Consultoría legal en procesos de internacionalización de empresas

Juan-Felipe Toro-Fernández
LL.M. in International Law – Investments, Trade and Arbitration, Universität Heidelberg – Universidad de Chile
Socio fundador, gerente legal de Kesher Business & Investments

Una consultoría profesional en un proceso de internacionalización de una compañía hacia los mercados internacionales no solo debería realizar un profundo análisis de prefactibilidad de los entornos político, económico, financiero, cultural, geográfico, de infraestructura y logística del mercado objetivo, sino también la revisión de su entorno legal. 

Este análisis de entorno legal le permite a la empresa (i) identificar los principales riesgos legales a los que se enfrenta en su proceso de internacionalización y (ii) le presenta el marco general de las leyes locales que podrán garantizar y proteger sus derechos e intereses económicos como inversionista al momento de realizar un proceso de inversión extranjera directa en ese país, como, por ejemplo, la compra de una compañía local o el establecimiento e incorporación de una empresa nueva (inversión greenfield).

Los abogados que realicen este tipo de consultoría en materia legal deben estar preparados para entender, de manera general, los marcos legales específicos que regulan las prácticas comerciales, la forma como se realizan las transacciones comerciales y los derechos y obligaciones de los principales actores locales gubernamentales o no gubernamentales, que podrían llegar a influir en las operaciones de la empresa en dicho mercado objetivo.

Un análisis de este tipo podría comprender, sin limitarse, a la revisión de los siguientes regímenes legales:

(i) Régimen legal de protección a la inversión extranjera: este análisis busca conocer las principales leyes locales y acuerdos que regulan y protegen las inversiones extranjeras en el país objetivo. Además, abarca varios aspectos importantes como la revisión de los tratados bilaterales y multilaterales suscritos entre el país origen y el país destino que permiten o prohíben inversión extranjera, analizando factores claves como la protección de los derechos de los inversores, incluyendo la compensación por expropiación y la resolución de disputas Inversionista-Estado.

Esta búsqueda también podrá responder si el país destino cuenta con acuerdos internacionales de inversión (AII) o acuerdos para evitar la doble tributación (ADT) suscritos, con el país origen de la inversión.

(ii) Régimen legal de cambios e inversiones internacionales: permite indagar si el país destino está sometido o no a un régimen cambiario, regulatorio y sancionatorio de su Banco Central y si además otorga garantías legales para la transferencia de capitales. El abogado consultor en este frente podrá indagar si existen procedimientos claros y obligaciones de reporte o registro para las diferentes operaciones de cambio sometidas a control cambiario y que deban canalizadas a través del mercado cambiario, tal como ocurre en Colombia (Ley 9 de 1991, Circular Reglamentaria DCIP-83 del 12 de septiembre de 2023).

(iii) Régimen de comercio exterior y aduanas: esta revisión comprende la revisión del conjunto de leyes domésticas que regulan la importación y exportación de bienes a ese país. Incluye el chequeo de procedimientos aduaneros, la aplicación de aranceles e impuestos, así como la verificación de los acuerdos internacionales existentes, y los mecanismos para facilitar y resolver las disputas relacionadas con el comercio exterior.

Un análisis de este tipo también podrá observar si el país destino de inversión, posee regímenes de zonas francas con beneficios fiscales para fomentar la inversión y exportación o si, por ejemplo, cuenta con un régimen de maquila con beneficios similares.

(iv) Régimen legal de asuntos corporativos: abarca las leyes y regulaciones que rigen la formación, operación, administración y disolución de las empresas, así como los distintos vehículos de inversión o principales entidades corporativas que existen dentro del país. Este régimen es crucial para asegurar que la empresa funcione dentro del marco legal en cuanto a la protección del empresario y frente a terceros involucrados: empleados, acreedores y demás grupos de interés.

(v) Régimen tributario: este régimen busca comprender el marco legal que regula el sistema de impuestos y contribuciones fiscales del país destino. Incluye la revisión de los regímenes tributarios existentes como, por ejemplo, la revisión en cuanto a si el país cuenta con un régimen simplificado para pequeñas o medianas empresa, identifica el número de impuestos directos e indirectos existentes, así como la base gravable para cada uno de ellos.

En una reciente consultoría de este tipo, conocimos, por ejemplo, que Paraguay posee una regla muy simple de tributación conocida como la fórmula 10-10-10. Esta fórmula incluye los tres tributos más relevantes que son: el impuesto al valor agregado (IVA) del 10 %, el impuesto a la renta personal (IRP) del 10 % y el impuesto a la renta empresarial (IRE) del 10 %, lo que hace a este país competitivo en términos de atracción de inversiones internacionales.

(vi) Régimen laboral y de la seguridad social: busca identificar si el país tiene una regulación de protección en materia laboral y de seguridad social. Determina la existencia de autoridades regulatorias en materia laboral, así como el marco general de trabajo, los contratos laborales existentes, así como también el régimen de prestaciones sociales, licencias de maternidad, vacaciones, jornada laboral y derechos en caso de despido.

Una consultoría de este tipo, por lo general, también deberá identificar si el país cuenta con un esquema de protección del derecho a la asociación sindical, y los procedimientos legales en casos de conflictos colectivos y cómo estos podrían afectar las inversiones de una empresa en ese país.

Adicionalmente, el abogado asesor en este tipo de consultorías de prefactibilidad de internacionalización deberá observar otros marcos normativos, como, por ejemplo, el régimen de propiedad intelectual destinado a proteger la empresa frente a una eventual transferencia tecnológica o de sus creaciones intelectuales, tales como patentes de invención, secretos industriales o signos distintivos, etc., así como también conocer si el mercado objetivo le ofrece reglas claras de protección frente al consumidor, habeas data o datos personales, así como también temas de responsabilidad ambiental, de contratación pública y de responsabilidad penal para personas jurídicas.

Por último, este análisis legal de prefactibilidad de internacionalización no pretende sustituir o reemplazar una asesoría local en materia legal, ni tampoco servirá como proceso de due diligence legal frente a los activos, operaciones locales o revisión a profundidad de la empresa a adquirir en el país objetivo, ya que simplemente le servirá a la empresa como fuente de información confiable del entorno legal al cuál se enfrentará en su camino hacia la internacionalización. 

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