¿Una reforma a la justicia sin diagnósticos?

María Adelaida Ceballos Bedoya
Directora de la línea de Sistema Judicial en Dejusticia

El señor Ga (cuenta Macedonio Fernández) se sentía muy enfermo. Su médico, sin atinar un diagnóstico, ordenó sucesivamente que le extirparan “los dientes, las amígdalas, el estómago, un riñón, un pulmón, el bazo, el colon”, hasta que el señor Ga no fue más que un pie. “Hay demasiado pie, con razón se siente mal” –dijo, entonces, el doctor–, y lo mandó nuevamente al quirófano. Pienso en este cuento a propósito del proyecto de reforma a la justicia que está promoviendo el gobierno Petro: se trata de un proyecto sin diagnósticos adecuados sobre algunos males de la justicia colombiana y, por eso, como en el caso del señor Ga, corre el riesgo de equivocarse en la cura.

El proyecto de reforma se concentra en cinco ejes que parten de instituciones valiosas, pero que no están enteramente diagnosticadas. Los ejes son: (i) el esclarecimiento de la verdad, (ii) la lucha contra la corrupción, (iii) los enfoques diferenciales en la justicia, (iv) el acceso a la justicia para los grupos tradicionalmente excluidos y (v) la robustez y la eficacia de la justicia. Las brechas de datos y diagnósticos frente a estos ejes son múltiples, pero me limitaré a hablar de tres.

La primera brecha se refiere a la carrera judicial. Aunque el Consejo Superior de la Judicatura reporta periódicamente la proporción de servidores(as) judiciales en carrera, no contamos con información pública y desagregada sobre cómo está funcionando la provisión de cargos. Por ejemplo, ¿cuáles servidores tienen nombramientos provisionales, porque están cubriendo licencias prolongadas o porque la lista de candidatos elegibles del concurso de méritos perdió su vigencia? ¿Cuáles son los municipios (usualmente alejados y violentos) a los que es difícil llevar servidoras en carrera? O la pregunta que me roba las noches: ¿en qué medida la carrera judicial ha contribuido al ingreso y ascenso de juristas de grupos históricamente discriminados?

La segunda brecha tiene que ver con la impunidad. Actualmente, no hay claridad sobre qué entienden la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura por “impunidad”. Tampoco es claro cómo se mide esa categoría y cuáles son los datos que soportan las afirmaciones oficiales sobre el aumento de la impunidad. Ahora bien, es innegable que medir la impunidad implica grandes retos conceptuales y metodológicos, tal como lo han mostrado algunas reflexiones previas de Dejusticia. Pero esos retos son superables si se enfrentan con rigor, y no debieron traducirse en la brecha estadística que tenemos hoy y que dificulta los intentos de reforma.

La tercera brecha se refiere al acceso a la justicia. Si bien existen estudios oficiales sobre necesidades jurídicas, hay datos elementales que no se recogen o no son consistentes dentro del Estado. Por ejemplo, como explicó Carolina Villadiego, las cifras históricas publicadas en el 2022 por la Corte Constitucional sobre acciones de tutela eran significativamente menores (por más de un millón de tutelas) a las cifras del Consejo Superior. Esta disparidad se redujo en el 2023, pero sigue siendo problemática, porque no se conocen sus causas ni las estrategias que se usaron para reducirla. Además, esa disparidad siembra dudas sobre la dimensión real no solo de la congestión judicial causada por las tutelas, sino también de las necesidades jurídicas sobre derechos fundamentales. 

Dejusticia hace parte de la Comisión de Expertos que está acompañando este proyecto de reforma y estamos comprometidos en llevar a la mesa de discusión todo nuestro bagaje institucional en materia de justicia. Parte de ese bagaje consiste, precisamente, en haber estudiado a profundidad por qué los datos adecuados son un prerrequisito para diagnosticar qué está funcionando (y qué no) en el sistema judicial, y, a su turno, qué y cómo debe mejorarse. Irse al quirófano sin un buen diagnóstico difícilmente ayuda a aliviar al paciente enfermo, como nos lo recuerda el caso del dolorido señor Ga. Esperamos que el Gobierno tome en cuenta esta consideración y refine sus diagnósticos en los pasos venideros de la reforma.