rama Judicial hemos adoptado distintos sistemas y herramientas que terminan confundiendo al usuario. Pero el SIUGJ será, entonces, el nuevo sistema oficial de la Rama Judicial, en el que se tramitarán los procesos judiciales en condiciones de integridad, autenticidad, seguridad y eficacia procesal, lo que no siempre se garantiza por cualquier red social o tecnología comercial, por muy prácticas y útiles que estas puedan parecer. El SIUGJ será el sistema no solo para los jueces y empleados judiciales, sino también para las partes procesales, abogados, autoridades y, en general, para cualquier interesado en los servicios de justicia, ya que soportará digitalmente el acceso a los servicios, unificará canales de comunicación y automatizará los procedimientos jurisdiccionales.

El SIUGJ se pondrá en funcionamiento de manera gradual en los despachos judiciales del país, teniendo como meta el año 2024. Actualmente, nos encontramos trabajando en la Fase 1, que cobija los despachos de la especialidad laboral y sus procesos de tutela en los distritos de Armenia, Bogotá, Manizales, Pereira, Sincelejo y de la Corte Suprema de Justicia.

Á. J.: ¿Qué papel tienen los abogados litigantes en este proceso?

D. A. R. B.: La mayoría de las acciones judiciales en nuestro país se adelantan con representación legal, por lo que el papel de los abogados litigantes en el éxito de este proceso es enorme. En general, tienen el reto de poner en práctica las acciones de un litigio en línea y de ser gestores de la tecnología con sus propios clientes. La identidad y la responsabilidad digital de los apoderados es clave en la salvaguarda de la personería jurídica dentro del proceso judicial. Además, los abogados litigantes constituyen un verdadero gremio en la comunidad jurídica, capaces de movilizar iniciativas y conocimiento. Esto los hace poderosos artífices de la transformación de la justicia, a través de la confianza, el liderazgo y las competencias que desarrollen ante los cambios y nuevos escenarios regulatorios.

En esto último, las facultades de Derecho y el sector de tecnologías de información tienen el desafío de asumir las nuevas perspectivas en la enseñanza de la profesión jurídica, la interdisciplinariedad y la gestión de los datos que exige el nuevo mundo de lo digital. En definitiva, el ideal de una justicia cercana, eficiente, transparente y eficaz apoyada en lo digital no es responsabilidad exclusiva de la Rama Judicial, es responsabilidad de todos sus actores, bajo un trabajo mancomunado en busca de los mismos fines.

Á. J.: ¿Qué otras estrategias o retos existen para alcanzar la transformación digital de la justicia?

D. A. R. B.: El mayor reto se relaciona, precisamente, con alcanzar el cambio social producto de la transformación digital. Lograr que todos los actores apropien el uso de la tecnología como parte del día a día pasa por acciones que van más allá de la capacitación en una herramienta. Estamos en transición entre un modelo de operación judicial manual y físico a uno digital, lo que implica una construcción constante y compleja de nuevas capacidades, ideas y comportamientos que irán forjando una renovada cultura del servicio. Esto, claramente, no se da de la noche a la mañana.