Usos comunes de la inteligencia artificial en el sector legal

Andrés Morales

Socio y Director Ejecutivo de Brigard Urrutia

Inteligencia artificial (IA) es una expresión que genera múltiples reacciones en los seres humanos, voces en favor y en contra, detractores y aliados se cuentan por doquier, a medida que su uso es cada vez más generalizado, y nuevos retos y oportunidades emergen. Su conceptualización no ha sido una tarea pacífica, como tampoco su regulación. Lo que resulta claro es su carácter multidisciplinar y su uso en conjunto con otras tecnologías (Darlington, 2017), los potenciales beneficios en el bienestar de las personas, la innovación, la productividad y el desarrollo sostenible (Berry et al, 2019), así como sus múltiples aplicaciones a diferentes campos, entre ellos, el Derecho.

Igualmente, la IA puede ser definida como “cualquier tarea realizada por un computador que muestre inteligencia similar o mejor a la humana” (Waisberg & Hudek, 2021); “… la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear” (Comisión Europea, 2020); un sistema que puede “… para un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales (…) con diferentes niveles de autonomía” (Berry et al, 2019). En todas estas definiciones podemos encontrar en común el desarrollo de tareas que emulan habilidades típicamente humanas por parte de una máquina.

Las aplicaciones prácticas de esta tecnología han encontrado en el Derecho un terreno abonado; algunas de las tareas típicamente ejecutadas por los abogados ya pueden ser realizadas, incluso con mayor grado de certeza, por desarrollos que incorporan IA, en una simbiosis entre las máquinas y los seres humanos, generando modelos de trabajo humano-computadora colaborativos (Teng & Huafeng, 2019).

Los usos más comunes de la IA en el sector legal han dado lugar a la creciente creación de plataformas, startups y empresas que se dedican a prestar servicios que pueden ser clasificados en: automatización, investigación legal, generación de lenguaje natural, analítica de contratos, análisis predictivos y manejo de documentos, entre otros (Waisberg & Hudek, 2021).

También se destaca el uso en procesos de automatización de lectura y análisis de contratos, la elaboración de documentos jurídicos, la selección de material relevante para un proceso, la gestión de riesgos legales, la elaboración de informes o la resolución de problemas jurídicos (Solar, 2020), así como otras actividades de naturaleza mecánica y monótonas que consumen mucho tiempo a un abogado, como la revisión de un volumen considerable de documentos (Waisberg y Hudek, 2021), actividad típica en los procesos de debida diligencia. También se han encontrado usos en la investigación forense en general, que han permito identificar y combatir crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos (Marieg & Umesh, 2022).

En el ámbito judicial, también son reconocidos sus usos para la automatización de distintas fases del proceso judicial, de procedimientos y la creación de herramientas de asistencia para los jueces en la toma de decisiones (Solar, 2020). En línea con lo anterior, Marieg & Umesh (2022) resaltan las bondades de desarrollos que incorporan IA para la investigación legal que proveen análisis de casos relevantes, similitudes, diferencias, argumentos y contrargumentos que permiten, tanto a abogados como jueces, llegar a un razonamiento legal de manera más eficiente para un problema específico.

A pesar de los enormes avances presentados, todavía hay obstáculos que no han podido ser superados en la implementación de la IA en el sector legal y que deben ser tenidos en cuenta: muchos desarrollos fueron pensados para resolver un problema o proceso en un idioma o un campo legal específico y resultan poco o nada adaptables a otros (Fernández & Pierre, 2015), los elevados costos asociados a su implementación y, no menos importante, los grandes dilemas éticos asociados que han llevado a generar marcos para su desarrollo y uso, como ha ocurrido en la Unión Europea, la Ocde, Naciones Unidas y, recientemente, en Colombia, así como regulaciones de orden jurídico.

Pese a su incipiente uso en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, no queda duda de las grandes potencialidades de la IA para generar eficiencias en los servicios legales, innovar mediante la creación de otros servicios y facilitar el acceso a la justicia. Para que esto sea posible, será necesario eliminar las barreras para su desarrollo y apropiación, generar estímulos, implementar los marcos éticos que hemos adoptado y no ceder a la tentación de regular excesivamente los desarrollos que contemplen IA como base.