“Pagar gasto corriente con recursos de cotizaciones que deben ahorrarse no es sostenible”

El pasado 9 de mayo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) divulgó un pronunciamiento en el que se analizan las iniciativas que actualmente pretenden modificar los sistemas de pensiones y salud. Si bien el documento resalta algunos aspectos positivos de las propuestas, deja en evidencia la existencia de varios riesgos que atentan contra la sostenibilidad fiscal colombiana.

Esas consideraciones, inclusive, fueron expuestas por el director técnico del comité, Andrés Mauricio Velasco, durante el debate de control político adelantado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Velasco sobre los hallazgos que el CARF ha puesto en conocimiento, así como las recomendaciones que ha sugerido para evitar un impacto negativo a mediano plazo.

ÁMBITO JURÍDICO: Desde el punto de vista fiscal, ¿qué riesgo deviene de fijar el umbral del pilar contributivo de Colpensiones en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)?

Andrés Mauricio Velasco: Todo pensionado que está en Colpensiones recibe un subsidio de cerca de la mitad de su mesada pensional. El Gobierno Nacional gira a Colpensiones el faltante necesario para el pago de las mesadas. Esto quiere decir que, entre más alto el umbral, hay más subsidios y las transferencias de la Nación a Colpensiones serán mayores.

La reducción del umbral del pilar contributivo en Colpensiones que trae la reforma, de 25 SMLMV a tres SMLMV, reduce de forma importante el valor del subsidio. Sin embargo, según lo explicado, el nivel óptimo, desde el punto de vista fiscal, que minimiza los riesgos financieros derivados del sistema pensional, es un umbral de un SMLMV.

Á. J.: Por qué el CARF recomienda que se ahorre el 100 % de las cotizaciones que, en virtud de la reforma, pasan del régimen de ahorro individual a Colpensiones?

A. M. V.: Por dos razones. Primero, porque al obligar que todas las cotizaciones, hasta el umbral que se decidan, pasen a Colpensiones, se está responsabilizando por el pasivo contingente que generan todos los futuros pensionados hasta ese mismo umbral. Lo financieramente sostenible es respaldar ese pasivo contingente con un activo de igual magnitud, para lo cual es necesario ahorrar todas las cotizaciones que, por virtud de la reforma, pasan del régimen de ahorro individual al régimen de prima media.

Segundo, porque si no se ahorran, Colpensiones podrá gastárselas en el presente en pago de mesadas y devoluciones que no corresponden a quienes están cotizando. De esta forma, se puede liberar espacio fiscal en el Gobierno Nacional para gasto corriente, porque el Gobierno podría tener que transferir menos recursos a Colpensiones para el cierre del sistema público de pensiones. Se estaría pagando gasto corriente con recursos de cotizaciones que deberían ahorrarse y eso no es sostenible en el tiempo.

Á. J.: ¿Qué implicaciones derivan de la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios?

A. M. V.: El pilar semicontributivo, al no ser pensional, debe ser presupuestal y entenderse como una política de transferencia social del Gobierno, que compite con los recursos presupuestales de todos los demás programas y políticas del Gobierno. El Fondo de Ahorro debe construirse para que responda por las pensiones futuras de quienes cotizaron, sin posibilidad de desahorro para otros fines.

Á. J.: ¿Cree que los lineamientos para la gestión de los recursos del Fondo de Ahorro se encuentran definidos de manera adecuada y suficiente?

A. M. V.: El proyecto de ley radicado tiene oportunidades de mejora. Una de ellas es que quede bien definido que el Fondo de Ahorro tenga una administración por parte de gestores profesionales, con la rentabilidad como función objetivo, para que se garantice que el ahorro de los cotizantes alcance el mayor tiempo posible.

Á. J.: ¿Cómo sugiere el CARF que se limiten los efectos adversos de la reforma pensional, en términos de costo fiscal?

A. M. V.: Se proponen cuatro cambios. Por un lado, que se ahorre intertemporalmente todas las cotizaciones que, por virtud de la reforma, pasan del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Para esto, será importante que le ley defina cuánto porcentaje de las cotizaciones que queden en Colpensiones, después de la reforma, pueden ir al fondo común a pagar mesadas y devoluciones, calibrando este porcentaje; de tal forma que el Gobierno Nacional sigue transfiriendo a Colpensiones lo que transferiría hacia el futuro sin la reforma.

De otro lado, se propone no permitir el desahorro del Fondo de Ahorro para cosas diferentes al pago de mesadas y devoluciones de quienes ayudaron a acumular ese fondo con sus cotizaciones. Además, se debe garantizar la rentabilidad del Fondo de Ahorro, con una administración en manos de gestores profesionales, con un mandato de maximización de rentabilidad.

Y, finalmente, se ha planteado que el umbral para el pilar contributivo en Colpensiones sea lo más bajo posible, idealmente un SMLMV.

Á. J.: Y en relación con la reforma a la salud que se viene tramitando ¿qué riesgos, desde el punto de vista fiscal, se han advertido?

A. M. V.: El CARF tomó el costeo que hizo el Gobierno Nacional al plantear la reforma a la salud y encontró que harían falta entre cuatro y siete billones de pesos anuales para cubrir lo que se propone en el proyecto. Incluso, se evidenció que, si se encuentra un espacio fiscal dentro del presupuesto general, que cumpla con la Regla Fiscal, para financiar ese faltante deben tenerse presente otros aspectos advertidos por el CARF, cuya mitigación resulta de vital importancia para que el sistema de salud que plantea la reforma no genere riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En primer lugar, se encuentran los posibles sobrecostos en la compra, en el alquiler, en la provisión, en la dotación, en la administración, etc., de los centros de atención prioritarios. A su vez, hay que enfrentarse a los posibles excesos de recursos que demande el sistema de subsidios a la oferta para la atención primaria, donde es clara la alineación de incentivos entre pacientes y prestadores del servicio hacia un mayor gasto y no es clara la restricción presupuestal ni el doliente de la misma.

Á. J.: ¿Existen más riesgos identificados por el CARF frente a esa iniciativa?

A. M. V.: En efecto, a lo anterior se suman las posibles erogaciones para cubrir riesgos inherentes a la prestación de servicios de salud primaria, que en el sistema actual son gestionados descentralizadamente por IPS y EPS antes de llegar al Gobierno. Con la reforma recaerían directamente sobre el Gobierno de forma centralizada.

Igualmente, está el posible riesgo en la administración y gestión de recursos a nivel territorial, así como la posible indemnización previa y plena por demandas, a la luz del artículo 365 de la Constitución Política, por parte de agentes que consideren que se les ha vulnerado el ejercicio de una actividad legítima.