El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) formuló a la Sala de Consulta del Consejo de Estado dos interrogantes relacionados con la naturaleza de la mesa de discusión que pretende instalar el Gobierno Nacional dentro del marco de las protestas sociales acaecidas en noviembre del 2019 en diferentes zonas del país y el Consejo de Estado dio a conocer recientemente su respuesta.

En el concepto, Sala de Consulta y Servicio Civil indicó que las conversaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro son una manifestación del derecho a la participación ciudadana y un espacio de deliberación acorde con el principio y el modelo constitucional de democracia participativa.

Así las cosas, los temas que pueden ser tratados son los establecidos en el pliego de peticiones que estén relacionados con los fines del Estado y sean competencia de sus instituciones.

Según el concepto, el Ejecutivo debe procurar implementar los eventuales acuerdos que surjan de este espacio de diálogo, bajo el principio de buena fe. Teniendo en cuenta las facultades de intervención de los demás poderes del Estado, la Sala también señaló que si el Ejecutivo lo considera pertinente podría tramitar ante esas autoridades las peticiones planteadas por las organizaciones civiles (C. P.: Edgar González López).

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