“El análisis de impacto regulatorio podría ser útil en Colombia”

Con el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la mejora regulatoria entró con fuerza en la agenda nacional. Sin embargo, aún no es claro el nivel del compromiso del actual gobierno con esta importante tarea. Julián López Murcia, experto en diseño y análisis regulatorio, exsuperintendente delegado y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, habla sobre el rol de las universidades en este tema y los principales retos regulatorios para las empresas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué la normativa colombiana requiere una necesaria mejora en materia regulatoria?

 

Julián López Murcia: Como ha señalado Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, el reto de la productividad de nuestro país pasa necesariamente por la mejora regulatoria. Aquí la clave, creo yo, es aproximarse a la regulación no solo como una “carga” que debe reducirse, sino buscando aprovechar todo el potencial de la “buena” regulación para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Un ejemplo de “buena” regulación en Colombia es la Ley 142 de 1994, que generó aumentos históricos en accesibilidad y calidad en los servicios públicos domiciliarios. Los colombianos necesitamos muchas más historias de éxito como esta. Y los centros que hacemos investigación podemos ser unos socios muy importantes en esta tarea.

 

Á. J.: ¿Qué aprender de la legislación internacional en materia de regulación que podría aplicarse en nuestro país?

 

J. L. M.:  La Ocde, el Banco Mundial, el Departamento Nacional de Planeación y organizaciones como el Consejo Privado de Competitividad han estado impulsando la implementación en Colombia de una serie de herramientas usadas en otros países con el propósito de mejorar la calidad de la regulación, principalmente, el análisis de impacto regulatorio (AIR).

 

Creo que el AIR podría ser útil en Colombia. Frecuentemente, encontramos proyectos de decretos, de leyes e, incluso, de actos legislativos, sin una identificación clara de los objetivos específicos y medibles de la intervención propuesta, de las diferentes posibilidades que fueron objeto de estudio, de los análisis costo/beneficio que justifican la opción elegida, o de mecanismos de revisión que permitan verificar si se cumplieron o no dichos objetivos en un determinado periodo. Esto podría solucionarse, hasta cierto punto, con la implementación del AIR.

 

Sin embargo, creo que su obligatoriedad debería estar limitada, al menos inicialmente, a aquellos sectores con mayores capacidades de diseño y análisis regulatorio, y solo para los proyectos con mayor impacto. De lo contrario, podría convertirse, simplemente, en un “formulario” adicional, diligenciado a la ligera, que genera proyectos regulatorios muy básicos, por el afán de los funcionarios de hacer el AIR con mayor facilidad.

 

Á. J.: ¿De qué forma las universidades pueden participar en dicha mejora?

 

J. L. M.:  En primer lugar, creo que, además del sector público, las empresas colombianas deberían enfocarse mucho más en el desarrollo de sus capacidades de diseño y análisis regulatorio. Esto podría elevar sustancialmente el nivel del diálogo sobre proyectos regulatorios. Mi propuesta en este punto es que las universidades participemos mucho más activamente en el rápido desarrollo de estas capacidades.

 

En segundo lugar, pienso que nos corresponde impulsar proyectos de investigación enfocados en problemas regulatorios concretos, como el uso de la regulación para enfrentar la contaminación en Bogotá y Medellín, o los temas de energía eléctrica en la región Caribe. Ojalá con apoyo del sector público, del sector privado y de la cooperación internacional.

 

Finalmente, considero que las universidades deberíamos convertirnos en los grandes proveedores de información para la actividad regulatoria que, recordemos, no solo tiene lugar en el Congreso, en los ministerios o en las comisiones de regulación, sino también en la Corte Constitucional e, incluso, en alcaldías. Y también generar espacios de discusión sobre temas regulatorios, a través de observatorios, foros, seminarios y blogs académicos con la participación de expertos nacionales e internacionales.

 

Á. J.: ¿Por qué tanto interés por los temas regulatorios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano? 

 

J. L. M.: Fundamentalmente, porque tenemos muy claro que es una tarea inaplazable para impulsar la productividad del país. Pero también ha influido que hay un grupo importante de académicos enfocados en la regulación desde diferentes perspectivas. En la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, por ejemplo, la universidad cuenta con importantes expertos en regulación energética. En la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, hay trabajos muy interesantes en regulación de temas laborales y de salud. En la Facultad de Artes y Diseño, hay profesores interesados en la aplicación del Design Thinking a la regulación. Y en la Facultad de Ciencias Sociales, he empezado a impulsar estos temas, luego de más de 15 años de experiencia en regulación de servicios públicos desde el sector privado, el sector público y la academia. 

 

Ahora bien, se trata de una tarea nacional. Por eso es fundamental el trabajo conjunto con otras universidades líderes y otro tipo de organizaciones que compartan una visión a largo plazo y un fuerte compromiso con el interés público.

 

Á. J.: Usted ha mencionado a las alcaldías, ¿en ese contexto, cuáles serían los principales retos regulatorios para quien gane las elecciones en Bogotá?

 

J. L. M.: El centro de la regulación es el cambio de conducta. Puede ser un cambio de conducta en los ciudadanos, en los funcionarios, en las empresas, etc., a través de diversas estrategias regulatorias. De manera que la regulación puede servir para atacar casi cualquiera de los problemas que tenemos en Bogotá. Sin embargo, creo que hay tres temas claves en los que podría ser un instrumento muy útil: manejo de residuos, calidad del aire y provisión de agua potable.

 

En el tema de residuos, creo que hay espacio para cambios en la conducta de ciudadanos, industria y comercio, usando estrategias basadas en revelación de información. Podría ser interesante, por ejemplo, ponernos metas, a nivel ciudad, de reducción de las toneladas que llegan a Doña Juana. Y contar con una aplicación que permita hacerles seguimiento a las toneladas que llegan al relleno versus las aprovechadas, acceder al ranking de los centros comerciales y grandes superficies que menos residuos producen o al de las empresas que más demandan material de las organizaciones de recicladores.

 

En calidad del aire, se debería revisar movilidad e industrias. Infortunadamente, después del pico y placa, no ha habido mayores innovaciones regulatorias enfocadas en cambiar la conducta de los bogotanos. Y el debate se ha limitado a temas de infraestructura. Y en cuanto a provisión de agua potable, es preciso que el eje de las racionales regulatorias sea la seguridad hídrica. 

 

Julián López Murcia

 

Estudios realizados: es abogado (graduado con honores) y magíster en Derecho Económico (becado por excelencia) de la Universidad Javeriana, con maestría en Regulación de London School of Economics (Reino Unido), y PhD en Politics de la Universidad de Oxford (Reino Unido). 

 

Cargos desempeñados: ha sido Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, profesor y Director del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana y abogado asociado de la firma Palacios Lleras. También ha sido docente en varias instituciones nacionales e internacionales.

 

Ocupación actual: Decano de la Facultad de Ciencias Sociales (incluyendo Derecho) de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.