Esta es la ley contra el ruido

Colombia cuenta con una nueva legislación para regular la contaminación acústica en el país. La norma establece lineamientos, objetivos y responsabilidades para las autoridades nacionales y territoriales, con el propósito de mejorar la gestión del ruido y las vibraciones. A través de medidas preventivas y correctivas, la ley busca garantizar la tranquilidad ciudadana y el derecho a un ambiente sano. Además, resalta la necesidad de una articulación efectiva entre las entidades responsables para aplicar sanciones a quienes excedan los niveles de ruido permitidos.

Política de calidad acústica y control del ruido

La ley contempla la formulación de una política de calidad acústica, que incluirá planes de acción enfocados en la prevención, mitigación y control del ruido. Su diseño y ejecución estarán a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación, entre otras entidades. Asimismo, se prevé la revisión periódica de la normativa vigente para garantizar su eficacia y su adaptación a las nuevas realidades del país. (Lea: Atención a las leyes que se expedirán próximamente)

Clasificación de infracciones y sanciones económicas

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la clasificación de comportamientos que afectan la convivencia por la contaminación acústica. Entre estos se incluyen ruidos provenientes de viviendas, actividades comerciales y eventos públicos que superan los límites permitidos. Para controlar estas situaciones, la ley otorga facultades a las autoridades de policía para intervenir y suspender temporalmente las fuentes de ruido que alteren la tranquilidad ciudadana.

Las sanciones establecidas incluyen multas económicas proporcionales a la gravedad de la infracción. Las multas generales oscilan entre 2 y 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que las multas especiales se aplican a organizadores de eventos, infractores urbanísticos y responsables de contaminación visual o acústica. En los casos más graves se contempla la suspensión temporal de la actividad generadora del ruido excesivo.

Responsabilidad de las entidades territoriales

La normativa asigna funciones específicas a los entes territoriales para garantizar el cumplimiento de la política de calidad acústica. Las administraciones municipales y distritales deberán implementar medidas de control del ruido y asegurar la correcta aplicación de la ley en sus respectivas jurisdicciones.

Además, el marco regulador se actualizará para armonizar las distintas disposiciones sobre ruido y vibraciones. Mientras entren en vigor las nuevas regulaciones, se mantendrán vigentes las normas actuales, que deberán interpretarse conforme a la nueva legislación.

Plazos para la implementación de la política acústica

Las entidades responsables tienen un plazo de 12 meses, contados desde la publicación de la ley, para desarrollar la política de calidad acústica. Este proceso deberá incorporar enfoques diferenciales, territoriales e interseccionales, con el fin de abordar las problemáticas del ruido en distintos contextos. Además, se busca garantizar el respeto por los derechos humanos y reducir los conflictos derivados de la contaminación acústica.

Finalmente, la norma determina que para demostrar la perturbación de la tranquilidad por contaminación acústica la autoridad de policía no quedará limitada a constatar que se hayan excedido los indicadores o descriptores acústicos contemplados en las normas. Es decir, la policía podrá realizar “un ejercicio de ponderación de los derechos de las personas que presentan una situación de vulnerabilidad y de indefensión manifiesta y que, por tal hecho, gozan de especial protección constitucional frente a los derechos de quienes en ejercicio de su libertad, en una actividad comercial, abusan de la emisión de ruidos”.