¿Es viable implementar una renta básica universal en Colombia?

Blanca Cecilia Zuluaga

Directora del Doctorado en Economía de los Negocios

Profesora titular del Departamento de Economía

Universidad Icesi

En un artículo reciente publicado en este medio, titulado Informalidad, protección social y renta básica universal, se planteó la renta básica universal (RBU) como un pilar de la protección social orientada a proveer a los individuos seguridad económica y bienestar. La RBU en una transferencia periódica que el Estado entrega a todos los miembros de la sociedad sin condición alguna. En ese artículo se mencionan algunas bondades de esta medida; sin embargo, aun si todos se convencieran de las bondades de la RBU, es pertinente preguntarse si es viable implementar esta medida en Colombia.

En efecto, un informe reciente del Banco Mundial (Exploring universal basic income) señala que los hacedores de política deben resistirse a la tentación de usar una fuente de financiación fiscal temporal creada por condiciones fáciles de financiamiento, para financiar un programa que debe continuar aun cuando estas condiciones fáciles desaparezcan.

Por ello, mencionaré algunas posibles fuentes de financiación de una RBU para Colombia. Partamos de un cálculo simple sobre el costo aproximado del programa: según el censo nacional, somos un poco más 51 millones de personas en el país; si cada uno de nosotros recibiera 161.000 pesos mensuales (equivalente a la línea extrema de pobreza nacional en el 2021), la RBU costaría 98,6 billones de pesos anuales, es decir, 8,4 % del PIB. ¿De dónde saldría todo ese dinero?

Algunas ideas de financiación serían:

- Eliminar todo tipo de exenciones que generan inequidades verticales y horizontales entre las empresas. Esta medida incrementaría el recaudo fiscal sin tener que aumentar los impuestos a las firmas.

- Minimizar las exenciones en el impuesto a la renta para personas naturales, pues este es progresivo solamente en el papel: las personas en los quintiles más altos de ingreso terminan pagando tasas tributarias efectivas muchos más bajas que las personas de ingresos medios.

- Reducir el monto exento del impuesto al patrimonio. Actualmente, América Latina recauda solamente 1,8 % del PIB en impuesto al patrimonio, porcentaje muy bajo comparado con el 8 % de los países de la Ocde.

- Impuesto a la tierra: se debe acelerar el compromiso del Acuerdo de Paz sobre la actualización del catastro; se trata de ingresos municipales que complementarían la financiación nacional de la RBU.

- Las regalías: la ejecución de los dineros por regalías es actualmente muy baja. La RBU sería una de las mejores maneras de lograr impactar directamente a los individuos. Dado que los recursos naturales pertenecen al país, son propiedad de todos los colombianos, así que un criterio adecuado para su justa distribución es su repartición igualitaria entre todos los individuos de la sociedad.

- Mayores impuestos a los dividendos: con las últimas reformas tributarias se ha avanzado en este aspecto; sin embargo, el monto exento sigue siendo alto, lo cual es muy inequitativo si se compara con el trato fiscal a los ingresos laborales.

- Impuesto a las herencias y transferencias intervivos: ya existen, pero es necesario revisarlos y, principalmente, evitar los múltiples canales existentes de evasión y elusión.

- Impuestos a las plataformas digitales: en Colombia, a noviembre del 2019, estas pagaron 210.000 millones de pesos por concepto de IVA. El siguiente paso fundamental es grabar las utilidades, para lo cual se requiere un acuerdo entre países, dada la naturaleza de estas actividades.

- Reducir la evasión y elusión: se pierden por evasión 30 billones de pesos anuales, según datos de la Contraloría.

- Eliminación de los subsidios y ayudas a los combustibles fósiles: según el FMI, esto aumentaría la recaudación en el 3 % del PIB.

- Ataque frontal y decisivo a la corrupción: son 50 billones de pesos que los corruptos se   roban al año, según la Contraloría. Este dinero se debe recuperar y usar bien.

Otras pequeñas fuentes son:

- Revisar el dinero que el Gobierno tiene en los bancos privados: ¿cuánto reciben de interés por este dinero?, ¿cuánto le cobran los bancos al Gobierno por guardar ese dinero?

- Ahorro de gastos innecesarios de altos funcionarios: la gasolina costaba hace un par de años 5.600 millones de pesos semanales (hoy sería mucho más). Este es un gasto injustificado que se debe eliminar, pues estos funcionarios tienen altos salarios con los que pueden hacerse cargo de su movilidad.

- El esquema de seguridad de 6.500 funcionarios cuesta 500.000 millones de pesos al año. El del antepenúltimo expresidente cuesta 18.000 millones de pesos al año (alrededor de 122.500 familias más recibiendo ingreso solidario). Este aspecto se debe revisar.

Los beneficios de la RBU para la sociedad, que contribuiría a mejorar el bienestar y, por tanto, la capacidad de generación de riqueza de los individuos, activarían un círculo virtuoso que transformaría positiva y permanentemente el país.