“Ruth Bader Ginsburg representaba las causas más justas”

Según la abogada especialista en derecho americano, Martha Cecilia Paz, Ruth Bader Ginsburg, llamada la gran disidente, fue un ícono cultural por sus trabajos sobre igualdad de género y justicia social. Su muerte no solo significa una gran pérdida para las causas liberales, sino que pone en duda el equilibrio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que parece girar cada vez más hacia la derecha, sobre todo, ahora que el presidente de ese país, Donald Trump, anunció la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué sucede si Donald Trump nombra el reemplazo de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en su mandato?

 

Martha Cecilia Paz: Bueno, sería la primera vez que el presidente Trump tiene la oportunidad de cambiar un puesto en la Corte de un liberal fuerte a un conservador acérrimo. Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh reemplazaron a otros dos conservadores. Aunque un cambio, como el que haría con la vacante de Ginsburg, ha ocurrido antes, pero en otros mandatos presidenciales, en el mejor de los casos es discutible si ha ocurrido en un tribunal tan conservador como el de ahora.

 

Á. J.: Este tipo de nombramientos generan, sin dudas, importantes impactos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Existen precedentes similares?

 

M. C. P.: Posiblemente, el único cambio ideológico comparable ocurrió cuando el juez Thurgood Marshall dimitió de la Corte y el juez Clarence Thomas lo reemplazó.  Marshall fue un pilar del liberalismo en los años de la Corte Warren y la Corte Burger, mientras que Thomas ha sido, posiblemente, el juez más conservador de esta generación.

 

Pudo suceder también en el cambio de Sandra Day O’Connor a Samuel Alito, aunque la juez O’Connor no fue un voto liberal tan predecible como el de Marshall y, en muchos casos, estuvo alineada con los conservadores de la Corte. Pese a ello, sin el voto de O’Connor en apoyo de la legalidad del aborto, por ejemplo, la Corte podría haber anulado el fallo  Roe v. Wade con su decisión en Planned Parenthood v. Casey . En otros casos de trascendencia, O’Connor también votó con los liberales: en Grutter v. Bollinger escribió la opinión mayoritaria confirmando las acciones afirmativas en los procesos de admisión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan;  también fue un voto decisivo para los liberales en la sentencia de El condado de McCreary contra la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, en el que la Corte sostuvo que la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas públicas y juzgados violaba la cláusula de religión de la  primera enmienda.

 

De manera que el cambio de O’Connor al juez Alito marcó ciertamente otro movimiento significativo hacia la derecha. En gran parte de las decisiones 5-4, desde su magistratura, Alito ha apoyado a una mayoría ideológicamente conservadora, compuesta por el presidente de la Corte, John Roberts, y los jueces Thomas, Anthony Kennedy y Antonin Scalia, o ahora el juez Neil Gorsuch.

 

Á. J.: Muchos califican de grave el que llegue la juez Barrett. ¿Por qué?

 

M. C. P.: Ginsburg era la figura icónica que representaba las causas más justas de los menos favorecidos o históricamente discriminados. Sin Ginsburg, muchas batallas se hubieran perdido y algunas de las mayores victorias liberales, en casos como Fisher II (acción afirmativa), Obergefell v. Hodges (matrimonio entre personas del mismo sexo), Whole Woman’s Health v. Hellerstedt (derogando una ley restrictiva del aborto) y National Federation of Independent Business v. Sebelius (asistencia sanitaria) presumiblemente se habrían decidido en otra dirección. Con base en esta suposición, uno puede imaginar el rumbo que tomaría la Corte si llega una magistrada conservadora a ocupar el asiento de Ginsburg e impulsar una mayoría de 6-3 en las deliberaciones. 

 

Á. J.: ¿Qué opinión tiene de Barrett?

 

M. C. P.: Como dicen ahora, aún no la tengo muy “leída”. Más allá de lo que publican los medios americanos, me preocupan varias cosas de mi propia cosecha. Primero, que sea del primer anillo de confianza del presidente Trump, pues eso es ya deliberadamente la apuesta a una lealtad ilimitada, amén de que, empíricamente, los jueces en EE UU son proclives a votar con el presidente que los nombra y hacer poco control a las leyes de Gobierno mientras esté en el cargo el partido que favoreció su designación. En este caso será muy marcada la fidelidad, dada la “amigable nominación”. Segundo, haber trabajado como asistente del magistrado Scalia habla muy bien de ella, pero no de sus convicciones ideológicas, porque Scalia se inscribió ciegamente al bloque originalista y textualista en la interpretación constitucional, con cero aceptación de material foráneo y, de haber heredado Barrett esa misma visión, tendría la Corte una jueza no solo conservadora, sino atada únicamente a las cláusulas matrices de la Constitución americana. En tercer lugar, su intención, ya pública, de no casarse con el stare decisis y privilegiar sus opiniones religiosas por encima de la ley son aspectos que, sin duda, incordiarán el funcionamiento de la Corte, en adelante. El bloque sólido que había armado Ginsburg con sus colegas Sotomayor y Kagan, especialmente en las causas de género, será cosa del pasado. En cuarto lugar, no deja de ser muy notoria su juventud, y esto puede ir marcando la tendencia actual de establecer periodos en la Corte, eliminar su carácter vitalicio, para no tener cortes añosas, y nominar candidatos jóvenes que estarían, a lo sumo, dos décadas.

 

Por lo demás, con Barrett, Trump no reduciría el número de mujeres en la Corte y tendría una magistrada que encaja bien en la Corte Roberts: progobierno, provida, procorporaciones, antiaborto.  La nominada tiene aún un expediente judicial limitado. Hace apenas un par de años empezó la magistratura en el séptimo circuito y no se le conocen posturas definidas en casos de alta visibilidad, ni disidencias notables. Esta opacidad podría favorecerle, porque no ha estado muy expuesta y no tendría los problemas de Kavanaugh en las audiencias de confirmación, que son verdaderas instancias inquisitivas. Barrett puede tener mucha cancha en ellas, porque para su magistratura actual también se sometió a una confirmación del Senado.

 

Á. J.: En relación con los periodos, ¿cree que es preferible un sistema vitalicio o por términos definidos?

 

M. C. P.: Más que una disyuntiva parece una aporía. Estar en la magistratura hasta que llegue un periodo determinado o estar en la magistratura hasta que llegue el deterioro físico y mental, el desgaste natural de los años y, en ocasiones, la ineluctable muerte, aunque esta, claro, puede llegar en cualquier momento. Al margen del sistema, si de por vida o con periodo, lo importante es que todas las cortes pueden hacer un buen trabajo cuando están comprometidas por el término que legalmente se les asigne o, por lo menos, atender gran parte de él, máxime si es por un tiempo cerrado. Se presenta esta semana en EE UU un proyecto de ley al que les son inherentes las mismas tachas que en otro artículo adelantábamos: la puerta giratoria, la carrera posjudicial una vez finalice el periodo, el riesgo de adaptar los fallos a futuros empleadores o votantes y la pérdida de cohesión y colaboración interna de la Corte ante la llegada del término límite cuando todo empieza a “relajarse”.

 

La propuesta demócrata remedia algunas aristas, por ejemplo, cumplido el plazo de 18 años, el magistrado termina su periodo y, si quiere, puede seguir en el poder judicial bajo el estatus de “magistrado senior” en un tribunal inferior; la nueva legislación dispone que se harán nombramientos regulares cada dos años, con nuevos jueces y por términos no renovables de 18 años; eximiría a los magistrados actuales del periodo de 18 años y, también, cambiaría el proceso de designación, de modo que cada presidente tenga la oportunidad de nombrar solo dos jueces durante sus cuatro años en el cargo.  En todo caso, el tránsito hacia un sistema de plazos no lo veo claro, por ahora, en EE UU. Habrá que seguir con Scalia, cuando dijo que la idea de limitar los términos de los jueces en ese país, “es una solución en busca de un problema”.

 

Martha Cecilia Paz

 

Estudios realizados: es abogada especialista en Gestión Pública de la Universidad de los Andes y magistra en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos II (España) y en Justicia Constitucional de las universidades de Bologna y Pisa (Italia). Además, es egresada del programa PIL de la Universidad de Harvard Law School (EE UU) y especialista en Derecho Americano de la Universidad de La Florida (EE UU).

 

Cargos desempeñados: durante 20 años, se desempeñó como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, ha sido docente universitaria y asesora de la Procuraduría General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia.

 

Ocupación actual: ejerce el Derecho en su oficina privada.