Regulación y políticas empresariales en inteligencia artificial

José Miguel De la Calle
Socio de Garrigues

La nueva versión de ChatGPT, Chat 4 Turbo, contiene muchos avances respecto de la versión anterior. Fue entrenada con más de 100 billones de parámetros, casi 600 veces más que el ChatGPT 3. La capacidad de absorción de palabras (tókenes) fue duplicada y ahora el sistema quedó habilitado para recibir prompts en imágenes. Cada usuario podrá personalizar o especializar su propio GPT y, a su vez, se abrirá la plataforma para que emprendedores y creativos suban sus propios desarrollos, a la manera de un App Store de inteligencia artificial (IA). La IA generativa impactará, prácticamente, a todas las áreas del conocimiento y a todas las actividades profesionales y comerciales.

Evidentemente, el reto para el Estado de derecho es inmenso, pues –aparejado con el efecto positivo gigantesco que la IA le trae a la humanidad– su llegada representa riesgos para las personas (privacidad, derechos fundamentales) y para los Estados (seguridad nacional, desempleo, entre otros).

En el caso de Colombia, podríamos creer equivocadamente que la llegada en pleno de la IA tomará su tiempo, pero la realidad es que los vasos comunicantes de una economía globalizada hacen que su arribo ya se esté dando a pasos agigantados. Desde la perspectiva del usuario, muchas compañías multinacionales que venden productos y servicios en Colombia ya están aprovechando las ventajas de la IA para toda su actividad comercial a nivel mundial, lo que incluye, por supuesto, a nuestro país. Esto implica, ni más ni menos, que los cientos de miles de usuarios finales de grandes compañías de servicios masivos (operadores de telecomunicación, marketplaces en línea, retails, marcas trasnacionales de sectores industriales o comerciales, plataformas de entretenimiento audiovisual, etc.) están siendo impactados con actividades basadas en IA por vía directa o indirecta. Desde la perspectiva del origen de la IA desde Colombia, aunque en menor medida por ahora, ya es un hecho que en nuestro país se realizan actividades de creación basadas en IA, que terminan impactando usuarios nacionales o extranjeros.

En ese orden de ideas, la necesidad de concebir un marco regulatorio para la gestión adecuada de los riesgos asociada a la IA es actual y no futura. Para ello, naturalmente es preciso tomar como referencia el trabajo que vienen haciendo mancomunadamente la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos en producir una primera reglamentación sobre la materia.

La normativa en mención, por ahora en proyecto, apunta a los siguientes objetivos primordiales:

(i) Hacer una meticulosa lista de usos posibles de la IA para clasificarlos entre: usos prohibidos, usos de alto riesgo, usos de mediano riesgo y usos de bajo riesgo.

(ii) Entre los usos prohibidos estarían, por ejemplo, los que amenazan la seguridad nacional y los derechos fundamentales de las personas (como la puntuación social por parte de gobiernos). Entre los usos de riesgo alto están los relacionados con la administración de justicia, la cirugía asistida por robots, infraestructuras críticas de transporte u otros, las plataformas educativas o los relacionados con la seguridad de productos.

(iii) Establecer obligaciones a los proveedores y a los usuarios de IA de riesgos altos, entre las que se cuenta la realización de evaluaciones de impacto de proyectos, tomando parámetros prestablecidos por las autoridades.

(iv) Establecer sistemas ex ante de evaluación de la conformidad aplicables a los riesgos más elevados.

Ahora bien, independientemente de qué tan rápido se implemente una regulación en nuestro país, los abogados tenemos una tarea inmediata en la que podemos ir ayudando a las empresas, que consiste en el diseño a la medida del usuario o proveedor de IA de políticas internas para una gestión adecuada de la IA. De esta manera, se asegura que el ubicarse a la vanguardia tecnológica no represente un riesgo incontrolado que conlleve daños potenciales a terceros. Por demás, el país debería evaluar oportunidades interesantes como la excepción de minería de datos y textos para promover innovación científica, como lo está trabajando la Unión Europea y Reino Unido.