Por una justicia más diversa

María Adelaida Ceballos Bedoya
Investigadora de la Línea de Sistema Judicial en Dejusticia

En el primer libro de la Odisea, Penélope ansía dejar de pensar en el destino trágico de su marido, así que le ordena a un músico de palacio que cante tonadas más alegres. Telémaco, su hijo, la reprende diciéndole que regrese a su habitación, porque hablar y ejercer autoridad en público es un asunto de hombres. Esta escena fue escrita hace casi 3.000 años, pero revela un fenómeno que en buena medida sigue vigente: las dificultades de las mujeres para participar en la arena pública. Pongamos la lupa en sus dificultades para acceder a una arena pública concreta como es el Poder Judicial.

Empiezo con algunas cifras. Hoy, la Fiscalía General está encabezada por un hombre y, en toda su historia, solamente ha sido dirigida por una mujer y apenas por un año. En cuanto a la judicatura, las mujeres son minoría (36 %) en los tribunales y los consejos seccionales de la judicatura, así como en el Consejo de Estado (26 %), la Corte Suprema (29 %) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (29 %). Como mostré en una investigación que escribí en Dejusticia con Mauricio García Villegas, estas cifras son amargamente similares a las que teníamos hace décadas. Solo la Corte Constitucional (44 %) y el Consejo Superior de la Judicatura (50 %) tienen mejores porcentajes que en el pasado.

La subrepresentación de las mujeres es especialmente notoria en las listas y selecciones recientes para las altas cortes. Por ejemplo, de las últimas ocho listas de candidatos al Consejo de Estado, siete han tenido una presencia minoritaria (de 40 % o menos) de mujeres, lo cual viola el mandato paritario de la Ley de Cuotas en la conformación de listas. Como secuela de ese desequilibrio, en los últimos meses se han seleccionado seis consejeros hombres en seguidilla (aunque es positivo que uno de ellos, Jorge Edison Portocarrero, sea un jurista afro con trayectoria en el Valle del Cauca). Hay que decir que el déficit de mujeres en los procesos de selección no es exclusivo del Consejo de Estado, sino que es un problema generalizado en nuestras cortes.

Estas cifras son un indicador elocuente de que algo no está marchando bien. Las mujeres siguen encontrando obstáculos para construir redes políticas, para balancear sus responsabilidades profesionales y de cuidado, para participar en los concursos de mérito, para mudarse a Bogotá (donde están las cortes) y un largo etcétera. Además, algunos nominadores parecen pensar, como Schopenhauer, que la vida de las mujeres debe transcurrir “más silenciosa, más insignificante y más dulce que la del hombre” y, por eso, subvaloran las habilidades y trayectorias de las candidatas mujeres.

Pero no solamente las mujeres han encontrado obstáculos para acceder a las altas esferas judiciales. Otras poblaciones (como las personas afro e indígenas, en situación de discapacidad o de regiones periféricas) han estado casi ausentes de las cúpulas judiciales. Así lo explica Daniel Gómez Mazo en su tesis doctoral. De hecho, si tomáramos hoy una fotografía de esas cúpulas, la imagen se parecería muy poco a la composición de la población colombiana. Como he explicado en otras columnas, esta falta de diversidad entraña una amenaza no solo para el derecho a la igualdad, sino también para la legitimidad y la calidad de la justicia.

Es urgente entonces visibilizar y compensar estas desigualdades estructurales, así como conjurar sus riesgos democráticos. Con esa preocupación en mente, en Dejusticia creamos la campaña #JusticiaDiversa, a través de la cual promovemos un poder judicial más diverso e incluyente. Nuestro objetivo es recolectar mejores datos sobre la composición de la justicia, vigilar los procesos de selección judicial, apoyar medidas de acción afirmativa y generar conciencia sobre la importancia de tener una justicia diversa. Les invito a unirse a esta campaña para que consigamos que Penélope (y otros personajes históricamente excluidos como ella) tenga una voz robusta en las decisiones de palacio.