Comisarías de familia deben aplicar enfoque de género y obrar con debida diligencia y responsabilidad.

Según el escrito, la norma ordena gastos que carecen de análisis de impacto fiscal y de un concepto del Ministerio de Hacienda.

Según los ciudadanos, las normas vulneran el derecho fundamental a la igualdad, pues prevé trato injustificado para dos grupos de personas.

Una de las principales razones que aduce el demandante es la prohibición de usar estos recursos en asuntos diferentes del beneficio de sus destinatarios.

Con efectos inter comunis, se protegieron los derechos de todas las personas privadas de la libertad en dichos establecimientos.

Se ordenó a la UARIV emitir un nuevo acto incluyendo a la accionante en el RUV por el hecho victimizante de secuestro.

El resguardo indígena accionado incurrió en un defecto orgánico, pues adelantó el juzgamiento de la desaparición de una mujer.

La norma creó prohibiciones, con el fin de generar austeridad en el gasto de cerca de 2 billones de pesos anuales, según los autores.

Entre otras razones, el demandante sostiene que el cambio subvirtió la regla general de acceso a la función pública.

La demanda se interpone en contra del artículo 80 de la Ley 1617 del 2013.