Colombia avanza en la lucha contra la pobreza monetaria, pero algunos se quedan atrás

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Blanca Cecilia Zuluaga

25 de Julio de 2024

Blanca Zuluaga
Directora del Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas y profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad Icesi

El Dane publicó recientemente los datos de pobreza monetaria del año 2023 y, para sorpresa de algunos analistas, los resultados son esperanzadores: más de 1,6 millones de personas lograron salir de esta condición. La sorpresa se debe a que, en ese mismo año, la economía solamente creció 0,6 %. Sin embargo, el resultado sí es consistente con el comportamiento de la tasa de desempleo, pues si comparamos la tasa del último trimestre del 2023 con la del mismo periodo del 2022, notamos una disminución en el caso de las 23 ciudades principales y sus áreas metropolitanas, que pasó del 10,2 % al 9,5 %.

Aunque la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, también se redujo en el 2023 (particularmente en las zonas urbanas), los resultados obtenidos por el Dane revelan que los grupos de población que históricamente han sido los de mayor incidencia en la pobreza, siguen siendo en la actualidad los más vulnerables. A nivel nacional, los grupos con mayor incidencia de pobreza son las mujeres (37,7 % frente al 29,5 % de los hombres), los más jóvenes (39,5 % frente al 33 % del total), las personas con bajo nivel de educación (43 % frente al 7 % para profesionales y posgraduados), los desempleados (60,2 % frente al 29,6 % de los ocupados) y los trabajadores por cuenta propia (40,4 % frente al 18,6 % de los asalariados).

La pobreza también afecta principalmente a la población indígena y afro, con unas notables diferencias en la tasa de incidencia a nivel nacional: 58,4 % indígenas, 43,2 % afrocolombianos y 30,7 % para quienes no se autorreconocen en ninguna etnia. También es notable la diferencia en la incidencia de pobreza entre los hogares según el número de niños: mientras para los hogares sin niños la tasa es del 9,5 %, para los hogares con más de tres niños es del 77,1 %. Las políticas públicas, por tanto, deben enfocarse principalmente en estos grupos más afectados.

Este es un fenómeno complejo que afecta múltiples dimensiones de la vida de quienes se encuentran en esa condición y también influye negativamente la dinámica de las ciudades con mayores tasas. Por ejemplo, la capacidad de consumo de la población disminuye, lo que afecta negativamente a los negocios locales y limita el crecimiento económico. Además, con una población en situación de pobreza, la recaudación de impuestos disminuye. Esto impacta la capacidad de los gobiernos locales y el nacional para financiar servicios públicos. La falta de recursos puede llevar a un aumento de la criminalidad, tanto por necesidad como por desesperación.

La pobreza también puede afectar la situación de salud de las personas y aumentar el riesgo de deserción escolar, lo que contribuye a generar un círculo vicioso del que es difícil escapar, a menos que se realice de manera persistente y bien focalizada, una mayor inversión social. Por otro lado, la pobreza puede llevar a una sensación de desesperanza y desmoralización entre los individuos, afectando su bienestar emocional y sicológico; se reducen las probabilidades de participar en procesos políticos y de toma de decisiones, lo que puede llevar a una representación desigual y, por tanto, a políticas que no abordan sus necesidades. Finalmente, las áreas pobres suelen estar más expuestas a la contaminación y la degradación ambiental, ya que tienen menos capacidad para influir en políticas; dado que la inversión en infraestructura es menor en estas áreas, se puede generar un deterioro del entorno urbano y rural.

¿Qué se puede hacer? teniendo en cuenta que la evolución de la pobreza obedece en buena parte a la dinámica del mercado laboral, es necesario promover la creación de empleo de buena calidad. Un aspecto importante es fomentar estrategias que mejoren la situación de los trabajadores por cuenta propia, a través de mecanismos que les permita hacer frente a la inestabilidad de sus ingresos dada la naturaleza de su actividad económica. Esto puede incluir incentivos al microahorro, la creación de seguros adaptados a esta población y el control de los préstamos “gota a gota”, cuyos altos niveles de interés e inadecuadas modalidades de pago llevan a las personas a situaciones financieras desesperadas.

La apropiada focalización de los subsidios gubernamentales es crucial, pues estos se han convertido en una herramienta clave para disminuir la incidencia de la pobreza, como sucedió durante la pandemia en las zonas rurales. Por otra parte, el papel de las empresas es fundamental, pues su dinamismo genera crecimiento económico y este, a su vez, incide favorablemente en el empleo y la pobreza. Finalmente, la inversión social en las zonas más deprimidas de la ciudad, enfatizando en el acceso a los servicios básicos y en la promoción de fuentes de generación de ingreso, será clave para sortear esta situación.

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