“La virtualidad y la oralidad han modernizado el ejercicio del Derecho en Colombia”

Desde su experiencia profesional como abogado y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, Juan Sebastián Encinales Ayarza habló sobre algunos desafíos que hoy enfrentan tanto los estudiantes de Derecho, con ocasión del nuevo examen habilitante, como los abogados en ejercicio, con temas como la inteligencia artificial, entre otros.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cree que la formación de Derecho en pregrado y posgrado hoy está a la altura de las necesidades a la hora de ejercer la profesión?

Juan Sebastián Encinales Ayarza: La formación profesional de un abogado es demasiado importante para dejarla del todo a las facultades de Derecho. Ninguna facultad, independientemente de lo destacada que pueda ser, es capaz de enseñarle al futuro abogado todo lo que hay que saber sobre el ejercicio del Derecho como profesión y como medio para vivir. Para una preparación jurídica óptima, debe existir un sano equilibrio entre las experiencias en el aula de clase, en las salas de los juzgados, tribunales y de las cortes y en las firmas de abogados.

No obstante, es cierto que la era digital ha transformado muchas profesiones, y el Derecho no es la excepción. Para preparar a los abogados para los desafíos y oportunidades del mundo digital, las universidades y escuelas de Derecho del país deben adaptar y ampliar sus programas de formación, tanto en pregrado como en posgrado, dotando de competencias a los abogados para que sean capaces de enfrentar los nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología, tales como impartir conocimientos en derecho digital, ciberseguridad, gestión de datos (big data), tecnologías de la información y comunicación, inteligencia artificial (IA) y automatización, marketing digital y en habilidades de comunicación digital, entre otras.

Á. J.: ¿Qué opinión le merece la nueva exigencia de un examen para obtener el visto bueno del ejercicio de la profesión?

J. S. E. A.: Uno de los motivos que consideró el Congreso de la Republica para la expedición de la Ley 1905 de 2018 y exigir la presentación de un examen de Estado de cuyo resultado dependerá su habilitación para ejercer la profesión de abogado para los estudiantes de cualquiera de los 196 programas de Derecho del país fue la gran cantidad de abogados que existen en Colombia.

De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), entre los años 1996 y el 2022, el número de abogados en el país se incrementó en un 472 %. Para el año 2022, Colombia reportaba la cifra de 728 abogados por cada 100.000 habitantes, razón por la cual es preciso garantizar su competencia profesional, y para esto, el examen será la herramienta que utilice el Estado para validar dichas competencias. Sin embargo, esta medida, presenta varios inconvenientes: el primero, y más evidente, es que con el examen no se disminuirá el número de abogados en el país, en tanto no se reduzca la considerable cantidad de programas en Derecho ofertados, que, de cierto modo, no han tenido el control adecuado y efectivo en términos de acreditación por parte del Ministerio de Educación.

El segundo inconveniente es que las instituciones de educación superior necesariamente tendrían que realizar ajustes a sus programas y contenidos para, de alguna manera, promover resultados positivos en el mencionado examen de Estado, pues, de no obtenerlos, podría presentarse una reducción en el número de matriculados en estos programas.

El tercer inconveniente tiene que ver que no se evidencia en los contenidos y componentes la evaluación de competencias digitales, tan necesarias desde la pandemia del covid-19.   

Á. J.: ¿Cómo cree que los avances tecnológicos, entre ellos la IA, están cambiando el ejercicio profesional de los abogados?

J. S. E. A.: Los avances tecnológicos, en especial, el uso de la IA en el ejercicio profesional de los abogados ha tenido un impacto significativo y transversal en la manera como en la actualidad se ejerce el derecho, veamos:

(i) Ha permitido la automatización de tareas rutinarias, tales como la revisión de documentos, al permitir revisar y analizar grandes volúmenes de documentos legales de manera rápida y precisa, identificando información relevante, patrones y posibles errores y en la elaboración de contratos, ya que, mediante la utilización de estas herramientas, pueden redactarse, revisarse y compararse contratos, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos.

(ii) También ha tenido impacto en la investigación legal, específicamente en la búsqueda y el análisis de jurisprudencia que permiten buscar y analizar precedentes judiciales de manera más eficiente que las búsquedas tradicionales, como sistemas basados en IA, como ROSS Intelligence, que utilizan procesamiento del lenguaje natural para buscar y analizar sentencias, o como las herramientas de análisis predictivo, que, mediante algoritmos, pueden predecir posibles resultados de casos basados en datos históricos, ayudando a los abogados a tomar decisiones más informadas.

(iii) El impacto también es visible en el asesoramiento y atención al cliente con la utilización de chatbots legales, y herramientas como DoNotPay pueden ofrecer asesoramiento legal básico y guiar a los usuarios a través de procesos legales simples, como disputas de multas de tránsito o reclamaciones de consumidor o asistencia personalizada, con lo cual la IA puede proporcionar respuestas inmediatas a consultas legales frecuentes, y mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.

(iv) Así mismo, la utilización de la IA puede evidenciarse en la gestión de casos y práctica legal, especialmente en organización de casos a través de software de gestión de casos impulsados por IA para ayudar a los profesionales del Derecho a organizar y manejar su carga de trabajo de manera más efectiva.

(v) Finalmente, la IA también ha tenido un impacto en el acceso a la administración de justicia, permitiendo que los servicios legales sean más accesibles y asequibles para personas que de otra manera no podrían permitirse contratar a un abogado.

En definitiva, los abogados debemos hacer un uso responsable, mesurado y estricto de las herramientas disponibles para la praxis jurídica impulsadas por IA, pues su uso en el Derecho aún plantea muchas preguntas sobre la responsabilidad, la transparencia y la imparcialidad de estas herramientas.

Á. J.: ¿Cree que la Rama Judicial, las entidades que la conforman y los funcionarios sí se vienen adaptando a los avances tecnológicos para mejorar el acceso y el servicio de la administración de justicia?

J. S. E. A.: Si, sin decir que ha sido suficiente, particularmente, desde la pandemia ocasionada del covid-19, se han evidenciado los esfuerzos que ha realizado la Rama Judicial para mejorar el acceso y el servicio de la administración de justicia, para permitir la virtualidad en los procesos judiciales, la radicación de demandas y acciones constitucionales a través de plataformas en línea y, recientemente, con la adopción del Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ) por parte del Consejo Superior de la Judicatura, para el trámite de los procesos judiciales en todas las jurisdicciones y especialidades de la Rama Judicial.

El SIUGJ integra servicios digitales de acceso, registro y tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, la gestión documental electrónica del expediente judicial y los servicios de apoyo a la gestión judicial.  

Sistemas integrados de gestión judicial como el SIUGJ están modernizando la práctica jurídica en Colombia y proporcionando herramientas que mejoran la eficiencia, transparencia y accesibilidad de la justicia. Al mismo tiempo, reducen costos y errores. Estos cambios contribuirán a un sistema judicial más ágil y eficaz y beneficiará tanto a los profesionales del Derecho como a la sociedad en general.

Á. J.: ¿Qué tanto han ayudado la virtualidad y la oralidad al ejercicio profesional?

J. S. E. A.: En términos generales, puede afirmarse que la virtualidad y la oralidad han modernizado el ejercicio del Derecho en Colombia, han mejorado la eficiencia, accesibilidad y calidad de los servicios legales y han impulsado una mayor participación de las partes en el proceso, dado que las audiencias virtuales y orales permiten una interacción más dinámica y directa con los jueces, los tribunales, las cortes y la contraparte.

Juan Sebastián Encinales Ayarza

Abogado y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en prevención y promoción de riesgos laborales de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Es autor y coautor de numerosas publicaciones en temas de derecho laboral y de seguridad social. En la actualidad lidera y dirige la consolidación del área legal de Sea Legal Consultores.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.

Paute en Ámbito Jurídico. 

Siga nuestro canal en WhatsApp.