Ordenan mantener medidas de protección a representante legal de ONG

El Consejo de Estado admitió una acción de tutela promovida por el representante legal de una ONG de desplazados y ordenó como medida provisional a la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantener y garantizar las actuales medidas de protección que le fueron concedidas, además de evaluar nuevamente su situación de riesgo y seguridad y adoptar, si es necesario, más medidas.

Según el actor, la ONG que representa hace presencia en 13 municipios de la zona del Catatumbo y se encarga de documentar violaciones de derechos humanos como desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento forzado de menores, secuestro, despojo de tierras y amenazas contra la vida.

Manifestó que, entre el 17 de marzo del 2022 y el 22 de agosto del 2024, ha sido víctima de cuatro atentados contra su vida perpetrados por grupos armados al margen de la ley como el ELN y ha recibido llamadas en las que ha sido amenazado de muerte, ante lo cual, y considerando que no cuenta con un vehículo blindado para desplazarse, interpuso la tutela a fin de que brinden esta y otras medidas de protección.

El alto tribunal consideró que el accionante aportó pruebas que permiten inferir que su vida está en riesgo, por lo que determinó que se reúnen los requisitos fijados por la normativa aplicable para ordenar la medida provisional solicitada. En ese sentido, precisó que, tal como lo ha advertido la Corte Constitucional, es deber inaplazable del Estado salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de los líderes sociales (C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera).

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