Falta de actualización de mapas y direcciones puede ser una barrera para acceder a programas de transporte escolar

La Corte Constitucional exhortó a la Secretaría de Educación de Bogotá a revisar los procedimientos que permiten determinar a los potenciales beneficiarios del Programa de Movilidad Escolar, con el fin de garantizar a los menores de edad un acceso digno a educación y procurar su permanencia en los procesos educativos.

En este proceso, advirtió, es necesario verificar las condiciones particulares de los potenciales beneficiarios, específicamente en lo relativo a la distancia que existe entre la residencia de los estudiantes y los centros educativos. Ante la imposibilidad de determinar con exactitud una dirección, se debe acudir a otras iniciativas o acuerdos interinstitucionales para realizar una medición adecuada antes de negar el acceso y evitar decisiones arbitrarias.

Así las cosas, señaló el alto tribunal, ante escenarios de falta de precisión de la dirección, como ocurre en el caso bajo análisis (barrio de Ciudad Bolívar), la entidad correspondiente debe acudir a otro tipo de soluciones y apoyos para evitar negar el acceso a una ayuda de movilidad por causas como falta de actualización de la cartografía oficial, circunstancia que se convierte en barrera y que no debe trasladarse a los menores educandos.

En otras palabras, la falta de actualización de los mapas y direcciones puede culminar en datos imprecisos que luego las secretarías de educación utilizan como base para medir criterios que son determinantes para decidir si se garantiza o no un subsidio a una familia vulnerable. Es importante que la Secretaría de Educación de Bogotá, para el caso concreto, procure la cooperación interinstitucional que facilite el cumplimiento de sus funciones.

La imprecisión de los datos y/o las herramientas utilizadas para medir uno de los criterios establecidos por el Programa de Movilidad Escolar puede traducirse en barreras para las familias que pretenden acceder a alguna de las ayudas que ofrece el mismo, así como poner en riesgo la seguridad de los menores que podrían requerir ayudas de transporte. 

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